A continuación podéis leer el artículo que he publicado en Sistema Digital:

¿VAN A LO SUYO LOS PARTIDOS POLÍTICOS?

 Los ciudadanos reconocen que los partidos políticos son una pieza imprescindible de los sistemas democráticos, pero existe una creciente crítica e insatisfacción hacia ellos, porque se ha asentado en la conciencia colectiva que les importa poco lo que piensa la gente.

Sea cierto o no, el hecho constatado es que cuando a los ciudadanos se les pregunta si creen que a los partidos políticos les importa lo que piensa la gente, éstos responden mayoritariamente que no. Con los datos del estudio de Dalton y Weldon, se observa que en España el 61 por ciento de los encuestados creen que no les importa y solo un 39 por ciento cree que a los partidos políticos les importa lo que la gente piensa. El resultado es revelador en sí mismo, pero ¿está nuestro país en niveles inferiores, medios o superiores en esta visión en relación a otras democracias occidentales en el estudio realizado?

Comparando los resultados, y a pesar de la estrategia de crispación política que ha venido realizando el PP desde su derrota en las elecciones generales de marzo de 2004, España se encuentra entre las democracias con un porcentaje más alto entre los que opinan que a los partidos si les importa lo que piensa la gente. Concretamente, sólo Holanda tiene un porcentaje superior, con un 43 por ciento de los encuestados que piensan que si les importa. Y estamos con el mismo porcentaje de democracias tan consolidadas como Suiza o Noruega.

En este punto, sorprende como el 38 por ciento de los norteamericanos encuestados cree que si les importa lo que opina la gente, cuando solo un 56 por ciento cree necesarios los partidos políticos. En el otro extremo, es digno de mención como en Alemania solo un 18 por ciento cree que les importa; en Japón, un 21; en Canadá, Austria y Suecia, un 23 por ciento.

Si la pregunta la tuviera que responder, diría que a los partidos políticos si les interesa lo que opinan los ciudadanos, aunque solo sea porque son los que posteriormente con su voto deciden quienes le van a gobernar. Otra cosa, y considero que ahí está el problema, es que los partidos políticos deben evolucionar hacia formas más participativas tanto en los debates y decisiones, como en la rendición de cuentas de sus políticas y propuestas. ¿Ante quien rendir cuentas? Pues ante sus militantes y simpatizantes, pero también ante los ciudadanos en general.

De este modo, acabaríamos con la percepción de que los programas electorales o las promesas electorales en las campañas son solo mensajes, elaborados por un grupo de expertos y dirigidos a la población para que nos voten, pero que pierden su vigencia y validez una vez que ha pasado el día de las elecciones y se ha llegado al poder.

Los partidos políticos no son organizaciones estáticas, son estructuras dinámicas, que cambian y evolucionan dependiendo de la sociedad en la que se encuentren, de la época en la que estén y de los cambios que en esas sociedades se produzcan. Por ese motivo, tienen que adaptarse a los cambios vertiginosos que se están produciendo y potenciar espacios de encuentro, con los ciudadanos y con las organizaciones sociales de todo tipo.

Esta forma de organización del trabajo permite conjugar las reivindicaciones concretas con un proyecto general de transformación social con el que pueda sentirse identificado una mayoría de los ciudadanos.

Es necesario generar una mayoría social comprometida y que participa, como primer paso para poder conseguir posteriormente una mayoría electoral. Pero en todo ese proceso, y también después, los ciudadanos y el propio partido deben tener un papel más activo, tanto en las decisiones como en el control de las políticas que desarrollen los gobiernos democráticamente elegidos.

Óscar Iglesias

A continuación puedes leer el artículo que he escrito en Sistema Digital:

¿SE DESCONFÍA DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS?

 El deterioro de la imagen de los partidos políticos, su alejamiento cada vez mayor de los ciudadanos y la aparición de nuevos movimientos sociales que manifiestan su autonomía y recelo hacia los mismos, pone de manifiesto que los sistemas de representación política se encuentran en una encrucijada, que puede llevar al cuestionamiento de la validez y la calidad de los sistemas democráticos actuales.

La creciente desconfianza y desencanto de la población hacía los partidos políticos se puede observar fácilmente en la calle, pero se constata de forma alarmante cuando se pregunta a los ciudadanos que valoración tienen de ellos.

En España, durante la última década, el número de ciudadanos que tienen una confianza mínima en los partidos políticos sigue aumentando. Así, hemos pasado de un 45,8 por ciento que tenía mínima confianza en 2001, a un 61,8 por ciento de la población en 2010. Lo que equivale a decir que seis de cada diez ciudadanos no confían nada en los partidos políticos, solo tres de cada diez tienen una confianza media y 1 de cada diez tiene máxima confianza* .

Pero, ¿es esta desconfianza algo exclusivo de España? Si vemos los datos del Eurobarómetro de la Comisión Europea podemos afirmar que la desconfianza es algo que está extendido a todas las democracias occidentales, puesto que los partidos políticos son la institución que genera más desconfianza entre los ciudadanos de la UE, con niveles superiores a los obtenidos en la Encuesta sobre Tendencias Sociales. El 80 por ciento de los ciudadanos de la UE y el 85 por ciento de los españoles tiende a desconfiar de los mismos, y solo un 15 por ciento en la UE y un 11 por ciento en España tienden a confiar.

Esta realidad, que va más allá de los propios datos, nos tiene que llevar a preguntarnos si esta situación es coyuntural o existe un problema grave en el funcionamiento actual de nuestras democracias que hay que corregir. Me decanto por la segunda opción. Hay un problema grave que hay que corregir, aunque es cierto que se ve acentuado en la actual situación de crisis económica, política y social, como puede observarse en los datos del CIS donde “la clase política y los partidos políticos” aparecen como uno de los problemas más importantes que existen en España.

Ante la pregunta de ¿Cuál es, a su juicio, el principal problema que existe actualmente en España? ¿Y el segundo? ¿Y el tercero? En los barómetros del CIS, entre julio del año 2007 y julio del año 2008, la clase política y los partidos políticos eran considerados el octavo problema, con porcentajes del 8,9 en julio de 2007, 10 por ciento en diciembre de 2007, seis por ciento en julio de 2008. Desde octubre de 2008 hasta mayo de 2009 es considerado el séptimo problema del país, y a partir de ese momento sube hasta llegan a situarse en noviembre de 2009 como tercer problema. Lugar que todavía ocupan, salvo en enero de 2010 que fue el quinto problema, y con porcentajes en junio y julio de 2011, del 24,7 y 23,9 por ciento respectivamente.

Esto es grave, pero tampoco hay que exagerar, porque la situación se puede corregir ampliando los espacios de participación tanto en los partidos políticos como en las instituciones democráticas. En este sentido, si los partidos de masas socialdemócratas desempeñaron históricamente un eficaz papel de revulsivo crítico contra la situación existente y de motivación y movilización en el desarrollo de la democracia; hoy algunas formas evolucionadas de dichos partidos tienen que evolucionar para dejar de ser contempladas por bastantes ciudadanos como estructuras cerradas, desfasadas y alejadas de sus necesidades, inquietudes, aspiraciones y problemas.

Está emergiendo una nueva cultura política con muchos contrastes. Por una parte, existe demanda de más participación de unos ciudadanos cada vez más exigentes; y por otra, y al mismo tiempo, hiperliderazgos que no solo no fomentan, sino que impiden y obstaculizan la participación. De cual de las dos posiciones triunfe va a depender el desarrollo democrático las próximas décadas y por derivación el incremento o disminución de las desigualdades.
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* Datos del Grupo de Estudios sobre Tendencias Sociales (GETS)

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¿SON NECESARIOS LOS PARTIDOS POLÍTICOS?

 Durante los últimos meses, en las distintas concentraciones que el movimiento 15-M ha realizado por toda España, y fundamentalmente en Madrid, se han podido escuchar voces muy críticas con los partidos políticos: “PSOE y PP la misma mierda es”, “No somos mercancías en manos de políticos y banqueros”, “nini (ni estudia, ni trabaja)” nini (ni PP, ni PSOE), “No les Votes”, “Que no, que no, que no nos representan”, “Lo llaman democracia y no lo es”.

Al mismo tiempo, un clamor ciudadano reivindicaba otra forma de hacer política: “Otra política es posible”, “Queremos respuestas, “No estamos en contra del sistema, queremos cambiarlo”, “Sin miedo habrá futuro”, “Más educación, menos corrupción”. Pero entre ellas, una frase es especialmente significativa del malestar que existe entre los ciudadanos: “nuestros sueños no caben en sus urnas”.

Ante semejante afirmación, y ante la sombra de sospecha generalizada que existe sobre la política, los políticos y, especialmente, sobre los partidos políticos, que son considerados por la población el tercer problema del país, hay que preguntarse si para la ciudadanía son necesarios los partidos políticos.

Los partidos políticos han ido perdiendo poder e influencia en unas sociedades cada vez más complejas, donde su papel de canalizador de la participación política de la población ha ido agotando mucha de su eficacia. La indefinición ideológica y programática, la primacía de la subordinación y el seguidismo orgánico enmascarado de disciplina, la burocratización y profesionalización de la estructura orgánica y la primacía del líder sobre el partido, entre otros factores, están produciendo un creciente desencanto de la población hacia los partidos políticos, que tiene como una de sus consecuencias que muchos ciudadanos duden del sistema de representación política.

La población cada vez está menos dispuesta a aceptar un papel pasivo frente al dirigismo político y pretende ser protagonista de los cambios, con una participación activa y continua que nada tiene que ver con votar en unas elecciones cada cuatro años.

En este contexto, y a pesar de la desconfianza, los ciudadanos reconocen que los partidos son una pieza imprescindible de la democracia, como destacan Daltón y Weldon en su análisis sobre la extensión de la antipatía hacia los partidos políticos. En él, ante la pregunta sobre si son necesarios los partidos políticos, los ciudadanos de las trece democracias estudiadas responden mayoritariamente que son necesarios, es decir, la democracia sin partidos políticos parece impensable para la mayoría de los ciudadanos.

Si consideramos los datos por países, son EE.UU, Canadá y Japón las democracias donde los ciudadanos creen en menor medida que los partidos sean necesarios, aunque en todos los casos se supera la barrera del cincuenta por ciento ( EE.UU, un 56 por ciento; Canadá, un 65 por ciento y Japón, un 65 %). Y son vistos como imprescindibles, con cifras que llegan a más del 80 %, en Europa, fundamentalmente en España con un 83 por ciento, Dinamarca con un 88 por ciento, Noruega con un 89 por ciento y Países Bajos con un 90 por ciento.

Estos datos vienen a demostrar que en las democracias del siglo XXI nos encontramos, por una parte, con que la contribución positiva de los partidos políticos es reconocida como indiscutible, hasta el punto que los ciudadanos creen mayoritariamente que son necesarios y no se imaginan una democracia sin ellos. Pero, por otra parte, existe una creciente insatisfacción y un escepticismo generalizado sobre ellos a la hora de representar sus intereses, que está llevando a la población a buscar nuevas formas de participación no partidistas para influir en la toma de decisiones y en la consecución de cambios institucionales que desemboquen en una democracia más participativa y directa. Esto es en parte el 15-M, aunque la derecha no lo llegue a entender.

Los partidos políticos siguen siendo el canal más importante para la participación política y ciudadana en democracia, pero necesitan abordar reformas. Es imprescindible evolucionar hacia un nuevo modelo de partido que pueda ser digno heredero de la tradi¬ción histórica de los grandes partidos de masas socialdemócratas y que pueda cumplir un papel similar al que estos partidos tuvieron en el pasado, abriendo nuevos cauces de participación y de avance so¬cial en nuestras sociedades.

Los partidos políticos no son fines en sí mismos, sino instrumentos democráticos para conseguir determinados fines políticos. Por ese motivo, su adaptación tiene que producirse, en paralelo y al mismo tiempo, tanto a nivel interno, con unos militantes protagonistas activos de las decisiones de la organización y su posterior desarrollo; como a nivel externo, con una presencia mayor en todo el tejido social, para conocer, establecer una comunicación continua y compartir protagonismo con las organizaciones sociales en plano de igualdad y desde la autonomía de las partes.

Nuestros sueños sí caben en las urnas de una democracia más participativa.

Óscar Iglesias

A continuación podéis leer el articulo que he publicado en Sistema Digital:

Reforma del sistema electoral en España

Reformar el sistema electoral, para hacerlo más proporcional y cercano a los ciudadanos, es necesario, pero hay que ser conscientes que es vital, para que la democracia funcione, que exista un equilibrio entre sus dos objetivos fundamentales: garantizar que el Parlamento sea el reflejo lo más fiel posible de las preferencias de los ciudadanos y facilitar la formación de gobiernos estables. Si una de las dos patas falla, nos podemos encontrar con una profunda crisis que aumente, aún más, el malestar de los ciudadanos hacia la democracia.

La otra cosa que no debemos olvidar es que la reforma del sistema electoral debe de realizarse con prudencia, por consenso y, en ocasiones, paulatinamente, porque se quiera ver las consecuencias de algunos cambios o porque se presenten dificultades de acuerdo en algunos puntos.

La primera pregunta que debemos hacernos es si nuestro sistema electoral ha cumplido su función en estos años de democracia y actualmente la sigue cumpliendo. La respuesta, en este sentido, tiene que ser categórica. Nuestra ley electoral es un acierto y ha cosechado un gran éxito. ¿Por qué? Porque, en un país con la historia constitucional tan explosiva que hemos tenido, logra garantizar la representación que desean los ciudadanos y, a la vez, existen los mecanismos necesarios de estabilidad en la gobernabilidad de España. De hecho, se han producido distintas mayorías absolutas y también situaciones donde el partido vencedor en las elecciones sin obtener la mayoría absoluta ha pactado con grupos parlamentarios minoritarios que han dado estabilidad al gobierno a la hora de poder desarrollar su proyecto político.

La crítica que más se hace para argumentar la necesidad de una reforma, es que nuestro sistema electoral hace que el Parlamento no sea el fiel reflejo de lo que deciden mediante el voto los ciudadanos. Tres son los motivos que exponen: produce una sobrerrepresentación de los dos principales partidos políticos españoles(PSOE y PP), da un peso excesivo a los partidos nacionalistas, y provoca una infrarrepresentación de los partidos políticos de ámbito nacional más pequeños, fundamentalmente IU.

¿Es cierta la sobrerrepresentación?. Estudiando los distintos procesos electorales se puede afirmar que existe en los dos principales partidos políticos. Es decir, su peso en escaños en el Parlamento es mayor que su porcentaje de votos. Pero esta sobrerrepresentación ha bajado, en contra de lo que algunos argumentan, de prácticamente del 13%, en el año 79, hasta el 3,6%, en el año 2004, en el caso del partido político que gana las elecciones. Y se ha situado en torno al 4% en el partido político que queda en segunda posición.

¿Tienen un peso excesivo los partidos nacionalistas en el Parlamento o mejor dicho aquellos partidos con implantación territorial exclusiva en una Comunidad Autónoma?. Nuevamente, viendo los datos electorales se puede afirmar que no han tenido estos partidos una elevada sobrerrepresentación. Hablamos de porcentajes que van desde 0,1% al 0,5% dependiendo del proceso electoral. Pero los porcentajes son una cosa y otra bien distinta es su influencia en determinados momentos políticos, donde los partidos que han ganado las elecciones no han obtenido mayoría absoluta y los han necesitado para poder acceder al gobierno. En este caso, paradójicamente tuvieron su mayor peso cuando necesitó la investidura el PP en el año 1996.

¿Los partidos políticos pequeños de ámbito nacional tienen menos representación que votos? Es verdad. Es cierto que I.U por ejemplo en las elecciones generales de 2008 obtuvo el 3,8% de los votos y el 0.57 % de los escaños, es decir, solo dos. Pero no es menos cierto que el sistema electoral permite que exista una gran pluralidad en nuestro Parlamento con porcentajes bajos de voto. Y que esta formación política con la misma ley electoral obtuvo en el pasado muchos más escaños.

La segunda pregunta, que tenemos que responder, es si a pesar del éxito de la ley electoral se precisa su reforma para corregir los desajustes que hay. La respuesta también es clara, sí es necesaria la reforma para mejorar la proporcionalidad y la cercanía a los ciudadanos, pero sin exageraciones, ni ocurrencias.

La reforma de la ley electoral tiene que suponer un avance en la participación democrática, porque en las democracias actuales no solo se trata de que el sufragio universal sea real y pueda participar en la elección el mayor número posible de ciudadanos, sino también hacer que el voto de cada persona tenga el mismo valor que el del resto de electores a la hora de traducir los votos en representación, es decir, en escaños.

Una vez que se plantea la reforma, ésta hay que acotarla. Aquí, las cuestiones principales vienen determinadas por: el cambio o no de la provincia como circunscripción electoral; mantener o reducir el número mínimo de dos escaños por circunscripción; aumentar o no el número de diputados del Congreso; la modificación del Senado; y la fórmula electoral y el sistema de voto.

LA COMUNIDAD AUTÓNOMA COMO CIRCUNSCRIPCIÓN. Bajo la premisa de que a mayor magnitud de la circunscripción se produce una mayor proporcionalidad, con este cambio conseguiríamos este objetivo, es decir, mayor grado de proporcionalidad, fundamentalmente en Andalucía y Castilla León, ya que hay siete comunidades uniprovinciales y otras con dos o tres provincias. La pega es que para cambiar la circunscripción se precisa una reforma de la Constitución y, además, sus bondades se pueden conseguir con otras modificaciones de la ley sin reformas constitucionales.

REDUCIR EL NÚMERO MÍNIMO DE ESCAÑOS POR CIRCUNSCRIPCIÓN. El número mínimo de dos escaños introduce una gran desproporcionalidad en el sistema. Hasta el punto que el valor del voto de un ciudadano de una provincia con gran número de habitantes, como puede ser Madrid o Barcelona, es mucho menor que el de un ciudadano que tenga su residencia en las provincias con menor densidad de población. Este hecho hace que existan provincias que están sobrerrepresentadas (las de menor población) y otras que están infrarrepresentadas ( las de mayor población).

Como parece que no es bueno que se produzca esta disfunción, que llega a que el voto de un ciudadano de Soria tenga un valor de entre 40 o 47 veces mayor al de un madrileño o barcelonés dependiendo de las elecciones, lo adecuado para mejorar el sistema sería un escaño mínimo por provincia.

AUMENTAR EL NÚMERO DE DIPUTADOS. Con el objetivo de acercar más los representantes a sus representados y que el parlamento sea el fiel reflejo de lo que votan los electores, sería una medida positiva aumentar el número de diputados hasta los 400 como permite la Constitución. Este aumento, junto a la reducción del número mínimo de escaños por provincia aumentaría la proporcionalidad del sistema electoral.

REFORMA DEL SENADO. Para convertir el Senado en la cámara territorial que necesita España es preciso realizar, más pronto que tarde, una reforma del Senado que se centre en modificar la elección y selección de los senadores; y también en delimitar las funciones y tareas que debe desarrollar en la España actual.

LA FORMULA ELECTORAL Y EL SISTEMA DE VOTO. Con el aumento del número de diputados a 400 se puede optar por varias vías, la más fácil puede ser un sistema nacional de restos con una barrera, o establecer un sistema de voto con doble papeleta donde elijes, por una parte, a candidatos individuales y, por otra, a la lista del partido político. Todo ello, sin desdeñar las posibilidades de la formula Sainte- Lagüe primitiva o mejorada.

Hay otras reformas del sistema electoral que se pueden hacer. Pero como decía al principio, las reformas de la ley deben realizarse con prudencia, por consenso y, en ocasiones, paulatinamente.

Estos cambios proporcionarán mayor confianza a los ciudadanos en la democracia. Y traerán, como otra de sus consecuencias, la necesidad de repensar la igualdad de oportunidades entre los distintos candidatos y partidos, y la exigencia de modificar el trabajo de los grupos parlamentarios dando más libertad a los diputados. En lo primero, el Estado debe garantizar cierta igualdad limitando el gasto electoral y cediendo recursos propagandísticos de difusión a los candidatos, para que todos tengan un mínimo de posibilidades. En lo segundo, esta exigencia traerá aparejada cambios en el funcionamiento interno de los partidos políticos.

A continuación podéis leer el articulo que he publicado en Sistema Digital
¿Que hace Aznar con Murdoch?
El escándalo Murdoch, de escuchas ilegales practicadas durante años, pone de relieve dos cosas. La primera, el poder de unos medios de comunicación, que priman ante todo su interés y su poder. Y la segunda, lo negativo que para la democracia es que exista una concentración empresarial tan importante como para limitar el pluralismo e imponer la agenda y la información.

Este caso, muestra con toda su virulencia como algunos representantes elegidos democráticamente por los ciudadanos y algunos destacados funcionarios del Estado, en este caso de la Policía, no solo están cada vez más subordinados a los grandes conglomerados de medios de comunicación, sino que en ocasiones directamente trabajan para ellos, olvidando que son servidores públicos.

Esto genera desequilibrios democráticos, que son aún mayores cuando los candidatos son conscientes de la importancia de llevarse bien con los medios para poder salir en la información, y cuando estas grandes empresas fichan a ex presidentes para sus consejos de administración.

En este último caso se encuentra Aznar, que fue fichado hace unos años por Murdoch, porque según la compañía su amplia experiencia, incluyendo su periodo como presidente del Gobierno de España, aporta conocimiento, experiencia y perspectiva internacional al consejo, proporcionando una valiosa comprensión de los asuntos políticos y gubernamentales mundiales, con un conocimiento único y profundo respecto a numerosos países en los que opera la compañía.

Si eso es así, no es entendible el silencio de Aznar ante el comportamiento delictivo en el que ha incurrido la compañía donde es consejero. Lo fácil sería decir que calla porque esa compañía le paga en torno a 150.000 euros anuales. Pero eso sería poco serio y demagógico, al tratarse del comportamiento de un ex presidente del gobierno de España.

Entonces, ¿por qué calla?

No lo sé, pero su amplia experiencia y sus conocimientos le tendrían que llevar a pedir perdón, aunque por supuesto no tiene nada que ver con estas conductas, y posteriormente a presentar su dimisión en ese consejo. ¿Por qué?, porque es un ex presidente de España, y ni él ni nuestro país pueden estar relacionados, aunque sea indirectamente con este tipo de comportamientos tan repugnantes.
Si lo hiciera, daría un ejemplo de comportamiento democrático a una ciudadanía muy descreída de los políticos y de la política. Y pondría en valor la figura de los ex presidentes del Gobierno de España, algo que todos tenemos que procurar, pero fundamentalmente las propias personas que ostentaron el cargo

Hoy sabemos que las empresas de comunicación han convertido la libertad de expresión en un instrumento al servicio de un negocio que en muchas ocasiones está fuera de la propia comunicación. Esto provoca un sesgo ideológico que hace que parte de la realidad social que existe en las sociedades democráticas sea borrada y silencia, cuando no sesgada y manipulada de manera constante. Hoy sabemos, que la propiedad del medio es determinante para conocer sobre que se informa y como se informa.

Por ese motivo, es necesario establecer dentro de la Unión Europea un marco legal que garantice el pluralismo de los medios de comunicación, y vele por que todos los ciudadanos de la UE tengan acceso a unos medios de comunicación libres y diversificados en todos los Estados miembros.

Un sistema plural de medios de comunicación es un requisito básico para la continuidad del modelo de sociedad democrático europeo. Y junto a él, la condena y la denuncia de las actuaciones realizadas por medios como los de Murdoch, y la renuncia a cargos que estén vinculados a empresas que los han llevado a cabo, es un imperativo democrático que todas las personas deben hacer. Especialmente las que como Aznar han sido presidente del Gobierno de un país tan importante como España.

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Rendición de cuentas en democracia

En las sociedades democráticas del siglo XXI, los ciudadanos, cada vez más, quieren saber lo que hacen y deciden los gobiernos a los que ellos dieron su confianza mediante el voto. Junto a esta demanda, hay que recordar que existen mecanismos de vigilancia de los órganos del Estado por parte de otras instituciones estatales que tienen independencia para realizar las funciones de fiscalización.

De ahí, que declaraciones y actitudes como las del Partido Popular, tras acceder al gobierno en algunas comunidades autónomas y ayuntamientos, cuestionando la veracidad de las cuentas, no solo suponen una irresponsabilidad, sino que demuestran su escasa o nula formación democrática, más allá de las consecuencias que a corto plazo puedan tener en un clima de crisis e incertidumbre como el actual. ¿De verdad vale todo con tal de llegar al poder cuanto antes, aunque el precio lo paguen los españoles y la propia España?

Tanto la mayor demanda de transparencia e información por parte de los ciudadanos hacia las decisiones de sus gobiernos, como el hecho de que, en los diferentes ámbitos de gobierno, el poder ejecutivo, legislativo y judicial rinda cuentas entre sí y frente a otras instituciones que tienen encomendada revisar sus actuaciones y decisiones, convierte la rendición de cuentas, ya sea vertical u horizontal, en un pilar cada vez más esencial dentro del sistema político.

Hasta el punto, de que hoy en día el acceso a la información y la transparencia se han convertido en un derecho fundamental de los ciudadanos y en una obligación de los gobiernos que recogen sus ordenamientos legales. Unos quieren conocer las actuaciones y decisiones que se adoptan y otros deben informar de sus actos y decisiones.

En teoría, nadie cuestiona que en democracia es básico que los gobiernos, elegidos mediante el voto de los ciudadanos, rindan cuentas de sus actuaciones. Mediante este ejercicio se controla la acción de gobierno y los posibles abusos, pero también se conoce si el gobierno en cuestión ha cumplido sus compromisos con los ciudadanos.

En la práctica, son todavía muchos los gobiernos, por ejemplo el de la Comunidad de Valencia o el de la Comunidad de Madrid, que obstaculizan la rendición de cuentas, cuando impiden la fiscalización y el acceso a la información, no solo a los ciudadanos sino también a los representantes de los ciudadanos elegidos democráticamente y que forman parte de los grupos de oposición al gobierno.

Por estos motivos, la democracia debe desarrollar normas que permitan mejorar el control de los gobiernos y, al mismo tiempo, agilizar y posibilitar la transparencia y la información ante los ciudadanos, la sociedad en su conjunto y los representantes de los ciudadanos en las instituciones. Las consecuencias serán muy positivas para mejorar el funcionamiento de la democracia, puesto que un mayor conocimiento e información por parte de la ciudadanía obligará a los gobiernos a ser más vigilantes con sus actuaciones y compromisos, al ser conscientes de las consecuencias que puede acarrear no serlo. Entre ellas, que los ciudadanos castiguen electoralmente a los gobiernos que no cumplen sus promesas electorales; o el aumento de la probabilidad de que se descubran actuaciones no deseadas por los ciudadanos o incorrectas realizadas por los gobiernos que deban ser corregidas, fiscalizadas en ámbitos institucionales o judiciales y sancionadas.

En esta labor de información, control, crítica, y presión democrática, el papel del ciudadano es fundamental, pero su labor tiene que estar complementada con el trabajo de las organizaciones políticas, sindicales, movimientos sociales y vecinales. Sin olvidar el papel central que en democracia tienen los medios de comunicación en su trabajo de control y denuncia.

Si avanzamos en este camino tendremos una mejor democracia. Por una parte, conseguiremos que la sociedad en su conjunto se involucre y que la participación de los ciudadanos en las tareas de gobierno sea permanente, tanto proponiendo actuaciones que resuelvan necesidades y problemas de la vida cotidiana como denunciando otras que entienden que les perjudican. Y por otra, el gobierno tendrá más presente el mandato ciudadano y la existencia de mecanismos de rendición de cuentas eficaces y eficientes que le pueden llevar a revalidar la victoria electoral o a ser expulsado del gobierno.

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EL ACCESO A INTERNET; UN DERECHO HUMANO

 El pasado 1 de junio, la Asamblea General de Naciones Unidas declaró el acceso a Internet como un derecho humano altamente protegido, en su declaración sobre Libertad de Expresión e Internet.

El carácter transformador de Internet, como medio para promover la realización de otros derechos, fomentar el pluralismo y la participación pública, permitir que miles de millones de personas expresen sus opiniones, y accedan más fácilmente a la información que desean, ha llevado a Naciones Unidas a aprobar que la libertad de expresión se aplica en Internet del mismo modo que a todos los medios de comunicación.

Es un avanza muy importante, vistas las restricciones que muchos gobiernos estaban realizando. En este sentido, hay dos cuestiones que me permito destacar. La primera, que frente al intento de restar libertad a la red, Naciones Unidas deja claro la neutralidad de la red: “el tratamiento de los datos y el tráfico de Internet no debe ser objeto de ningún tipo de discriminación en función de factores como dispositivos, contenido, autor, origen y/o destino del material, servicio o aplicación”.

La segunda, es la cuestión del acceso a Internet, donde establece que “los Estados tienen la obligación de promover el acceso universal a Internet para garantizar el disfrute efectivo del derecho a la libertad de expresión. El acceso a Internet también es necesario para asegurar el respeto de otros derechos, como el derecho a la educación, la atención de la salud y el trabajo, el derecho de reunión y asociación, y el derecho a elecciones libres”.

Naciones Unidas reafirma que los Estados tienen la obligación positiva de facilitar el acceso universal a Internet. Y como mínimo, deberían:1.- Establecer mecanismos regulatorios —que contemplen regímenes de precios, requisitos de servicio universal y acuerdos de licencia— para fomentar un acceso más amplio a Internet, incluso de los sectores pobres y las zonas rurales más alejadas.2) Brindar apoyo directo para facilitar el acceso.3) Generar conciencia sobre el uso adecuado de Internet y los beneficios que puede reportar, especialmente entre sectores pobres, niños y ancianos, y en las poblaciones rurales aisladas.4) Adoptar medidas especiales que aseguren el acceso equitativo a Internet para personas con discapacidad y los sectores menos favorecidos.

Es decir, los gobiernos de todo el mundo tienen la obligación de facilitar un servicio accesible y asequible de Internet a todos los ciudadanos.

QUÉ HACE ESPAÑA

Lo primero que hay que decir es que en España no se cumple el servicio universal. Es cierto que en noviembre de 2009 el ministro de industria afirmó que a partir del uno de enero de 2011, todos los ciudadanos tendrían derecho a Internet a una velocidad mínima de un mega, es decir, con calidad y a un precio asequible en cualquier zona. Pero, a pesar de los esfuerzos del gobierno de España, la realidad es que en España contratar la banda ancha es mucho más caro que en cualquier otro país de la UE.

En el informe, la Comparativa Internacional de Ofertas Comerciales de banda ancha en la Unión Europea a junio de 2010, realizado por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones(CMT) y publicado en diciembre de 2010, se puede constatar que la banda ancha y voz a velocidad baja (de 144 Kb hasta 2 Mb/s, no incluidos), que representan el 8,5% de las líneas contratadas en España, son un 10,3 % más caros en España respecto a la media de las mejores ofertas europeas en precios ajustados por paridad de poder adquisitivo (PPP). Los paquetes de velocidad media (de 2 Mb a 10 Mb), que aglutinan el 60% del total de las líneas, son un 21,2% más caros. Y la velocidad alta (superior a 10 Mb/s), que suponen el 31,5 % del total de paquetes de banda ancha y voz en España, la mejor oferta comercializada en el mercado español es un 28,7% superior a la media de las mejores ofertas de la UE.

Y si esto ya es escandaloso, lo es aún más si comparamos lo que cuesta contratar con el operador histórico en España(Telefónica) con respecto al desembolso que realizan los usuarios europeos al contratar con sus respectivos operadores incumbentes (Deutsche Telekom, KPN, BT, Eircom, Telecom Italia, etc). El diferencial de coste es prácticamente inexistente en la velocidad baja (+ 0,3 %) y muy superior en la velocidad media (+84,6%) y alta (+56,6%).

El gobierno de España tiene que acabar con esta situación y obligar a reducir los precios, garantizar la inversión y la cobertura a las compañías de telecomunicaciones. Por si alguien dice que esta medida pondría en peligro la cuenta de resultados de algunas compañías, solo hay que ver los beneficios que tuvieron el 2010. Basten algunos ejemplos: Telefónica, aumento su beneficio neto un 30,8% en 2010, hasta los 10.167 millones de euros; Deutsche Telekom, casi quintuplico sus beneficios netos en 2010 con 1.695 millones de euros; Telecom Italia, obtuvo un beneficio neto de 3.121 millones de euros; France Telecom, subió un 28% su beneficio en 2010 hasta llegar a los 4.880 millones de euros.

Óscar Iglesias

A continuación podéis leer el artículo que he publicado en Sistema Digital:

ES DEMOCRACIA, PERO HAY QUE CAMBIARLA

 En las últimas semanas observo con preocupación cómo personas intelectualmente muy sólidas están lanzando afirmaciones del tipo: en España no hay democracia; lo que pasa en España se parece a lo que ocurre en las revueltas árabes, o es legítimo cercar parlamentos.

No comparto ninguna de esas afirmaciones, pero antes de entrar en el fondo de la cuestión, me pregunto ¿Por qué lo hacen?. Decir que en España no hay democracia, aparte de una estupidez, es insultante para los cientos de miles de españoles que lucharon y dieron sus vidas para que en este país dejara de existir una dictadura. Pero además, desde un punto de vista analítico, en España la tasa de legitimación democrática, es decir, el porcentaje de personas que indican que la democracia es preferible a cualquier otra forma de Gobierno ha pasado del 49 por ciento en 1975 al 79,9 por ciento en 2009, un 30,9 por ciento más.

Equiparar las acampadas del 15-M con las revueltas árabes, es olvidar el pequeño detalle de que esos regímenes eran dictaduras y nosotros vivimos en un país donde los ciudadanos, todos los ciudadanos, votan libremente sus gobiernos. Y justificar comportamientos fuera de la ley e incluso la violencia de grupos radicales, que son rechazados por los propios componentes del movimiento 15-M, es sinónimo de todo menos de democracia, porque cuando la palabra es aplastada por la violencia aparece la tiranía y el fascismo.

En España hay democracia, y además nos ha sentado muy bien económica, social y políticamente como demuestran los siguientes datos: la tasa de actividad de las mujeres ha pasado del 27,8 por ciento en 1975, al 51,5 por ciento en 2009, un 23,7 por ciento más; los alumnos matriculados en educación universitaria han pasado de 587.438 en 1975, a 1.408.674 en el año 2009, es decir, 821.236 alumnos más; los parados de larga duración han descendido en ese periodo en 154.500 personas; la productividad del trabajo desde 1975 a 2009 ha subido un 19,9 por ciento; la renta familiar neta disponible per cápita en euros ha pasado de 2.199 € en 1975 a 9.560 € en el año 2009; el PIB de 35.277,60 en 1975, a 1.088.502,00 en el año 2009.

Pero aunque los datos nos avalan, vivimos una crisis de la democracia que hay que resolver. Por una parte, cada vez más gente enarbola la bandera de la democracia como avance civilizatorio para sus vidas, pero cada vez más se cuestiona la eficacia de la democracia. Es cierto, la democracia representativa tiene que superar sus defectos y limitaciones. La concentración de la riqueza en una elite económica muy reducida en número, el intento de reemplazar la noción de ciudadano por la de consumidor, es decir, la economización de la vida política y social, ha incrementado las desigualdades y está afectando de forma directa al buen funcionamiento de nuestra democracia y de nuestra vida.

En democracia no todas las alternativas son iguales. Lo primero que hay que aclarar, es que esta realidad que sufrimos es el resultado de la política neoliberal, donde la economía prima sobre la política, donde el poderoso manda sobre el ciudadano corriente. ¿Cómo lo han hecho? Debilitando a los actores principales de la democracia: El Estado, los partidos políticos, los sindicatos, y a los ciudadanos. Fomentando el discurso de la apatía política y el rechazo hacia los representantes elegidos democráticamente mediante el voto, para que ellos pudieran conformar mayorías de poder y electorales donde no son mayoritarios.

Si pretendemos avanzar en democracia, hay que rechazar la versión moderna del liberalismo, aunque solo sea porque no ha sabido resolver ningún de los grandes problemas sociales de nuestro tiempo.

La democracia es un sistema social de equilibrios que tiende a buscar nuevos ajustes de representación cuando éstos se ven alterados. Y como ahora es necesario un nuevo equilibrio con un nuevo contrato social, tenemos que decir alto y claro que la democracia implica la socialización de todos los poderes. Y cuando digo todos, es todos, no solo la política y sus representados, sino también la economía. Por este motivo, hay que buscar la extensión de las prácticas y procedimientos democráticos en las diferentes esferas sociales y en todos los ámbitos, porque la idea de libertad, igualdad y de participación es indivisible.

¿Cómo hacerlo? La cuestión fundamental es la necesidad de evitar concentraciones excesivas de riqueza y de poder que lleguen a ser disfuncionales para la sociedad y que impidan una participación de todos los ciudadanos en condiciones de igualdad. Frente a un Platón que vinculaba el régimen democrático a la anarquía, nosotros luchamos por más y mejor democracia como vehículo para conseguir la libertad y la igualdad efectiva de todas las personas.

Óscar Iglesias

A  continuación podéis leer el artículo que he publicado en Sistema Digital

EL GERRIMANDERING DE ESPERANZA AGUIRRE

 Esperanza Aguirre pretende dividir la Comunidad de Madrid en circunscripciones con la finalidad de perpetuarse en el poder, reducir la proporcionalidad y expulsar de la Asamblea de Madrid a los partidos minoritarios.

Óscar Iglesias