Infante Blog

A continuación podéis leer el artículo que he escrito en SistemaDigital:

EL TRABAJO NO ES UNA MERCANCÍA

 En estos días, donde se habla tanto de la reforma laboral, es importante y hasta imprescindible, comenzar diciendo una obviedad que en muchas ocasiones se olvida. Hablar de empleo es, además de economía, hablar de las esperanzas o de las angustias de millones de personas. Pero también, de la sociedad en la que vivimos y del tipo de sociedad en la que queremos vivir. La cifra de desempleo mundial alcanzó en 2009 los 212 millones de personas, 34 millones más que en 2007. Los países mas afectados el año pasado fueron las economías desarrolladas y la UE, que han concentrado más del 40 % del desempleo global desde 2007. Pero, lejos de tocar fondo, la OIT augura que en 2010, tres millones de personas más perderán su trabajo en estos países. A estos datos, hay que añadir la inseguridad y la precariedad de muchos millones de los que trabajan. Esta situación es insostenible, una sociedad que no genere empleo está abocada al fracaso. Primero con exclusión y dualidad social y, posteriormente, con un conflicto social generalizado.

Durante las últimas décadas, el crecimiento económico ha sido espectacular y ha provocado la acumulación de la riqueza en pocas manos. En paralelo, si era grave el aumento de la desigualdad, peor aún es el proceso que se ha iniciado de ruptura de la estructura social existente, que se hace evidente en la crisis que sufrimos del empleo, antes incluso de la crisis actual, y en la fragmentación y heterogeneidad de la estructura ocupacional que existe hoy. Estamos en un círculo vicioso, donde la desigualdad laboral está generando desigualdad social, y esa desigualdad social acentúa la desigualdad laboral. Esta espiral debe ser eliminada con la actuación decidida de los poderes públicos para conseguir una Sociedad del Bienestar.

El trabajo no es una mercancía. Por tanto, frente a la inseguridad, la incertidumbre, y la precariedad, es decir, frente al desempleo y el trabajo inseguro hay que volver a las políticas orientadas al pleno empleo y a la función social del empleo. Esto significa, generar unos ingresos suficientes que cubran nuestras necesidades económicas, pero también, procurar bienestar y satisfacción moral a los trabajadores en el desempeño de sus tareas. A nadie se le puede escapar que el trabajo ocupa un lugar central en las relaciones sociales y en la vida del hombre.

Cuando se producen niveles de desempleo tan amplios y cuando la precariedad laboral se consolida, estos hechos afectan a todos los ámbitos de la vida social. Afecta a quien la sufre, que se siente menospreciado en su trabajo, infrautilizado y explotado, pero también a su visión y actitud ante un futuro que ve lleno de incertidumbres e inseguridades. Hay un dato revelador, el temor a ser despedido afecta cada vez a más trabajadores, lo que tiene un efecto directo a la hora de su implicación colectiva en la defensa de sus derechos y en el aumento del poder empresarial. Ciudadanos con derechos reconocidos constitucionalmente, se convierten en sujetos vulnerables y frágiles cuando entran por la puerta de sus lugares de trabajo o cuando pierden el empleo, debido a la precariedad laboral y social que sufren.

La globalización ha transformado nuestra sociedad, y su desgobierno democrático está reduciendo derechos consolidados en los espacios nacionales al socaire de un mercado que supuestamente se autorregula. Esta realidad, de dominio y sumisión encubierta de libertad de circulación económica, está modificando profundamente el mercado de trabajo, y lo ha fragmentado ampliando la precariedad y la inestabilidad laboral.

De la crisis se sale con la creación de empleo o no se sale. El objetivo de creación de empleo debe ser el prioritario si queremos que la sociedad pueda ser viable. La desregulación y degeneración que se produce en el trabajo con el debilitamiento de la estructura salarial, con el incremento del tiempo de trabajo para obtener los medios necesarios para la subsistencia, con el aumento de los trabajadores pobres, también en las sociedades más desarrolladas), donde tener un empleo no garantiza un nivel de vida mínimamente adecuado, genera más pobreza y exclusión.

No hay que confundir flexibilidad y desregulación como hacen algunos organismos internacionales. Nadie se puede oponer, en una sociedad tan cambiante como la actual, a ser flexibles y adaptarnos a la misma. Pero esto no significa que adaptarnos sea sinónimo de menos derechos y menos regulación. El crecimiento es necesario pero no es un objetivo en sí mismo, el objetivo es el bienestar y la felicidad de las personas en todo el mundo, y no de ciertos grupos exclusivos que viven en determinados lugares del Planeta.

La crisis económica y política en la que nos encontramos, donde cada vez es mayor el poder empresarial y menor el de las organizaciones sindicales, unido al miedo a perder el empleo, aunque sea precario, es un caldo de cultivo perfecto para perder la batalla de los derechos. La individualización del trabajador, especialmente el que se encuentra en una situación de mayor debilidad por sus condiciones laborales precarias, afecta negativamente a su posible implicación en organizaciones colectivas que defiendan sus intereses.

Así las cosas, nuestros deseos de tener el mejor trabajo, y en las mejores condiciones para nosotros y para nuestros familiares y amigos, deben pasar la esfera privada e individual y trasladarse a la acción política de los gobiernos y los agentes sociales. Es crucial un pacto social por el empleo que englobe la adaptación a un mundo cambiante y, a la vez, amplíe los derechos y la regulación.

Para acabar, y aunque parezca reiterativo, es necesario repetir una y mil veces que el trabajo y la pobreza no son una mercancía y constituyen un factor determinante para la prosperidad de todos. En un contexto de globalización, los valores fundamentales de libertad, dignidad humana, justicia social, seguridad y no discriminación son esenciales para un desarrollo sostenible en materia económica y social. La libertad de asociación y sindical, el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva, la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso y de discriminación, el diálogo social, tanto en el plano nacional como en el internacional, resultan ahora aún más pertinentes para lograr soluciones y fortalecer la cohesión social y el Estado de Derecho. Pongámonos a ello.

10 de junio de 2010

Óscar Iglesias

A continuación podéis leer el artículo que he publicado en Sistema Digital:

LA RONDA DE CAJASUR QUE LA PAGUEN LOS RESPONSABLES

 El Banco de España acordó el pasado sábado 22 de mayo la sustitución de los administradores de Cajasur y la designación como administrador provisional al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), ante la actuación irresponsable, caciquil y altanera de la Iglesia (Cabildo de la Catedral de Córdoba) en el proceso de integración con Unicaja.

Irresponsables que, por no perder influencia, han preferido la intervención del Banco de España a llegar a un acuerdo con Unicaja en el que se garantizaba la viabilidad, y los puestos de trabajo. Algo que en estos momentos no se puede garantizar en un escenario en el que están todas las opciones abiertas ( liquidación, subasta, venta por partes y la más acertada que es la fusión con Unicaja). Irresponsables por jugar con la credibilidad del sistema financiero español en un momento de tantas turbulencias en los mercados .E irresponsables por jugar con los vidas de los trabajadores y los ahorros de los clientes.

Hay que agradecer la actuación del Banco de España, aunque a lo mejor, y vista la actitud de los gestores de Cajasur, se debería haber producido hace ya bastantes meses. Aún así se actuó, y la intervención se adoptó como consecuencia de los problemas de viabilidad que presenta la entidad y ante la imposibilidad de culminar el acuerdo de integración con Unicaja.

El Banco de España ha garantizado que Cajasur pueda seguir operando con normalidad y cumplir con todas sus obligaciones frente a terceros, al suscribir los recursos de capital necesarios para que la Caja alcance un coeficiente de solvencia superior al mínimo legal y facilitar una línea de liquidez que le permita cubrir todas sus necesidades. Los depositantes y acreedores pueden estar totalmente tranquilos, pero los responsables tienen que pagar por lo que han hecho.

Hay un dicho popular que dice que el que manda tocar la guitarra es el que corre con los gastos de la fiesta. Y esta fiesta, que puede salir por más de 2.000 millones de euros, no la tenemos que pagar los ciudadanos con nuestros impuestos, tienen que pagarla los responsables individuales, los gestores, y el responsable último, que no es otro que la Iglesia.

Hay que exigir responsabilidades legales y penales a los gestores de una Caja que perdió 596 millones de euros el año pasado, quedando con un capital de alrededor de 240 millones. Hay que exigir responsabilidades a unos directivos que siguieron dando dinero al negocio del ladrillo, a pesar de las advertencias de los auditores y vulnerando la normativa sobre concentración de riesgos.

La sociedad tiene que recibir un mensaje de tranquilidad y los gestores de claridad por parte de la supervisión: no se van a permitir estos comportamientos que dañan a los ciudadanos, a los trabajadores y a la sociedad española en su conjunto. Y quien la hace la paga.

El Banco de España ha comenzado una investigación que, si aplica la Ley sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, derivará en sanciones a los ex directivos. La ley, en su artículo 15 es clara: quien ejerza en la entidad de crédito cargos administrativos o dirección será responsable de las infracciones muy graves o graves cuando estas sean imputables a su conducta dolosa o negligente. La cúpula de la entidad podría enfrentarse a multas individuales por importe no superior a 150.000 euros, y a la inhabilitación para ejercer cargos de administración o dirección en cualquier entidad de crédito o del sector financiero por plazo no superior a 10 años. Entre las infracciones muy graves, Cajasur podría haber incurrido en el mantenimiento de unos recursos propios inferiores a los exigidos, que ascienden al 8% mientras que los de la entidad se situan en el 3,7%.

Pero las responsabilidades no acaban aquí, porque estos caciques contarán con seguros de responsabilidad de sus actuaciones y con la complicidad eclesial. La fiscalía debe actuar contra los autores de semejante despropósito, porque así lo permite nuestro Código Penal en lo relativo a posibles estafas, apropiaciones indebidas, daños a terceros, delitos relativos al mercado y a los consumidores, delitos societarios, etc,etc,etc.

Y en paralelo, dentro de un sector financiero en pleno proceso de reestructuración hay que dar una salida rápida y adecuada a Cajasur. ¿Cuál? la respuesta es sencilla, la que se tenía que haber producido el pasado fin de semana si hubiera primado el interés general. Unicaja tiene un proyecto viable, preparado al detalle, aprobado por sus órganos de gobierno y con el conocimiento del Banco de España. Un proyecto dentro de la naturaleza de las cajas, con valor añadido para los clientes y trabajadores. No hay que darle más vueltas.

Las Cajas de Ahorro han contribuido al desarrollo social de España y a la estabilidad del sistema financiero de nuestro país. Y a pesar del FMI, lo seguirán haciendo con su actual naturaleza jurídica. Lo contrario sería quitar a los españoles un instrumento de progreso y bienestar social.

A continuación podéis leer el artículo que he publicado en Sistema Digital:

Cajas de Ahorro: más política y más capital

Las Cajas de Ahorro han demostrado en los últimos años una gran capacidad de adaptación a un entorno económico cambiante y cada vez más competitivo. Su labor ha contribuido al desarrollo social de España y a la estabilidad del sistema financiero de nuestro país. Pero las cosas han cambiado, por la crisis financiera internacional, y las Cajas tienen que volver a adaptarse. Y aquí entramos en el centro de la cuestión ¿Cómo?. Con más política y más capital. Parece evidente que hay que desterrar los obstáculos de patria chica que algunos hacen para impedir determinadas fusiones y reestructuraciones. Aunque más necesario aún es el destierro del discurso de la tan traída politización y del cambio de su naturaleza jurídica.

Es imprescindible que se produzcan fusiones y recapitalizar las Cajas de Ahorro, pero las dificultades de solvencia no justifican un cambio de la naturaleza de las Cajas y menos que tenga que ser con cuotas participativas con derechos políticos. Esta es una decisión política, pero puede y debe haber otras ¿cuales? pues clarificar los Sistemas Institucionales de Protección(SIP) o por ejemplo captar recursos con formulas como las que ha venido utilizando la Caixa, consistente en sacar a Bolsa su cartera de participaciones industriales. Y si alguien en este punto habla de Basilea III, le diré que la legitimidad democrática no puede ser nunca sustituida por otras. ¿Esto es politización?, no es democracia.

Las cuotas participativas suponen la entrada de capital privado en las Cajas y a la larga el comienzo de su privatización o si somos más exactos su conversión en sociedades anónimas que acabaran en manos de bancos. Una vez abierta la puerta, aunque sea un poco y con escaso éxito hasta el momento, se convertirán en el paso previo a la privatización de estas entidades que constituyen un elemento importante de bienestar social. Primero se regulan las cuotas participativas pero sin derechos políticos, después seguimos con la manida e interesada discusión de la politización de las Cajas vs profesionalización; a continuación damos derechos políticos a las cuotas participativas( ¿no es lo importante la rentabilidad?) y después, se van quitando límites hasta que llegamos al momento donde ya se las quedan los de siempre, es decir, los poderosos que nunca ponen coto a su avaricia sin fin.

Alguien puede pensar que exagero, pero sólo basta ver las continuas críticas del Fondo Monetario Internacional al modelo de Cajas de Ahorros, según ellos, por el control político que se ejerce en los órganos de administración o informes, como el elaborado por PriceWaterhousecoopers y presentado por Luis de Guindos, donde dicen que hay que obligar por ley a la emisión de cuotas participadas, disminuir los cargos en representación de las administraciones públicas en los consejos de administración y en la comisión de control de las Cajas hasta alcanzar el máximo del 25 %, y que dicha reducción podría ser ocupada por tenedores de cuotas participadas. Es evidente y solo les falta decirlo un poco más claro: nos queremos quedar con las Cajas sin disimulo.

Estoy en contra de las cuotas participativas con derechos políticos porque rechazo el determinismo económico y rechazo que la política sea tratada como la superestructura necesaria de una determinada base económica. Sí, sí, pienso que la política, la conquista de la libertad y la igualdad, precede a la economía y crea, por tanto, los valores centrales de la economía y la sociedad.

Sí, la política, frente a los discursos que pretenden disfrazar sus intereses privados con bonitos discursos a favor de los ciudadanos. Intereses de grupos de poder privado y de determinados intereses políticos que no buscan el interés general. Ya lo decía Milton Friedman en su obra “Capitalismo y libertad”, “existe una y sólo una responsabilidad social del negocio: usar sus recursos y enfrascarse en actividades diseñadas para incrementar las ganancias”.

Los ciudadanos nos enfrentamos no al capitalismo, que actualmente ya casi nadie sabe que es, sino a una economía que hoy es sinónimo de empresas transnacionales, bancos mundiales y economía financiera, que solo quiere ganar más y más y a cualquier precio. Y en esa voracidad quieren quedarse con las Cajas.

Por eso, cuando escucho a Rajoy decir que hemos de avanzar en la profesionalización de las Cajas, pienso que no ha pisado una sucursal en años, pero cuando acaba la frase diciendo que hay que alejarlas de lo político, me pregunto que concepción tiene este hombre de la democracia, porque solo la autonomía de la política y los derechos otorgan a los ciudadanos el poder real sobre sus propias vidas.

En un momento como el actual y vistas las consecuencias de un modelo especulativo financiero internacional, parece contradictorio que cuando hay que regular y contar con instituciones públicas que posibiliten y ayuden a la economía real, donde tenemos estos instrumentos en forma de Cajas de Ahorro se puedan desvirtuar o privatizar. Por este motivo, hay que defender la actual naturaleza jurídica de las Cajas de ahorro, por la prestación de servicios que realiza, por la reversión de parte de sus beneficios a través de su Obra social y por que el control tiene que estar en los ciudadanos, los impositores y los trabajadores. A partir de aquí seamos flexibles sin introducir caballos de Troya en forma de cuotas participativas con derechos políticos.

A continuación podéis leer el artículo que he publicado en Madridiario:
Europa es la solución
07-05-2010Óscar Iglesias

El próximo 9 de mayo celebraremos el Día de Europa 2010. Lo haremos en plena Presidencia Española de la Unión Europea y cuando se cumplen 60 años de la Declaración Schuman, que dio inicio político al proceso de construcción europea. En estas décadas, la Unión se ha convertido en la primera democracia supranacional existente en la historia y en un espacio político en el que la economía social de mercado garantiza niveles de bienestar y prosperidad nunca alcanzados hasta la fecha.

Eso no quiere decir que vivamos en el mejor de los mundos, como la crisis se ha encargado de demostrar: en la UE hay más de 20 millones de personas desempleadas y más de 50 viven por debajo del umbral de la pobreza.
Pero la UE es el único y el mejor instrumento para hacer frente a la crisis, crear empleo y promover la inclusión social, como también para apoyar el multilateralismo, combatir el cambio climático y garantizar la igualdad entre la mujer y el hombre.

Para fortalecer la UE está actuando con acierto la Presidencia Española. Lo hace desarrollando el Tratado de Lisboa –que acaba de entrar en vigor- y alentando la existencia de un gobierno económico y social que complete al euro, uno de nuestros mayores éxitos colectivos. Así no dudaremos en Europa en atacar a los especuladores financieros y ayudar a miembros de la Unión como Grecia, cuando lo necesiten y sin demoras.

Por eso, merece la pena el domingo izar la bandera europea en el emplazamiento permanente que a partir de ahora tendrá en la Glorieta de San Vicente de Madrid. Porque esa bandera representa valores que todos compartimos y derechos que todos defendemos, de una Europa que es la solución, no el problema.

Apoyo a la Declaración y al acto organizado por CCOO y UGT en solidaridad con el juez Baltasar Garzón al que acudiré mañana.

CCOO y UGT han realizado una Declaración en apoyo del juez Baltasar Garzón y, asimismo, han organizado un acto de apoyo quee realizará en el Anfiteatro “Ramón y Cajal” de la facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid, a las 11.30 horas, el día 13 de abril.

Declaración de CCOO y UGT en apoyo del juez Baltasar Garzón

La actuación del Juez Garzón en la instrucción de la histórica causa contra los crímenes de lesa humanidad cometidos por el franquismo a raíz del golpe de Estado contra la legalidad constitucional republicana en julio de 1936 y la guerra civil y la posguerra, perseguía buscar a las personas desaparecidas y recuperar los restos mortales de las personas asesinadas y verificar los hechos y la revelación pública y completa de la verdad, procurando una declaración oficial o decisión judicial que restableciera ante tales crímenes, la dignidad de las víctimas, de sus familiares y de la sociedad en su conjunto; compatibilizando la actuación judicial penal con la Ley de la Memoria Histórica, en interés siempre de las víctimas.

El Tribunal Supremo en lugar de resolver los recursos y cuestiones de competencia pendientes en relación a la causa contra los crímenes del franquismo, que tienen una evidente trascendencia histórica, social y jurídica ha admitido querellas interpuestas por grupos ultraderechistas alegando una presunta prevaricación del Juez Garzón, en su investigación sobre los crímenes del franquismo, consistentes en el plan sistemático y preconcebido de eliminación o exterminio de oponentes políticos, muchos de ellos por su condición de sindicalistas.

Las querellas interpuestas ante el Tribunal Supremo persiguen injustamente al Juez Garzón también por otras actuaciones judiciales, como la instrucción de los graves delitos de corrupción política del caso Gürtel.

Por otra parte en las actuaciones del órgano de gobierno de los jueces respecto al juez Garzón parecen estar pesando razones extrajudiciales.

Considerar que un Juez comete delito de prevaricación porque se disiente de su criterio jurídico, que está motivado y fundado, compromete gravemente el Estado de Derecho y la independencia del poder judicial; y la persecución del Juez Garzón cuestiona la consideración de la Justicia en la sociedad española, y también en el ámbito internacional.

Los impedimentos jurídicos que se sostienen por algunos para hacer inviable la causa de los crímenes contra la Humanidad del franquismo, hubieran hecho imposible también el Proceso de Nüremberg contra los criminales nazis.

Nadie puede pretender erigirse en garante de la legalidad del Estado social y democrático de Derecho en el que vivimos, amparando vulneraciones de la memoria histórica y favoreciendo la impunidad de la corrupción política.

La especial gravedad de estos hechos, relacionada con  el contenido esencial de la democracia en España nos obliga a CCOO y UGT a un pronunciamiento al respecto, porque afectan a la lucha antifranquista y a la memoria histórica de una parte, y a la persecución y castigo de la corrupción de otra.

Para UGT y CCOO ningún poder está libre de control en una sociedad democrática: tampoco la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ni el Consejo General del Poder Judicial.

CCOO y UGT quieren manifestar públicamente su solidaridad en estas horas con el Juez Garzón y el reconocimiento de su trayectoria ejemplar de defensa de los Derechos Humanos; y también exigimos al Tribunal Supremo que termine de manera inmediata la persecución injusta contra el Juez Garzón y que resuelva ya las cuestiones pendientes en su sede sobre la causa de los crímenes contra la Humanidad del franquismo.”

A continuación podéis leer el artículo que he publicado en Madridiario:

Europa contra la violencia de género
 
La Presidencia Española de la UE se ha marcado el objetivo ser eminentemente ciudadana, tanto por la eficacia de las políticas que pretende impulsar durante el semestre como por los derechos que desea fortalecer en ese mismo período.

Por ello, ha situado entre sus prioridades la lucha contra la violencia de género, un fenómeno y un delito que afectan a todos los países de la Unión. Nuestro país tiene, en ese sentido, la autoridad política y moral de estar a la cabeza en ese combate, habiendo adoptado leyes y puesto en marcha medidas pioneras en el ámbito de la UE.

El objetivo de eliminar la violencia de género debe formar parte de un esfuerzo europeo compartido. En esa dirección, la Presidencia Española ha propuesto dos medidas de gran calado: la creación de un Observatorio de la Violencia de Género —capaz de radiografiarla y, sobre la base de la información sistemática obtenida, facilitar la toma de decisiones— y la adopción de una Ley de Protección de las Víctimas de tal delito.

Estoy seguro de que todos los países de la Unión y el conjunto de las instituciones comunitarias apoyarán decididamente la iniciativa española. Su impulso y materialización en estos meses serán la mejor noticia que Europa puede dar al conjunto de la ciudadanía europea y, en primer y destacado lugar, a su mayoría: las mujeres con motivo del 8 de marzo.

Óscar Iglesias
Presidente del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Madrid

 La impunidad se ensaña en nuestro país con el Juez que la ha combatido, el señor Garzón. Si no se remedia, los falangistas, si los falangistas harán que seamos la única nación del mundo en la que atreverse a hablar de nuestros crímenes de guerra y de nuestros criminales de guerra acaba costándole la carrera al magistrado que lo ha hecho.

Garzón no es superman. Tampoco el guerrero del antifaz. Ha cometido errores, por supuesto, pero entre sus aciertos está el haber cumplido con su deber como Juez de la Audiencia Nacional interesándose por causas justas en el marco del derecho internacional, la ley y los derechos humanos. Pese a quien pese, hay que reconocer que es de los pioneros de la justicia universal en este mundo globalizado.

Si la extrema derecha consigue acabar con Garzón, todos habremos perdido. Y la primera que lo hará, lamentablemente, será la democracia española.

¿Qué pensarán los familiares de las víctimas del franquismo? ¿Qué sentirán los que tienen a sus seres queridos enterrados en fosas comunes o en las cunetas? ¿Qué opinión tendrán los familiares de los damnificados por crímenes contra la humanidad? ¿Qué sentimiento tendrán los represaliados chilenos de la dictadura de Pinochet? ¿Qué idea albergarán los que sufrieron el genocidio, la tortura y el terrorismo del Plan Cóndor de las dictaduras latinoamericanas? ¿Qué pasará con el proceso abierto contra los responsables de la cárcel de Guantánamo?

Las víctimas de las violaciones de los derechos humanos se merecen a Garzón. Merecemos su labor para que ningún crimen ni criminal quede impune. La memoria y la libertad así lo demandan.
 
 Y que sepan los voceros que, hagan lo que hagan, en ningún caso los crímenes del franquismo o de cualquier otra dictadura quedarán impunes, porque siempre habrá un Garzón, una Carla del Ponte, un Eugenio R. Zaffaroni, un Juan Guzmán, un Sergio García Ramírez y miles de jóvenes estudiantes de derechos que desean emularles.

Óscar Iglesias.
Presidente del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Madrid.

El terremoto que ha asolado Haití, causando un número terrible de víctimas y una destrucción material incalculable, representa una enorme tragedia para ese país y, desde luego, un desafío a la Comunidad Internacional, que debe empeñarse en poner todos los medios a su alcance para socorrer a los heridos, buscar a los desaparecidos y facilitar cuanta ayuda humanitaria de emergencia sea menester. Así lo han hecho ya la Unión Europea –gracias a la eficaz gestión de la Presidencia Española del Consejo y de la Alta representante para la Política Exterior- y nuestro país, empezando por el Gobierno central y siguiendo por el resto de administraciones públicas y sociedad civil.

Contra la fuerza desatada de la naturaleza, el hombre tiene en sus manos la posibilidad de construir, gracias al desarrollo sostenible y la construcción de una auténtica seguridad humana, los medios para paliar lo que los fenómenos naturales pueden causar. Haití, uno de los países más pobres del Planeta, ha vuelto a ser la demostración brutal de que la pobreza y el subdesarrollo son los mejores aliados de los terremotos. Si no podemos parar la fuerza de los elementos, al menos hagámosle frente con la obligación de que todos los seres humanos vivan dignamente, porque esa será su mejor protección frente a lo que no se puede evitar.

 lunes, 16 de marzo de 2009 a las 22:12

Washington.- El presidente estadounidense, Barack Obama, ha pedido al secretario del Tesoro, Timothy Geithner, que busque cualquier resquicio legal que impida el pago de las multimillonarias bonificaciones de AIG a los directivos que hundieron la firma.
AIG pagará 450 millones de dólares (349 millones de euros) en bonus a los empleados de su división de productos financieros, la filial cuyas arriesgadas inversiones han provocado que fuera salvada con el dinero de los contribuyentes para evitar el desplome del sistema financiero mundial. Al final, un 80% de la firma fue nacionalizada.
De los 450 millones de dólares repartidos en primas, 165 millones han sido bonificaciones a los principales directivos de AIG. Ello ha sido calificado de “indignante” por Obama.
Por ello, el fiscal del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, ha reclamado a la aseguradora información detallada sobre los ejecutivos a quienes planea abonar millones de dólares en compensaciones para investigar la legalidad de esos pagos.
En una carta enviada al presidente y consejero delegado de AIG, Edward Liddy, Cuomo recuerda que su oficina ha estado investigando los acuerdos sobre compensaciones en esa empresa desde el pasado otoño. “Encubrir los detalles de esos pagos genera más cinismo y desconfianza en nuestro ya convulso sistema financiero”, argumenta Cuomo.
Por su parte, Obama critica la actitud de AIG. “Es difícil entender cómo se justifica esto ante el contribuyente que mantiene la empresa a flote”, dijo antes de explicar que “no es una cuestión de dólares y centavos, estamos hablando de nuestros valores fundamentales”.
“Que quede claro que el secretario del Tesoro está trabajando en evitarlo”, advirtió el presidente de Estados Unidos.
“Mucha gente está trabajando duro, muchos empresarios están luchando por conseguir crédito”, agregó Obama al comparar las inmensas ayudas recibidas por AIG respecto a muchas pequeñas y medianas empresas que se encuentran desprotegidas en la crisis.
“Lo que esta situación subraya es la necesidad de una reforma exhaustiva del sistema regulador financiero, para que no nos volvamos a encontrar en esta posición”, concluyó Obama.

Obama pone en marcha la plena cobertura sanitaria
El primer presupuesto del presidente demócrata aumenta la presión fiscal sobre los más ricos
ANTONIO CAÑO – Washington – 27/02/2009

Los primeros presupuestos de la era Obama, que el presidente de EE UU envió ayer al Congreso, elevan el déficit hasta los 1,75 billones de dólares -1,37 billones de euros, el mayor desde la II Guerra Mundial-, aumentan la carga fiscal sobre los ricos y crean un fondo a largo plazo para conseguir la extensión universal del seguro de salud.

Los primeros presupuestos de la era Obama, que el presidente de EE UU envió ayer al Congreso, elevan el déficit hasta los 1,75 billones de dólares -1,37 billones de euros, el mayor desde la II Guerra Mundial-, aumentan la carga fiscal sobre los ricos y crean un fondo a largo plazo para conseguir la extensión universal del seguro de salud.

Son unos presupuestos que responden a una vocación política redistributiva, que intentan anticiparse a reformas imprescindibles en la economía del futuro y que, al mismo tiempo, se marcan como objetivo final el reequilibrio de las cuentas del Estado.

“Aunque tenemos que aumentar nuestro déficit a corto plazo para proveer ayuda inmediata a las familias que están sufriendo por la situación económica, sólo mediante la restauración de la disciplina fiscal a largo plazo podemos producir un crecimiento sostenido y una prosperidad compartida”, dijo Barack Obama en la presentación del documento de 140 páginas que recoge la filosofía y las prioridades de los presupuestos de 2010, que entrarán en vigor el 1 de octubre y alcanzan la cifra total de 3,5 billones de dólares. El grueso de los detalles sobre las diferentes partidas llegará al Capitolio en abril.

“Estos presupuestos son un relato honesto de dónde estamos y qué intentamos hacer”, manifestó el presidente. Son, por supuesto, un considerable cambio de rumbo respecto al Gobierno de George Bush, pero tampoco son unos presupuestos socialdemócratas. El gasto social busca el aumento de la competitividad, las inversiones públicas pretenden la revitalización del sector privado, el déficit promete ser perecedero y el incremento de la presión fiscal se limita a los ingresos superiores a los 250.000 dólares anuales.

“Ninguna parte de este presupuesto”, prometió ayer el presidente, “está libre al escrutinio ni es intocable a las reformas. Lo que no quiero hacer es sacrificar inversiones que harán a Estados Unidos más fuerte, más competitivo y más próspero en el siglo XXI”.

La principal inversión de ese tipo -probablemente, la estrella de este presupuesto- es la asignación de un fondo de 634.000 millones de dólares para una reforma sanitaria que garantice plena cobertura en una década. Esa cantidad es, aproximadamente, la mitad de lo que se calcula que puede acabar costando esa operación, y saldrá de la eliminación de algunas ventajas fiscales que ahora tienen los ricos y de la renegociación de lo que el Estado paga actualmente a los seguros privados por la atención sanitaria a los mayores. Pese a tener más de 40 millones de personas sin cobertura, Estados Unidos gasta 2,4 billones de dólares al año en salud.

En cuanto a las ventajas fiscales afectadas por estos presupuestos, los contribuyentes de ingresos más altos podían hasta ahora deducirse por sus hipotecas y sus donaciones en la misma proporción que el tipo máximo que pagaban en su declaración de impuestos, esto es, el 35%.

A partir de ahora, las declaraciones familiares superiores a los 250.000 dólares -200.000 para las individuales- sólo podrán aplicarse una deducción del 28%. El propósito último de Obama es aumentar el tipo máximo hasta el 39,6%.

Para las clases medias, en cambio, se establece de forma permanente el alivio fiscal de 400 dólares por persona y año que está incluido en la ley de estímulo económico, una de las causantes del inmediato incremento de la deuda pública.

Pese a todo, el acento de este presupuesto no está puesto en el ámbito impositivo, aunque será ése el que más hostilidad despierte de parte del partido de la oposición y de algunos economistas que temen el efecto que una mayor presión fiscal pueda tener en tiempos de recesión económica.

“Todo el mundo está de acuerdo en que los norteamericanos merecen tener a su alcance la atención sanitaria. Pero, ¿es subir impuestos durante un periodo de recesión el mejor camino para cumplir ese objetivo?”, se preguntó ayer el líder de la minoría republicana en la Cámara de Representantes, John Boehner.

El acento de las cuentas de Obama está puesto, en realidad, en las reformas estructurales y en la modificación de los criterios sobre los gastos. Además de la apuesta sanitaria en perspectiva de diez años, se incluye una inversión de 150.000 millones de dólares en el mismo plazo para el desarrollo de energías alternativas. “Es una inversión que pondrá a la gente a trabajar, hará nuestra nación más segura y nos ayudará a cumplir nuestras obligaciones con la Tierra en la que todos vivimos”, declaró.

En el ámbito de la política medioambiental, el proyecto enviado al Congreso incluye, como existe ya en muchos otros países del mundo, la obligación de que las empresas que exceden unos límites establecidos de emisión de gases contaminantes tengan que pagar una determinada tasa para poder continuar su actividad.

Al mismo tiempo, Obama aseguró que este presupuesto identifica áreas en las que se pueden eliminar cerca de 2 billones de gastos prescindibles, lo que ayudaría a cumplir con la meta de recortar el déficit previsto hoy, que representa el 12% del Producto Interior Bruto (PIB), hasta los 533.000 millones de dólares (3% del PIB) para el final de la legislatura, en 2012. Hasta esa fecha, el cálculo es que el déficit se mantenga en torno al billón de dólares cada año. “No vamos a continuar con contratos en los que hemos desperdiciado decenas de miles de millones de dólares en Irak y vamos a acabar con las ayudas fiscales para las empresas que se lleven sus puestos de trabajo al extranjero”, prometió Obama. Queda por delante un largo debate y algunos meses de acentuada crisis que pueden modificar los planes de este presupuesto. Queda, por ejemplo, establecer cuánto dinero más van a necesitar los bancos para evitar la quiebra -en este presupuesto se calculan 750.000 millones de dólares- y cuántas tropas van a ser, en realidad, necesarias en Afganistán.

¿QUIÉN GANA CON EL NUEVO PRESUPUESTO?. Un alivio para la clase media

- Sistema financiero. Se reservan 250.000 millones de dólares (casi 200.000 millones de euros) para ayudar a los bancos en apuros, siempre que sea necesario.

- Cambio climático. El presupuesto prevé ingresar 600.000 millones de dólares, a partir de 2012 y durante siete años, gracias a un nuevo sistema de compraventa de derechos de emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera, una de las propuestas clave de Obama para combatir el calentamiento global.

- Reforma sanitaria. Un nuevo fondo de reserva, con 634.000 millones de dólares (casi medio billón de euros) presupuestados durante diez años, para acometer el programa sanitario de la nueva Administración. En Estados Unidos, más de 40 millones de ciudadanos no tienen cobertura médica, y el presidente Barack Obama quiere reducir esta cifra con seguros más asequibles.

- Obras públicas. Con el fin de dar un impulso a la economía, el presupuesto contempla grandes inversiones públicas en infraestructuras.

- Clases medias. Se ven beneficiadas con la reforma fiscal de Obama, que prevé rebajas de impuestos para las clases medias, y el alivio fiscal de 400 dólares por persona y año.
¿QUIÉN PIERDE?. Menos ayudas al campo

- Gasto en defensa. Las guerras de Irak y de Afganistán se llevarán este año 140.000 millones de dólares y otros 130.000 millones en el año fiscal correspondiente a 2010, que empieza el 1 de octubre de 2009. Después, los costes anuales caerán hasta 50.000 millones.

Washington tiene la intención de retirarse de Irak en agosto de 2010. En 2008, la Casa Blanca gastó en esos dos conflictos más de 190.000 millones de dólares.

- Los más ricos. El Presupuesto contempla una subida de impuestos para las rentas más altas (parejas con ingresos de más de 250.000 dólares al año, es decir, casi 200.000 euros) con el objetivo de ingresar 318.000 millones de dólares adicionales a lo largo de 10 años y reducir el déficit.

La recaudación de impuestos aumenta, de forma que la presión fiscal pasa del 16% del producto interior bruto actual al 19% para el año 2013.

- Grandes agricultores. El presupuesto contempla recortes en las ayudas que se destinan a la agricultura. El Gobierno estadounidense retirará paulatinamente los pagos que reciben los propietarios de grandes cultivos y también eliminará los subsidios que reciben los agricultores por el almacenamiento de algodón.

Con estas medidas, Estados Unidos prevé ahorrar más de 10.000 millones de dólares en 10 diez años.