Infante Blog

PRIMER AÑO MARIANO: LOS ESPAÑOLES VIVEN PEOR (I)

Publicado 29 de noviembre 2012

 Ha pasado un año desde de la victoria electoral del Partido Popular, hay cuatro cosas que son evidentes. La primera es que España es más pobre. La segunda es que los españoles están sufriendo como nunca y viven peor. La tercera es que Mariano Rajoy engañó a los españoles, porque hace lo contrario de lo que prometió durante la campaña electoral. Y la cuarta es que lejos de gobernar para los ciudadanos, el Gobierno de Mariano Rajoy trabaja al dictado de unos poderes económicos no democráticos.

Los datos del primer año Mariano para los ciudadanos españoles no pueden ser más sombríos:

• Rajoy se encontró una economía con un crecimiento del 0,7 por ciento del PIB. Hoy la economía española está en recesión con un -1,6 por ciento del PIB interanual.
• La tasa de paro hace un año era del 22,85 por ciento. Hoy, tras una reforma laboral que ha impuesto en España el despido libre, la rebaja de salarios, la perdida de derechos de los trabajadores y la posibilidad por primera vez de realizar despidos colectivos en el sector público, dando a los empresarios un poder absoluto, el paro ha superado el 25 por ciento, lo que significa más de quinientos mil parados más en un año, y subiendo.
• La sanidad en España era pública, universal y gratuita, es decir, un derecho que se obtenía de forma automática. Un año después, quieren privatizar los grandes hospitales públicos; la sanidad ya no es universal, al quedar colectivos excluidos de la misma; ya no es gratuita porque hay que pagar algunos servicios y prestaciones (ahora hay que pagar el transporte sanitario no urgente, las sillas de ruedas, las muletas y otras prótesis externas y más de 400 medicamentos de uso habitual que han quedado excluidos del sistema). La sanidad, de ser un derecho, ha pasado a ser un sistema de aseguramiento.
• Los pensionistas hace un año no pagaban ni un céntimo por las medicinas que les recetaban. Ahora el Gobierno del PP ha impuesto el copago farmacéutico.
• La Ley de Dependencia, incluso con la crisis, sumaba 768.600 beneficiarios y había creado 123.000 nuevos empleos directos y 63.000 indirectos. Un año después, Rajoy ha paralizado la ley, lo que significa que: 400.000 personas que tenían reconocido el derecho a la dependencia lo han perdido por decisión del Gobierno; a 435.000 personas se les ha reducido en un 15 por ciento la cuantía de la prestación; y a 180.000 cuidadores, la mayoría mujeres, se han quedado sin su cotización a la Seguridad Social porque Rajoy las ha suprimido.
• En Educación, solo durante 2012 han recortado el presupuesto en 5.700 millones de euros, lo que ha provocado el despido de más de 40.000 profesores y el aumento del número de alumnos en las aulas; la retirada de ayudas para libros, becas de comedor, transporte escolar; así como la desaparición de la partida presupuestaria para la Educación infantil.
• Hace un año, más de siete de cada diez personas en paro recibía algún tipo de prestación por desempleo. Un año después con Rajoy, la prestación media de desempleo, que era de 865 euros al mes, ha sido reducida en 147 euros; han quitado las prestaciones especiales por desempleo para parados de larga duración entre 45 y 55 años; se ha reducido la cotización a la Seguridad Social de las personas mayores de esa edad, para que tengan menor pensión; y han modificado la renta básica de inserción, para dejar fuera al 90 por ciento de los anteriores perceptores, la mayoría mujeres.

Estos datos demuestran el fraude democrático que se ha producido en España a lo largo de este año. Rajoy ha incumplido el contrato electoral con el que se presentó a las elecciones generales. Y está utilizando el voto de muchos ciudadanos, que confiaron en su palabra, para cambiar el modelo social que nos dimos los españoles al aprobar la Constitución del año 78. Está utilizando una mayoría electoral coyuntural para realizar un cambio estructural, que va en contra de lo que dice el artículo primero, apartado uno, de la Constitución Española: “ España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político” .

Ante semejante situación, que parece no tener visos de cambio a corto plazo, la pregunta que habría que formularse es qué se puede hacer. La respuesta es sencilla, aunque difícil de realizar. Tiene que movilizarse la ciudadanía de manera mayoritaria para exigir un referéndum donde los españoles puedan decir si quieren seguir o no por este camino. Porque a día de hoy nadie, ni el propio Gobierno, tiene legitimidad democrática para hacer lo que está haciendo, porque en su programa electoral dijo que haría todo lo contrario.

Se puede y debe hacer.

Oscar Iglesias

REPAGO EN JUSTICIA

Publicado en Sistema Digital 22 de noviembre de 2012

 La nueva Ley de Tasas Judiciales, aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy, con unas prisas inusitadas, supone colocar una bomba en la línea de flotación del derecho de los españoles a acceder a la justicia en condiciones de igualdad. Otro derribo de un derecho, dentro de la política del PP de acabar con el Estado de Bienestar. A partir de este momento, solo las personas que cuenten con dinero podrán defenderse. Primer ejemplo, una persona afectada por el escándalo de las participaciones preferentes, si ahora quiere demandar por la vía civil a un Banco o Caja para recuperar unos ahorros de 100.000 euros, tendrá que pagar un mínimo de 800 euros y un máximo de 3.800 para que se estudie su caso, dependiendo de si llega hasta el Tribunal Supremo o no.

Es de tal calibre el escándalo, que esta medida de repago judicial cuenta con la oposición de todos los grupos parlamentarios representados en el Congreso y en el Senado salvo el PP; y también de todas las profesiones relacionadas con la Justicia, que han realizado numerosas movilizaciones. Me refiero entre otros a jueces, fiscales, secretarios judiciales, procuradores, abogados.Y a personas nada sospechosas como el Presidente del Consejo General de la Abogacía, que el día 14 de noviembre, declaró que “esta Ley va a consagrar una justicia para ricos y otra para pobres, impidiendo el acceso a la justicia a un gran número deciudadanos”.

Con esta Ley, un Ministro de Justicia que es fiscal, suspende de manera efectiva el artículo 24 de la Constitución en su punto primero, donde dice que “todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión”. Por si alguien considera una exageración este argumento, ¿cómo podemos calificar el hecho de que a partir de ahora si a un ciudadano le ponen una multa de 90 euros y quiere recurrir, este recurso le cueste de entrada 100 euros, es decir, más que la cuantía de la propia multa, cuando antes no tenía ningún coste?

Pero que nadie crea que el PP no sabía que estaba haciendo una Justicia para ricos y otra para pobres, con esta reforma. Lo sabía, y por ese motivo intenta en el preámbulo de la ley justificar lo injustificable, cuando dice que “el derecho a la tutela judicial efectiva no debe ser confundido con el derecho a la justicia gratuita. Se trata de dos realidades jurídicas diferentes. Desde el momento en que la Constitución encomienda al legislador la regulación del alcance de esta última, está reconociendo que el ciudadano puede pagar por los servicios que recibe de la Administración de Justicia”. Pero, ¿a quién defiende el Gobierno del PP, cuando por ejemplo en las demandas para reclamar cantidades en un accidente de tráfico, a los ciudadanos afectados para recurrir en apelación se les exige 6.000 euros, otros 6.000 euros en casación y las tasas al final del proceso pueden llegar a sumar hasta 20.000 euros? La respuesta es sencilla, beneficia a los poderosos y perjudica a los ciudadanos de a pie que no cuentan con tantos recursos, es decir, a la mayoría de los españoles.

Es evidente que esta Ley obstaculiza e impide el acceso a la Justicia en condiciones de igualdad a un número mayoritario de españoles. Pero al Gobierno le da igual, y dice, nuevamente en el preámbulo, sin pudor que “la Ley pone todo el cuidado en que la regulación de la «tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social» no afecte al derecho a acceder a la justicia…”. ¿Se refiere a que la subida de las tasas judiciales, que oscila entre 50 y 1.250 euros, puede traducirse en algunos procesos judiciales en un incremento de miles de euros para los afectados? O, a que si a una persona le ponen una multa de 100 euros, si quiere recurrir, tiene que abonar 200 euros. O a que recurrir un despido ahora tendrá coste en tasas que antes no tenía.

Esta Ley, profundiza en el camino de la desigualdad en España y deja indefensos y desprotegidos a las personas de a pie y a los más vulnerables. Es evidente, que Mariano Rajoy y Gallardón gobiernan para los poderosos y los ciudadanos con mayor poder adquisitivo. No pueden decir lo mismo, por ejemplo, las mujeres victimas de maltrato. Como ha denunciado la presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, las nuevas tasas judiciales serán “un freno” y “un obstáculo” para que las mujeres víctimas de violencia machista denuncien sus casos ante el Juzgado.

Hemos perdido un derecho, pero podemos cambiar esta situación y esta Ley participando, movilizándonos y mandando a la oposición a este Gobierno. Depende de ti.

Oscar Iglesias

VUELVE LA POLÍTICA

Públicado en Sistema Digital el 15 de noviembre de 2012

 De manera incipiente, pero imparable, la política ha vuelto, y va a combatir al poder financiero. La lucha será dura y prolongada, aumentarán las amenazas y el sufrimiento, habrá juego sucio desde algunos medios de comunicación al servicio de las cuentas de resultados, caerán algunos Gobiernos, pero en frente saben que hay una fuerza invencible que está formado por una ciudadanía cada vez más activa.

Sí, aunque han hecho todo lo posible para evitarlo, está ocurriendo. La arrogancia y los excesos cometidos por el poder financiero y por unos Gobiernos que solo ven sueños de estabilidad en el sacrificio de sus ciudadanos, han despertado a unos hombres y mujeres que quieren hacer realidad en sus vidas su aspiración de bienestar y libertad.

La codicia de los poderes no democráticos, que parasitan la democracia a su favor, decidió aprovechar la crisis como excusa para destruir el acuerdo de bienestar que se produjo tras la Segunda Guerra Mundial. La escena se ha ido repitiendo a lo largo y ancho de Europa, con las políticas de recorte de derechos que llevan a cabo unos gobiernos que, aún elegidos por los votos de los ciudadanos, obedecen de manera servil al poder financiero.

Para conseguir sus fines han provocando y provocan miedo, desesperación y angustia en sociedades muy fragmentadas, donde creían que la individualización de la población les llevaría a una sumisión y a una resignación que pretenden vender como algo inevitable. Ya conocen las frases: “vivíamos por encima de nuestras posibilidades”, “el Estado de Bienestar es insostenible”, “la sanidad pública, gratuita y universal es cara y no se puede mantener”, “las pensiones son un lujo y suponen mucho gasto en el presupuesto”… Y junto a ellas, hay que ser pacientes porque este es el único camino posible.

Pues bien, cada vez más ciudadanos han decidido que ya basta, que hay que dar otra respuesta a la crisis, que los Gobiernos que ellos han elegido en las urnas están a su servicio, y si no que se vayan. Y para ello, se han reencontrado con algo tan moderno y clásico como la movilización. Han vuelto a ser conscientes que la soberanía está en ellos, que son ellos los que deciden qué modelo de sociedad quieren.

Los retrocesos sociales, políticos y económicos que vienen realizándose en materias que la ciudadanía consideraba que eran derechos ya conquistados, han sido la raíz de un malestar cada vez más amplio, y el reflejo del desarrollo incompleto que existe en el funcionamiento de la democracia. Por ese motivo, se demanda más democracia ante las nuevas necesidades ciudadanas y ante las transformaciones sociales, económicas y políticas que se van produciendo en nuestras sociedades.

Hay que llevar a cabo un proceso de redefinición de la democracia para que siga existiendo en las sociedades del siglo XXI. Y esa evolución democrática, que ha de hacerse con la participación activa de los ciudadanos, en las instituciones y también en la calle, tiene que:

1.-Partir de superar el modelo neoliberal de capitalismo financiero y el riesgo de exclusión que produce.

2.- Avanzar, desde el punto de vista práctico, en medidas concretas que posibiliten nuevos desarrollos democráticos que conduzcan a mayores niveles de igualdad entre los ciudadanos a nivel global.

3.- Y llevar, enlazando con Marshall, a una nueva fase de expansión de la ciudadanía, que haga efectiva una ciudadanía económica.

Todo lo anterior, enmarcado en un contexto donde el aumento de las desigualdades, provocado por el tránsito de una sociedad industrial a una sociedad tecnológica globalizada, puede llegar a ser la causa del colapso de los sistemas democráticos.

Viendo a esta ciudadanía cada vez más movilizada hay esperanza de más democracia y más igualdad, porque se algo nos ha enseñado la historia es que cuanto más democracia más igualdad y cuando más igualdad más democracia.

Oscar Iglesias

Ayer, desde el Grupo Parlamentario Socialista propusimos modificar la  Ley Electoral de Madrid para que las primarias, los debates y cumplir el programa electoral se obligatorio. EL PP VOTO EN CONTRA Y POR TANTO RECHAZÓ LA MODIFICACIÓN. CONTINUAREMOS TRABAJANDO

Proposición de ley de modificación de la Ley  Electoral de la Comunidad de Madrid
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Garantizar  y favorecer la participación de los ciudadanos en los procesos electorales para que elijan a sus representantes es fundamental en toda sociedad democrática. Para hacer efectiva esta participación, con las mayores garantías de información antes de que se produzca el voto, y con el fin de que la calidad democrática aumente con el cumplimiento de lo que los distintos partidos políticos o agrupaciones de electores plantean a los ciudadanos a través de sus programas electorales, se plantea la necesidad de reformar la ley 11/1986, de 16 de diciembre, Electoral de la Comunidad de Madrid.

Se propone establecer unos criterios homogéneos de mayor participación con la celebración de elecciones primarias dentro de los partidos políticos a la hora de elegir a los número uno de cada candidatura. Para ello, en la Sección segunda, Presentación y proclamación de candidatos, se incluye en el artículo 10 un nuevo apartado tercero donde se establece la obligación de celebrar primarias y certificar su realización y el nombre del candidato elegido.

Para que exista un mayor conocimiento por parte de los ciudadanos de cuáles son las propuestas de cada una de las candidaturas, en la Sección cuarta, Utilización de medios de comunicación de titularidad pública para la campaña electoral, se incluye un nuevo artículo, que sería el 14, donde se establece la obligación de realizar cuatro debates, preferentemente en los medios de comunicación de titularidad pública, por parte de los cabeza de lista con representación parlamentaria, dos en radio y dos en televisión. Al mismo tiempo que se fija la realización en esos mismos medios de debates sectoriales.

Por último, se hace necesario garantizar a los ciudadanos que las propuestas que les han llevado a decantar su voto por una determinada fuerza política se cumplen. Con esta finalidad, se crea una nueva sección, que será la quinta, bajo la denominación de Cumplimiento legal del programa electoral, que establece en un nuevo artículo 15 la obligación legal de cumplir el programa electoral, el tener que presentar el Programa Electoral en el registro de la Asamblea de Madrid antes del inicio de la campaña electoral, y crea un reglamento donde se fijarán los procedimientos a seguir y las sanciones.

Todas estas modificaciones serán de aplicación en las próximas elecciones a celebrar en la Asamblea de Madrid, para lo cual se incluye una disposición final cuarta que así lo precisa.
ARTÍCULO ÚNICO. Modificación de la Ley Electoral de la Comunidad de Madrid.

Uno.

Se modifica el artículo 10 de la ley Electoral de la Comunidad de Madrid que queda redactado de la siguiente forma:

Sección 2ª,
PRESENTACIÓN Y PROCLAMACIÓN DE CANDIDATOS

Artículo 10.
 
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 de la presente Ley, la Junta Electoral competente para todas las operaciones previstas en el Título I, Capítulo VI, Sección II, de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, es la Junta Electoral Provincial de Madrid.
 
2. Cada candidatura se presentará mediante listas de candidatos, que deberán incluir tantos candidatos como Diputados a elegir y, además, debe incluir tres candidatos suplentes, con la expresión del orden de colocación de todos ellos.

3. El candidato o candidata número uno de cada candidatura deberá ser elegido en un proceso de primarias dentro de cada partido político o en su caso de la agrupación de electores que se presenten. Los partidos políticos y las agrupaciones de electores  que pretendan concurrir al proceso electoral deberán certificar ante la Junta Electoral Provincial de Madrid la celebración del proceso de primarias para la elección del número uno de sus candidaturas y el candidato o candidata elegido. La no celebración del proceso de primarias o su no certificación ante la Junta Electoral Provincial de Madrid será motivo de no proclamación de la candidatura.
 
4. Para presentar candidaturas, las agrupaciones de electores necesitarán, al menos, la firma del 0,5 por 100 de los electores inscritos en el censo electoral de la circunscripción. Cada elector sólo podrá apoyar una agrupación electoral.
 
5. Las candidaturas presentadas y las que resulten proclamadas se publicarán en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid en la forma y plazos señalados en los preceptos de Ley Orgánica de Régimen Electoral General mencionados en el número 1 de este artículo.
 
Dos.
Se modifica la Sección 4ª de la ley Electoral de la Comunidad de Madrid al incluir un nuevo artículo que sería el 14, y queda redactado de la siguiente forma:

SECCIÓN 4ª, UTILIZACIÓN DE MEDIOS
DE COMUNICACIÓN DE TITULARIDAD PÚBLICA
PARA LA CAMPAÑA ELECTORAL
 
Artículo 12.
 
La utilización de medios de comunicación social de titularidad pública, para la campaña electoral, se regirá por lo dispuesto en la Sección VI del Capítulo VI del Título I de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, con las particularidades, en su caso, señaladas en el artículo siguiente.
 
Artículo 13.
 
1. Si se produce el supuesto previsto en el artículo 65.6 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, la Junta Electoral Provincial de Madrid tendrá las competencias que el mencionado artículo 65 atribuye a la Junta Electoral Central, así como la dirección de la Comisión de Radio y Televisión, a que se refiere el número siguiente, y la designación de su Presidente entre sus miembros.
 
2. La Comisión de Radio y Televisión, que será competente para proponer la distribución de los espacios gratuitos de propaganda electoral, estará integrada por un representante de cada partido, federación o coalición que, concurriendo a las elecciones convocadas, cuente con representación en la Asamblea. Dichos representantes votarán ponderadamente de acuerdo con la composición de la Asamblea.
 
3. La distribución de tiempo gratuito de propaganda electoral en cada medio de comunicación de titularidad pública se efectúa conforme al siguiente baremo:
a) Diez minutos para los partidos, federaciones, coaliciones y agrupaciones que cuenten con un número de Diputados inferior a tres, en la última composición de la Asamblea de Madrid anterior a su disolución.
En este apartado se incluirán también aquellos partidos, federaciones, coaliciones y agrupaciones que no concurrieron o no obtuvieron representación en las anteriores elecciones.
b) Veinte minutos para los partidos, federaciones, coaliciones y agrupaciones que cuenten con un número entre tres y veinte Diputados en la última composición de la Asamblea de Madrid anterior a su disolución, o que hubieran alcanzado entre el 5 por 100 y el 20 por 100 del total de los votos válidos emitidos en las anteriores elecciones a la Asamblea.
c) Treinta minutos para los partidos, federaciones, coaliciones y agrupaciones que cuenten con un número de Diputados superior a veinte en la última composición de la Asamblea de Madrid, o que hubieren alcanzado más de un 20 por 100 del total de los votos válidos emitidos en las anteriores elecciones a la Asamblea.
 
4. El derecho a los tiempos de emisión gratuita sólo podrá corresponder a aquellos partidos, federaciones o coaliciones que, habiendo presentado candidaturas, resultasen proclamadas.
 
5. Para la determinación del momento y el orden de emisión de los espacios de propaganda electoral a que tienen derecho todos los partidos, federaciones, coaliciones y agrupaciones que se presenten a las elecciones, la Junta Electoral Provincial de Madrid tendrá en cuenta las preferencias de los partidos, federaciones, coaliciones y agrupaciones en función del número de votos que obtuvieron en las anteriores elecciones a Diputados de la Asamblea de Madrid.

Artículo 14 (nuevo)

 1. Durante el desarrollo de la campaña electoral los números uno de cada una de las candidaturas con representación parlamentaria realizarán cuatro debates, preferentemente en los medios de comunicación de titularidad pública. Dos de ellos en radio y dos en Televisión. En el caso de los debates en Televisión, estos se realizarán los dos jueves anteriores al día de la votación, en horario de máxima audiencia.
 
2. Durante la campaña electoral también se realizarán debates sectoriales preferentemente en los medios de comunicación de titularidad pública.
 
Tres.

Se incluye una nueva sección en la ley Electoral de la Comunidad de Madrid, que sería la 5ª y quedaría redactada de la siguiente forma con un nuevo artículo 15 en su interior:

NUEVA SECCIÓN 5ª, CUMPLIMIENTO LEGAL DEL PROGRAMA ELECTORAL

Artículo 15 (nuevo)

1. Se establece la obligación legal de cumplir el programa electoral con el que cada una de las candidaturas se presenta al proceso electoral.

2. Cada una de las candidaturas que se han proclamado para el proceso electoral de la Comunidad de Madrid deberá presentar una copia  de su programa electoral en el registro de la Asamblea de Madrid antes del inicia de la campaña electoral.

3. Un reglamento, a desarrollar en el plazo máximo de seis meses, fijará los procedimientos a seguir y las sanciones que acarreará el incumplimiento del programa electoral.  
DISPOSICIÓN FINAL CUARTA

Se incluye una nueva disposición final cuarta, que queda redactada de la siguiente forma:

DISPOSICIÓN FINAL CUARTA (NUEVA)

Lo dispuesto en cuanto a la realización de elecciones primarias para elegir a los números uno de cada lista de candidatura, la realización de debates y el cumplimiento legal del Programa Electoral se aplicará a partir de las primeras elecciones que a la Asamblea de Madrid se celebren.

59 medidas para aumentar la transparencia, el buen gobierno y la profundización democrática 

Hemos presentado esta moción desde el Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de MAdrid para su discusión el jueves que viene en elPleno. ¿A ver que hace el PP?

En la sociedad madrileña y española se está produciendo una marcada tendencia de pérdida de confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas junto con un vertiginoso desprestigio de la actividad política y de sus representantes.

Ante esta realidad, y bajo la premisa de que la política es una actividad de la que no se puede prescindir, porque la política es una preocupación de hombres libres y su existencia es una prueba de libertad, el Grupo Parlamentario Socialista considera que hay que profundizar en materia de calidad y avance democrático en la sociedad en su conjunto. Para mejorar el funcionamiento de la democracia hay que avanzar  en transparencia política y administrativa a través del acceso a la información y el buen gobierno.

La información pública y el acceso a la información gubernamental, es un derecho constitucional de los ciudadanos que refuerza la democracia y nace de la naturaleza representativa de los gobiernos. Que las administraciones tengan la obligación de publicar y dar a conocer la información sobre sus actividades y la documentación que la sustenta; y que los ciudadanos puedan solicitar a los funcionarios públicos cualquier información y recibir una respuesta satisfactoria, es una cambio fundamental para profundizar en la democracia, conseguir instituciones públicas transparentes y fomentar la participación ciudadana en la toma de decisiones, en el control y evaluación de los gobiernos y en la lucha contra la corrupción, la ineficacia y la mala gestión.

Es urgente y necesario mejorar la conexión entre electores y elegidos, representantes y representados, en definitiva, entre políticos y ciudadanos. Lo que lleva a entrar en una nueva fase de avance democrático, que pasa entre otras cuestiones por adoptar y modificar toda una serie de reglas en nuestros usos y procedimientos parlamentarios, en usos y procedimientos en las administraciones públicas para que funcionen mejor y de manera más transparente y abierta a la ciudadanía.

 
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta para su debate en el Pleno de la Asamblea de Madrid la siguiente:

MOCIÓN
La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid y a la propia Asamblea a llevar a cabo cuantas modificaciones legislativas o reglamentarias sean necesarias para:
 
1. Satisfacer las demandas de transparencia, decencia democrática y ética que la sociedad madrileña exige.

2. Establecer la obligación legal de cumplir el programa electoral con el que cada una de las candidaturas se presenta al proceso electoral. Su incumplimiento podrá ser llevado ante los tribunales y provocar la inhabilitación de los miembros del Consejo de Gobierno.

3. Cada una de las candidaturas que se hayan proclamado para el proceso electoral de la Comunidad de Madrid presentarán una copia de su programa electoral en el registro de la Asamblea de Madrid antes del inicio de la campaña electoral.

4. Obligación de celebrar primarias y certificar su realización y el nombre del candidato elegido. El candidato o candidata número uno de cada candidatura deberá ser elegido en un proceso de primarias dentro de cada partido político o en su caso de la agrupación de electores que se presenten. Los partidos políticos y las agrupaciones de electores  que pretendan concurrir al proceso electoral deberán certificar ante la Junta Electoral Provincial de Madrid la celebración del proceso de primarias para la elección del número uno de sus candidaturas y el candidato o candidata elegido. La no celebración del proceso de primarias o su no certificación ante la Junta Electoral Provincial de Madrid será motivo de no proclamación de la candidatura.

5. Establecer la obligatoriedad legal de rendición y publicación on line de las cuentas de los partidos políticos, y cualquier organización que reciba dinero público.

6. Debates en Campaña Electoral. Durante el desarrollo de la campaña electoral los números uno de cada una de las candidaturas con representación parlamentaria realizarán cuatro debates, preferentemente en los medios de comunicación de titularidad pública. Dos de ellos en radio y dos en Televisión. En el caso de los debates en Televisión, éstos se realizarán los dos jueves anteriores al día de la votación, en horario de máxima audiencia.

7. Realización de debates sectoriales. Durante la campaña electoral también se realizarán debates sectoriales preferentemente en los medios de comunicación de titularidad pública.

 
8. Blindar derechos y servicios públicos. Modificación del Estatuto de la Comunidad Autónoma de Madrid para garantizar los derechos y servicios públicos a todos los ciudadanos. Dentro de este apartado establecer las modificaciones estatutarias y legales necesarias para que el Canal de Isabel II, la empresa Metro de Madrid y RTVM sean empresas siempre de titularidad y gestión pública.

9. Garantía Constitucional de derechos y servicios públicos.  Instar a las Instituciones del Estado para que los derechos y servicios públicos queden garantizados constitucionalmente.

10. Realizar dos plenos semanales en la Asamblea de Madrid. Una de las sesiones se dedicará a la sustanciación de iniciativas de información y de control de la acción del Gobierno regional, mientras que en otra sesión distinta se incluirán las iniciativas de impulso y las de carácter legislativo. Ambas sesiones tendrán comienzo a las 9 horas del día fijado para las mismas.

11. Realizar Plenos ciudadanos. En un día a determinar, de la última semana de cada mes, se celebrará el Pleno Ciudadano con las iniciativas que los ciudadanos o distintos colectivos hayan presentado y con su intervención en el Pleno de la Asamblea de Madrid.

12. Garantizar la comparecencia del presidente del Gobierno en el Pleno de la Asamblea de Madrid a solicitud de los Grupos Parlamentarios, para informar sobre un asunto determinado de su competencia.

13.  Cumplimiento del derecho de los parlamentarios a visitar dependencias administrativas o centros públicos dependientes de la administración autonómica, sin restricciones.

14. Celebración de un pleno monográfico en la última semana de cada mes dentro de los periodos de sesiones. Durante la última semana completa de cada mes se celebrará un pleno monográfico. El tema a debatir en el pleno monográfico será propuesto en cada ocasión por un grupo parlamentario de la Asamblea de Madrid, comenzando con la propuesta del grupo parlamentario de menor a mayor representación en el Parlamento.

15. Retransmisión de los Plenos de la Asamblea de Madrid. El Pleno de la Asamblea de Madrid será retransmitido en directo a través de la Radio Televisión Pública Madrileña.

16. Facilitar la constitución de Comisiones de investigación en la Asamblea de Madrid. La Asamblea de Madrid, a propuesta de un Grupo Parlamentario o de la décima parte de los miembros de la Cámara, puede acordar la creación de una Comisión de Investigación sobre cualquier asunto de interés público. Calificada la solicitud por la Mesa, se ordenará su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. Transcurridos siete días desde la fecha de la publicación sin que ningún Grupo parlamentario manifieste su oposición, se entenderá creada la Comisión solicitada. Si algún Grupo parlamentario manifestase su oposición a la creación de

 
la Comisión, el Pleno decidirá tras un debate de los de totalidad, rechazándose su creación si se oponen tres quintos de los miembros de la Cámara.

La Asamblea de Madrid creará una Comisión de Investigación de manera obligatoria cuando lo solicite una tercera parte de los Diputados o dos Grupos parlamentarios, en el plazo máximo de siete días; los proponentes solo pueden presentar una propuesta vinculante cada año. El desarrollo de las Comisiones de Investigación será retransmitido en directo a través de la Radio Televisión Pública Madrileña.

17. Dar Publicidad de la declaración de actividades, bienes e intereses de los diputados de la Asamblea de Madrid, junto a la declaración de la renta y patrimonio en su caso. Estas declaraciones se publicarán en la página web de la Asamblea de Madrid y en el Boletín de la Asamblea de Madrid.

18. Publicidad del registro de actividades, bienes e intereses patrimoniales de los altos cargos del gobierno autonómico, y de las empresas, organismos y entes públicos. Modificar la Ley 14/1995, de 21 de abril, reguladora de las Incompatibilidades de los Altos Cargos de la Comunidad de Madrid, con el fin de hacer pública la declaración de las actividades, bienes y derechos que se posean y copia de la última declaración tributaria correspondiente al impuesto sobre la renta de las personas físicas y del impuesto extraordinario sobre el patrimonio, de los altos cargos de la Comunidad de Madrid. El contenido de las declaraciones inscritas en los Registros se publicará en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y estará disponible en la sede electrónica de la Comunidad de Madrid.

19.  Cuatro años de incompatibilidad. Durante los cuatro años siguientes a la fecha de su cese, los Altos Cargos no podrán realizar actividades privadas relacionadas con expedientes sobre los que hayan dictado resolución en el ejercicio del cargo.

20.  Transparencia en el régimen de incompatibilidades. Para asegurar la transparencia en el control del régimen de incompatibilidades, el Consejero de Hacienda informará, en cada período de sesiones, a la Comisión de Estatuto de Autonomía, Reglamento y Estatuto del Diputado de la Asamblea de Madrid del grado de cumplimiento de las obligaciones de declarar.

21.  Incompatibilidad  de los cargos en el gobierno y ser diputado. Únicamente el Presidente, el o los Vicepresidentes y los Consejeros del Gobierno de la Comunidad de Madrid podrán compatibilizar el desempeño de su cargo con el de Diputado de la Asamblea de Madrid.

22.  Establecer un Código Ético del diputado para garantiza la transparencia pública.

23.  Formular una nueva causa de pérdida de la condición de diputado vinculada a la indignidad política, cuando se esté inmerso en un proceso penal en el que se haya impuesto al procesado una fianza.

24.  Incluir enero y julio en el periodo ordinario de sesiones. La Asamblea se reunirá en dos períodos de sesiones ordinarias, comprendidos entre septiembre y diciembre, el primero, y entre enero y julio, el segundo.

25.  Comparecencia en la Comisión del Estatuto de Autonomía, Reglamento y Estatuto del Diputado de la Asamblea de Madrid de todos los miembros del Consejo de Gobierno y Altos Cargos de la Administración,  organismos y entes, antes de su nombramiento.

26.  Rendición de cuentas del Presidente de la Comunidad de Madrid ante el Senado. Una vez al año el Presidente de la Comunidad de Madrid solicitará comparecer en el Senado para informar de las políticas realizadas durante el último año en la Comunidad de Madrid. Dicha comparecencia será retransmitida en directo a través de la Radio Televisión Pública Madrileña.

27. Rendición de cuentas anual en el mes de julio de los miembros del Consejo de Gobierno. En este mes cada uno de los miembros del  Consejo de gobierno comparecerá en un pleno extraordinario que solo tendrá como único punto del orden del día dar cuenta de las actuaciones realizadas por esa Consejería durante el último año.

28.  Comparecencia de los miembros del Consejo de Gobierno, altos cargos del gobierno autonómico, empresas públicas, organismos y entes de la administración autonómica en las Comisiones de la Asamblea de Madrid cuando así lo requieran los distintos grupos parlamentarios.

29.  Voto telemático. En los casos de embarazo, maternidad, paternidad o enfermedad grave en que, por impedir el desempeño de la función parlamentaria y atendidas las especiales circunstancias se considere suficientemente justificado, la Mesa de la Cámara podrá autorizar en escrito motivado que los Diputados emitan su voto por procedimiento telemático con comprobación personal, en las sesiones plenarias en aquellas votaciones que, por no ser susceptibles de fragmentación o modificación, sea previsible el modo y el momento en que se llevarán a cabo.

30.  Preguntas de máxima actualidad. En cada sesión plenaria podrá sustanciarse hasta un máximo de dos preguntas por grupo parlamentario que tengan por objeto cuestiones o temas de máxima actualidad. Las citadas preguntas, tendrán como hora límite de presentación las dieciséis horas del miércoles de la misma semana en que haya de celebrarse sesión plenaria.

31.  Permitir la Presentación de interpelaciones urgentes.

32. Preguntas de iniciativa ciudadana. Los madrileños y el resto de los ciudadanos residentes en Madrid, o las personas jurídicas con domicilio o establecimiento permanente en la Comunidad Autónoma, podrán formular preguntas para su respuesta oral al Consejo de Gobierno o a cada uno de sus miembros.

33. Modificar la ley de iniciativa legislativa popular y de los Ayuntamientos de Madrid, Ley 6/1986, de 25 de junio, para fortalecer la participación en vía parlamentaria. Para lo cual: a) Se reduce el número de firmas necesarias para la presentación de una iniciativa legislativa popular de 50.000 a 40.000;b) Se facilita el sistema de firma electrónica para su recogida y la publicidad en la página web de la Asamblea de Madrid; c) Se incrementa el plazo establecido actualmente para la recogida de estas firmas de 3 a 6 meses; d) Un portavoz de la Iniciativa Legislativa Popular o Iniciativa Legislativa de loa Ayuntamientos la defenderá en el pleno de la Asamblea de Madrid. Se especifica en el escrito de presentación quien será el portavoz.

34. Regular mediante una ley la participación ciudadana en los procesos legislativos.

35. Avanzar hacia un Gobierno Abierto y transparente. Realizar las modificaciones legislativas pertinentes para que la Asamblea de Madrid pueda fiscalizar el presupuesto de la Comunidad de Madrid en su totalidad. Y promover fórmulas que permitan y mejoren la accesibilidad de los ciudadanos a la información que les pueda resultar de interés.

36.  Aprobar una Ley de Transparencia  y acceso a los ciudadanos a la información pública en el ámbito de la Comunidad de Madrid.

37.  Informar permanentemente a los ciudadanos del coste real de los servicios públicos y del coste del mantenimiento de las instalaciones públicas.

38. Creación de un Portal autonómico de transparencia pública, que facilite la información de manera sencilla y directa.

39.  Aprobar una Ley que regule las campañas institucionales de publicidad y comunicación que realicen las administraciones públicas en el ámbito de la Comunidad de Madrid y las empresas, ente, organismos dependientes de la administración pública. Esta ley  prohibirá aquellas campañas que tengan por finalidad destacar posibles logros del gobierno y establecerá la obligación de enviar a la Asamblea de Madrid un informe detallado cada seis meses con todas las campañas realizadas, costes, medios en los que se han realizado, etc.

40.  La Administración de la Comunidad de Madrid, las entidades que la integran, organismos autónomos, entidades públicas empresariales, universidades públicas, agencias, entes públicos y cualquiera entidad de derecho público con personalidad jurídica propia vinculada al sector público de la Comunidad de Madrid, incluidas las Sociedades Mercantiles en cuyo capital social participe ésta directa o indirectamente de manera superior al 50 por ciento, publicarán una vez formalizados, y en el plazo máximo de tres días, todo contrato que realice. Y junto al mismo un resumen sucinto de las ofertas que hayan participado en concurrencia competitiva con el citado contrato.

41.  Acceso público y por internet de cualquier ciudadano al Registro de Contratos de la Comunidad de Madrid

42.  Establecer la denominada “huella legislativa”, que consiste en la obligación de publicar toda decisión o actuación que implique la adopción de leyes u otras disposiciones que adopten los poderes públicos, fundamentalmente si las decisiones comportan gasto. Afectará a los poderes legislativo, ejecutivo y a la Administración, y se referirá particularmente a cuestiones de personal, remuneraciones, contratos públicos de las Administraciones, subvenciones, urbanismo y gestión patrimonial.

43.  Modificar el Reglamento General de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid para variar la composición de las Juntas de Contratación, para dar acceso en las mismas a interlocutores sociales y a representantes designados por los grupos parlamentarios.  

44. Publicación con acceso a todos los ciudadanos a través de internet de los contratos menores y de las subvenciones realizadas por el Gobierno de la Comunidad de Madrid, organismos, entes y empresas públicas.

45. Establecer la figura de la Declaración de Impacto Democrático. Compromiso de realizar la misma transparencia que exista en el sector público para todos aquellos que accedan a concesiones del sector público.

46. Creación del Consejo de Política Territorial, con la participación de municipios, universidades, empresarios, sindicatos y asociaciones y colegios profesionales del sector, cuya labor será asegurar la consideración y valoración de las políticas públicas correspondientes a la ordenación del territorio y el urbanismo.

47.  Promover la participación ciudadana en la elaboración y conocimiento del planeamiento territorial y urbano, introduciendo las medidas legislativas necesarias que aseguren:

a. Fortalecer la ética asociada a la defensa de los bienes públicos recuperando la intervención colectiva sobre la construcción de las ciudades.
b. Abrir espacios para las decisiones compartidas entre los ciudadanos y  las Administraciones Públicas.
c. Diferenciar el derecho a la iniciativa privada del de la participación ciudadana, con el fin de hacer transparentes los procesos de planificación urbanística.
d. Favorecer el acceso a la información urbanística, mediante “Guías de Buenas Practicas”, que hagan llegar la información al ciudadano de manera accesible.
e. Promover foros de concertación social durante el proceso del planeamiento, incorporando dinámicas participativas que fomenten los procesos de debate y consulta directa de los ciudadanos en la elaboración del planeamiento urbanístico, enterrando la vieja concepción de que el urbanismo es el resultado de una negociación entre propietarios, administraciones y profesionales para repartir valores del suelo.

48. Impulsar medidas de lucha contra la corrupción y el transfuguismo.

49.  Enviar cada seis meses a la Asamblea de Madrid toda la información sobre los gastos de representación e indemnizaciones de los altos cargos del gobierno y directivos de los organismos, entes y empresas públicas de la Administración Autonómica.

50.  Establecer sanciones ante el incumplimiento del Gobierno Autonómico del deber de trasladar en los plazos legales la información solicitada por los distintos Grupos Parlamentarios.

51. Presentar un Código de buenas prácticas para el ejercicio de la actividad legislativa y de la gestión de la administración de la Comunidad de Madrid.

52. Reforzar la fiscalización y control parlamentario de las empresas públicas, entes y organismos estableciendo la comparecencia semestral de oficio de los presidentes de las mismas.

53. Promover una ley de Participación Ciudadana a efectos de mejorar los cauces de participación de los ciudadanos.

54.  Supresión de la ley de acompañamiento para evitar que sigan siendo utilizadas para modificar otras leyes sin debate.

55. Realizar un Plan Estratégico de racionalización del gasto corriente, teniendo en consideración criterios medioambientales de eficiencia y ahorro energético.

56. Realizar un Plan Integral de racionalización Administrativa.

57. Llevar a cabo un Plan de Lucha contra el Fraude Fiscal.

58. Poner límites a la concentración empresarial en los medios de comunicación con medidas antimonopolio y condicionales (por ejemplo, sobre la publicidad y los derechos de retransmisión). Aplicar una legislación en materia de competencia que garantice un razonable grado de competitividad, y de pluralidad y que permita el acceso al mercado de nuevos competidores.

59. Mantener y desarrollar un sector público en los medios de comunicación social, asumiendo que se trata de un pilar fundamental para preservar y promover el pluralismo de los medios de comunicación, el diálogo democrático, y el acceso de todos los ciudadanos a unos contenidos de calidad. Los medios públicos no puede quedar relegados, tienen que ser competitivos. Tienen que ser públicos, no gubernamentales. Para conseguirlo, hay que aumentar sus recursos y contar con un conjunto de profesionales de alto nivel que permitan un trabajo de gran valor productivo pero también cívico. Los medios de comunicación de servicio público necesitan una financiación adecuada y a largo plazo que les permita ofrecer contenidos culturales e informativos de calidad.

OTRA VEZ FLORIDA

Publicado 8 noviembre 2012.

 Cuando todavía se está celebrando la victoria de Obama en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, y resuena dentro de su discurso de la noche electoral el “sabemos, desde el fondo de nuestros corazones, que, para los Estados Unidos de América, lo mejor está por llegar”, y hay que trabajar para “construir un consenso y alcanzar los difíciles compromisos necesarios para impulsar el país”; vuelve a surgir la pesadilla de Florida como una película de terror democrático que podía nuevamente haber cambiado la historia política de Estados Unidos y del mundo.

Sí, Florida otra vez. Y la pregunta que surge es evidente. ¿Cómo es posible que después de lo sucedido en las elecciones presidenciales del año 2000 vuelva a pasar lo mismo? Porque el temor estaba ahí, como demuestra que Obama y Romney habían movilizado a un ejército de abogados, en todos los centros de votación de Florida y en los “swing states”, para estar preparados por si se repetía el episodio del año 2000 entre Bush y Gore.

¿Cómo es posible que en una democracia tan asentada como la de Estados Unidos, la sombra de fraude planee como si estuviéramos hablando de un país tercermundista sin garantías democráticas? Porque de nuevo, se vivieron colas y esperas interminables en numerosos lugares de votación hasta altas horas de la madrugada, lo que seguro que imposibilitó a muchos ciudadanos su participación electoral. Porque de nuevo, en muchos lugares, se carecía de personal suficiente y adecuado para atender la participación electoral. Y porque de nuevo, la falta de papeletas (se habían agotado), llevó a suspender la votación, como ocurrió en algunos lugares del Condado de Broward.

Cuando comenzaron a llegar estas informaciones (largas colas en determinados lugares que por su clase social podía favorecer más a los demócratas; que esto estaba ocurriendo también en Florida, junto al retraso en el escrutinio electoral por los votos de unos 18.000 sufragios de votantes ausentes) recordé a Al Gore. Su victoria fallida, porque otro fue el Presidente, y su error de no luchar hasta el final por una presidencia que le había concedido el pueblo americano en las urnas.

En 2000, Al Gore obtuvo el 48,4 por ciento de los votos y George W. Bush el 47,9 por ciento. Un mes después de los comicios se demostró que Al Gore había ganado en Florida por sólo 537 votos de diferencia. Se produjeron algunos cambios en el sistema de votación en Florida tras el escándalo de las famosas papeletas mariposas, los recuentos manuales que no coincidían.Se aprobó una ley que impide que las elecciones puedan decidirse por conteo manual. Se creó una base de datos única para toda Florida con los votantes registrados para eliminar la duplicidad de personas registradas, registro que antes dependía de cada condado.

Pero, a pesar de los cambios introducidos, estos siguen siendo insuficientes. Creo que Estados Unidos, tendría que copiar cosas de nuestro sistema electoral, que está a años luz del suyo en cuanto a las garantías del voto de los ciudadanos. Aquí sería impensable que se utilizaran maquinas electrónicas que no dejan constancia del voto en papel, como ocurre en EEUU, y que ya dieron problemas en el año 2006 cuando, por ejemplo, en Sarasota, se perdieron 18.000 votos porque las máquinas los registraron como abstenciones y no hubo forma de verificarlos. O que el dueño de esas máquinas fuera uno de los mayores donantes de la campaña de uno de los dos candidatos a presidente.

Esta vez la fortuna, en forma de una diferencia en votos electorales más holgada, al ganar los demócratas en otros “swing states”,evitó el desastre y la ocupación ilegítima e ilegal de la Casa Blanca por alguien que no había sido ganador por la decisión libre y soberana de los americanos en las urnas. Porque como vivimos en directo, los republicanos tardaron en reconocer la victoria de Obama hasta que vieron la imposibilidad matemática, por las derrotas en otros Estados y el propio desarrollo de la votación, de utilizar nuevamente Florida como palanca de ocupación del poder democrático.

Obama ha ganado. Si se repite el escrutinio de Florida,este hecho impedirá hasta su realización que la Comisión Electoral otorgue la victoria de manera oficial al candidato demócrata. Algo menor, en esta ocasión, porque nadie discute el resultado, cosa que puede no ocurrir en otras elecciones. Por ese motivo, hay que cambiar muchas cosas. Es urgente y, al menos, el presidente reelegido lo tiene claro.

Como dijo Obama en la noche de su triunfo: “Quiero dar las gracias a todos los estadounidenses que han participado en esta elección,a los que votaban por primera vez y a los que tuvieron que guardar cola durante mucho tiempo. Por cierto, eso es algo que tenemos que arreglar”.

Oscar Iglesias

LA BURLA NACIONALISTA

Publicado el 31 de Octubre de 2012

 La indiferencia ante el sufrimiento humano desacredita a los regímenes políticos. Si a ello le añadimos, por una parte, el engaño sistemático y premeditado para seguir beneficiando a unas élites nacionalistas, y por otra, una política de recortes de derechos a los ciudadanos catalanes que pretenden ocultar, esta actitud desautoriza al que la lleva a cabo para cualquier responsabilidad política; por mucho que se envuelva en Señeras y quiera ocultar su fracaso de Gobierno en el disfraz trasnochado de nuevo mesías del nacionalismo catalán.

Para estas personas, lo importante es sacar el mejor resultado electoral en las elecciones de noviembre, y para conseguirlo vale todo dentro de una estrategia cimentada en el engaño y la mentira sistemática. Pretenden engañar a los catalanes con una maquinaria propagandística al servicio de los intereses de una élite nacionalista que no sufre ninguno de los recortes que están padeciendo los ciudadanos de a pié.

Da igual que la posición oficial de la Comisión Europea (CE), confirmada mediante carta de su Vicepresidenta y responsable de Justicia, Viviane Reding, al Secretario de Estado de Asuntos Europeos, haya sido que Cataluña quedaría fuera de la UE si se independiza.

Da igual que esta respuesta fuera ya conocida por todos, incluso por los eurodiputados que mandan cartas delirantes en lugar de defender el Estado de Bienestar de los ciudadanos europeos. Sí, conocida porque fue expresada por Romano Prodi, presidente de la Comisión en ese momento, en una respuesta parlamentaria, en el año 2004, cuando dijo que una región independizada se convertiría, por el hecho de su independencia, en un país tercero respecto a la Unión y los Tratados, desde el día de su independencia, ya no se aplicarían a su territorio.

Da igual que en agosto pasado, Durao Barroso, Presidente de la Comisión, asegurara que si Cataluña se declara independiente, la ciudadanía de la UE ya no se aplicaría a sus habitantes. Algo lógico porque, como explica la Comisión, la ciudadanía de la UE siempre va ligada a la ciudadanía de uno de los Estados miembros.

¿Da igual? Para los nacionalistas sí, pero para los que no lo somos no. Y por ese motivo, tenemos que desmontar las mentiras de los nacionalistas catalanes pero también del Partido Popular en el gobierno.

Hay que decir la verdad:

• La Constitución se puede cambiar, y para eso está el título X de la misma, que se titula ‘De la reforma Constitucional’. Cambios, los necesarios con diálogo y consenso, pero sobre todo cumpliendo la Ley. Que en resumen significa que decidimos todos. No vale inflamar la calle para luego entrar en ambigüedades calculadas para conseguir el mayor número de votos. Hoy CIU quiere la independencia de Cataluña y lo pretende hacer de manera ilegal. En palabrasde Artus Más, Cataluña será independiente con Ley o sin Ley.

• Los nacionalismos se retroalimentan y ayudan entre sí. Hay que recordar que el President de la Generalitat ha gobernado con el apoyo del PP en el Parlamento catalán, por mucho que después se quieran distanciar. Se repite la escena, pasan de hablar catalán en la intimidad cuando se necesitan, a pretender hacer responsables de los males del modelo territorial al Gobierno del Tripartito o a los socialistas. Por cierto, en el Congreso de los Diputados del Reino de España, el presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores, donde se autorizan los convenios internacionales, es Josep Antoni Duran i Lleida, de CIU.

• El PSOE y el PSC están en contra de la independencia de Cataluña. Aunque es cierto que debemos partir de varios supuestos. El primero, no se puede ser socialista y nacionalista a la vez. El segundo, hay que dar una respuesta socialdemócrata a la crisis para que no sigan pagando los ciudadanos, con más paro y recortes de derechos, los desmanes de las entidades financieras. El tercero, hay que cerrar el modelo territorial del Estado. Todo con un objetivo, conseguir más progreso, igualdad y justicia social para todos los ciudadanos españoles.

Los hombres libres tienen derecho a poder acceder a la información para poder deliberar y decidir. De no ser así, estamos ante una estafa que pone grilletes a la democracia.

Oscar Iglesias

¿QUÉ ME DICES? ¡MÁS DE 10 MILLONES DE ESPAÑOLES! 

Publicado el 25 de Octubre de 2012

 En España aumenta la pobreza como consecuencia de las políticas de un gobierno que, obedece a los poderes no democráticos y, deja en la cuneta a cada vez más españoles. La Encuesta de Condiciones de Vida del año 2011, realizada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) afirma que el 21,8 por ciento de la población residente en España está por debajo del umbral de riesgo de pobreza, cuando un año antes, en 2010, este porcentaje estaba situado en el 20,7 por ciento.

Fríos porcentajes que pretenden ocultar la angustia de muchos padres, la mirada de hambre de miles de niños o el abatimiento de gran número de personas mayores, que se preguntan que tipo de sociedad es ésta donde, la opulencia de unos y la falta de acción de gobiernos insensibles, permite que todavía hoy se pase hambre y calamidades que podían estar resueltas.

Hablamos de pobreza. Sí, de la definida en el diccionario de la Real Academia de la Lengua como “falta y escasez”, o la que ocupa veinte segundos en las televisiones porque acaban de salir los últimos informes con trágicos datos. Pero de una pobreza que no se quiere concretar, porque duele y sonroja. De una pobreza que tiene que dar paso rápidamente a otras noticias para que cualquier persona de bien no se levante y diga: ¡Basta ya de palabras vacías!¡Basta ya de primas y primos de riesgo!¡Gobiernen para las personas! y para que la pobreza y el hambre sea un mal recuerdo en la historia del hombre.

Hablamos de más de 10 millones de españoles, concretamente de 10.053.457 españoles. Estar, en la España del siglo XXI, por debajo del umbral de la pobreza significa para un hogar de un adulto estar por debajo del umbral de 7.533,3 euros; para un hogar de dos adultos es estar por debajo de 11.300 euros ó 5.650 euros porpersona; para un hogar de dos adultos y un menor de 14 años es estar por debajo de 13.560 eurosó4.520 euros por persona; para un hogar de dos adultos y dos menores de 14 años es estar por debajo de 15.820 euros ó 3.955 euros por persona, como señala el INE en 2011.

Significa vivir con 10,83 euros al día para todo, cuando un billete sencillo para un recorrido superior a nueve estaciones de metro vale 2 euros, un litro de leche marca blanca 0,80 euros, un litro de zumo marca blanca 0,90 euros, cuando la luz ha subido un 60 por ciento en los últimos cinco años, cuando el agua ha subido un 50 por ciento en dos años o cuando el coste del comedor en el colegio paratu hijo sale a más de 800 euros por curso escolar.
Pero los datos del INE muestran una realidad silenciosa, pero intuida cuando no conocida, que van más allá:

• El 35,9 por ciento de los hogares afirmó que no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos en 2011. ¿Saben lo que significa?Que, si en España hay en torno a 17,4 millones de hogares, 6.246.600 hogares no pueden asumir esos imprevistos.

• El 26,1 por cientode loshogares manifiesta llegar a fin de mes con dificultad o mucha dificultad en 2011, lo que traducido a números supone que 4.541.400 hogares están en esta situación.

• El 6,1 por ciento de los hogares tiene retrasos en los pagos relacionados con la vivienda principal (hipoteca o alquiler, recibos de gas, electricidad, comunidad…), lo que supone 1.061.400 hogares.

• El 38,8 por ciento de los hogares no puede permitirse ir de vacaciones fuera de casa al menos una semana al año. Estamos hablando de 6.751.200 de hogares.

Ante estos datos, que vienen a reflejar la vida de personas anónimas cabe preguntarse si es posible hacer algo. La respuesta es sencilla, en una sociedad que tiende a complicarlo todo artificialmente para no hacer lo que no interesa a las elites económicas. ES POSIBLE ACABAR CON ESTA INJUSTICIA, DESESPERACIÓN Y SUFRIMIENTO CON DECISIÓN Y VOLUNTAD DE LOS GOBIERNOS. Una voluntad que solo va a existir con personas sensibles al sufrimiento ajeno y con la presión de unos ciudadanos que activamente exijan esto a sus representantes. Hay que comprometerse a acabar con la pobreza con progreso, con prosperidad y con derechos para todos los ciudadanos. No caben excusas.

Y si todavía hay alguien que mira para otro lado, con falsos argumentos individualistas o con el repetido y obsceno argumento de que no hay recursos y hay que ser austeros, les podemos recordar que:

• El sector del lujo en Europa cerrará el ejercicio actual con un incremento de ventas del 5%, hasta 75.000 millones de euros.

• El mercado mundial de automóviles de lujo cerrará este año con una facturación de 290.000 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 4% en comparación con 2011

• Las empresas del sector del lujo mueven 4.500 millones de euros al año en España.

• Los productos de piel y el calzado de lujo van a suponer este año 45.000 millones de euros.

• La compra de productos de alta gama por Internet creció un 25% el pasado año y se estima en unos 5.400 millones de euros a nivel global.

Tú decides, o decidirán por ti.

Oscar Iglesias

ABANDONO ESCOLAR, ¡SOLUCIÓN YA!

Publicado 18 de Octubre 

Parece una utopía, pero si ocurre sería decisivo para España. Si Mariano Rajoy dedicara el tiempo que utiliza para leer el diario deportivo ‘Marca’ a ojear al menos el informe 2012 de la Unesco, ‘Los jóvenes y las competencias: trabajar con la educación’, se daría cuenta que su política de recortes en educación alejan a España de la prosperidad para la que debería estar trabajando. ¿Por qué? Porque la educación delimita cada vez más la ubicación de las personas en el mercado de trabajo, y por tanto su trayectoria vital. Al igual que la posición de los países.

Si el presidente del Gobierno prefiere no leer el informe, que alguien se lo cuente. Según la Unesco, cada dólar invertido en educación tiene un retorno de 10 dólares para la economía del país que realiza esa inversión. Es un dato tan contundente y positivo, para el fututo de una sociedad y sus habitantes, que a lo mejor así decide dejar de recortar y empobrecer la vida de los españoles.

Puestos a que se informe, alguien también le podría decir que en el país donde es presidente del Gobierno, uno de cada tres jóvenes entre 15 y 24 años abandona sus estudios antes de acabar la enseñanza secundaria, cuando la media europea, es de uno de cada cinco. Estas cifras son tan alarmantes, que si tiene un mínimo de compromiso con los ciudadanos que gobierna, Mariano Rajoy, debería poner como una de sus prioridades de gobierno, junto con la creación de empleo, garantizar el derecho a la educación, que reconoce la Constitución, a todos los españoles. Aunque este cambio de rumbo suponga, como supone, abandonar la imposición de un modelo educativo segregador.

¿Es posible este cambio de políticas educativas en un Gobierno que impone y no escucha, y, sobre todo, en un Gobierno que cuenta con un Ministro de Educación que actúa más como tertuliano afín a las FAES, que como responsable de solucionar uno de los problemas más graves de la sociedad española? Parece improbable, por no decir casi imposible, cuando se siguen escuchando declaraciones de este ministro justificando los recortes educativos con el peregrino argumento de que “no porque un Gobierno invierta más en educación tendrá mejores alumnos o trabajadores más productivos”. Aun así, hay que cambiar de rumbo por el bien de los españoles y nuestro querido país.

Una de las peores desigualdades que pretende perpetuar el PP es tratar como iguales a los que no lo son. Nos dicen que el éxito académico depende del esfuerzo y la capacidad de los estudiantes. Sí, pero no exclusivamente, porque la clase social a la que se pertenece y el nivel de estudios de los padres es muy determinante, como demuestra el hecho de que existe mucho más abandono escolar en las familias con rentas bajas. ¿Es una opinión? Sí, pero también un hecho que corroboran los datos de los diferentes estudios sobre educación. Por ejemplo, el informe Pisa, que realiza la OCDE, muestra que los hijos de los trabajadores no cualificados tienen 4,5 veces menos probabilidades de acceder a la universidad que los hijos de los profesionales de alto nivel. O que los hijos de padres sin estudios tienen 20 veces más posibilidades de sufrir fracaso escolar que el hijo de padres universitarios, exactamente, el 40% contra el 2%.

El sistema educativo en España ha mejorado mucho durante las últimas décadas en equidad, aunque persisten problemas graves como el abandono escolar que hay que corregir para que sea real la igualdad de oportunidades. Políticas como las que está realizando el Gobierno del PP van en sentido contrario, aumentan la segregación y reproducen las desigualdades socioeconómicas existentes en nuestra sociedad en lugar de corregirlas.

Por eso hay que corregir el rumbo de las políticas de recortes del Gobierno de Rajoy, porque no solo van a aumentar la desigualdad y la expulsión del sistema educativo de los alumnos con rentas más bajas, sino que además esa expulsión compromete el futuro de España, al arrojar al mercado de trabajo a cientos de miles de jóvenes poco cualificados que tiene pocas oportunidades de empleo. Jóvenes que, cuando se producen crisis como la que estamos viviendo, son los primeros en ser sacrificados en las empresas. Hasta encontrarnos en España con una situación donde más del cincuenta por ciento de los jóvenes están en paro.

Los recortes socavan la equidad. La educación genera igualdad. Movilízate por la igualdad.

Oscar Iglesias

DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LA DEMOCRACIA. 11 de octubre de 2012

 Se acaba de producir uno de esos acontecimientos que, aunque no muy difundidos en los medios de comunicación, puede y debe convertirse en el futuro en un referente para la Humanidad como lo fue la constitución de Naciones Unidas. Me refiero a la inauguración por parte de Ban Ki-Moon, secretario general de las Naciones Unidas, del primer “Foro Mundial de la Democracia”.

Un encuentro que nace con la intención de celebrarse anualmente y que, además de centrarse en el análisis de como está el estado de la democracia en el mundo, planteará propuestas decisivas como “La Declaración Universal de la Democracia”, promovida y presentada por Federico Mayor Zaragoza y Karel Vasak. Un proyecto que pretende responder a la doble aspiración humana de democracia y paz.

Como se ha señalado, “el proyecto de Declaración Universal de la Democracia ha sido concebido como un complemento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: las dos Declaraciones están destinadas a permitir que todos los seres humanos lleven una vida digna de ser vivida. La democracia no puede, en efecto, existir sin el respeto y la protección de los derechos humanos, mientras que los derechos humanos sólo pueden desarrollarse en un régimen democrático”.

Es la primera vez, con este proyecto de declaración, que la democracia se refleja en sus cinco expresiones y manifestaciones: democracia política, democracia económica, democracia social, democracia cultural y democracia internacional. Siendo transcendentes las distintas expresiones democráticas, es de destacar la inclusión de la democracia económica, porque supone un paso decisivo en el avance democrático que necesitan las sociedades del siglo XXI.

La democracia económica tiene que conjugarse con un avance en el concepto de ciudadanía que nos lleve hasta una ciudadanía económica. Mientras, la democracia económica se concreta en el artículo 11 del proyecto de Declaración Universal de la Democracia donde señala: “11.1 La democracia debe desarrollar sistemas económicos fundados en la justicia social, a la cual se subordinarán siempre todos los otros aspectos y dimensiones de la vida económica, que tengan por objeto la libre y leal competencia así como la indispensable cooperación, con el fin de alcanzar un desarrollo económico sostenible, una prosperidad compartida, el fomento del empleo y el trabajo, y la utilización racional de los recursos económicos, alimenticios, naturales y energéticos, cuyo objetivo fundamental sea que toda persona pueda acceder a los bienes y a los servicios necesarios para una vida digna de ser vivida. 11.2 Los principios de responsabilidad en relación a la sociedad -transparencia, permanencia, justicia fiscal- deben ser siempre tenidos en cuenta, para evitar la hegemonía del provecho”.

Es probablemente, como se afirma en la presentación,“la primera vez que un instrumento internacional relativo a la democracia subraya el vínculo intrínseco entre la democracia y la paz. El régimen político de la democracia, por estar fundamentado en la libertad y los derechos humanos es, en efecto, el mejor garante de la paz nacional y de la paz internacional. Pero al mismo tiempo, la existencia de la paz nacional y de la paz internacional constituye la condición ‘sine qua non’ del régimen democrático en un país, haciendo necesaria la conjunción de los esfuerzos de todos los actores de la vida en sociedad: Estados, individuos, entidades públicas y privadas.Una verdadera cultura de la paz debe emerger en estas condiciones”.

Ahora bien, una vez presentado este proyecto de Declaración Universal de la Democracia en Estrasburgo son imprescindibles tres acciones. La primera, dar la mayor difusión posible a esta Declaración. La segunda, que el mayor número de ciudadanos del Planeta, una vez conocida, la firme para que cuente con un respaldo decisivo a la hora de poder llegar a hacer efectiva la tercera acción. Que no es otra, que las Naciones Unidas adopte la Declaración Universal de la Democracia. Y para ello, como propone Mayor Zaragoza, el Consejo de Europa, en el espíritu del artículo 54 de la Carta, elabore, a partir del proyecto preparado, un instrumento que se convierta en el complemento necesario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Hoy se abre una puerta a la esperanza para millones de ciudadanos en nuestro Planeta, porque hay que ser conscientes que todos los desarrollos democráticos que se han producido en la historia de la Humanidad han sido y serán avances en igualdad. Pero para que sean realidad los ciudadanos son los que deben empujar en esta dirección.

Oscar Iglesias