El gerente del Club de Campo, imputado por un delito urbanístico
M. MARTÍN – Madrid – 22/07/2010

El gerente del Club de Campo, Joaquín Castillo Dolagaray, está citado hoy en el Juzgado de Instrucción número 13 de Madrid para declarar en calidad de imputado por una serie de obras realizadas en el recinto del complejo sin contar con los correspondientes permisos. Se le acusa de un supuesto delito contra la ordenación del territorio. El Club de Campo, presidido por el vicealcalde Manuel Cobo, es una sociedad mixta de la que el Ayuntamiento posee el 51%.

El supuesto delito al que se refiere el juez se habría cometido al ejecutarse las obras de ampliación de la piscina cubierta y del gimnasio del club en suelo público y sin contar con las licencias oportunas. Los hechos los denunció un particular ante la Fiscalía de Medio Ambiente y el caso se investiga ahora en el juzgado de instrucción.

El juez, tras recibir la denuncia de la Fiscalía de Medio Ambiente, considera que los hechos “presentan características que hacen presumir de la posible existencia de una infracción penal”.

Paradójicamente, el propio Ayuntamiento, desde la Concejalía de Urbanismo, ordenó en mayo de 2009, la demolición “de las obras abusivamente realizadas” en el gimnasio -construido con una subvención pública de 500.000 euros-, pero nunca llegó a ejecutarla.

La Dirección General de Patrimonio de la Comunidad de Madrid, que el pasado año otorgó a la Casa de Campo la calificación de Bien de Interés Cultural, ha remitido al juzgado un informe sobre el posible perjuicio o no al patrimonio histórico, tal y como le requirió el juez, según una portavoz que declinó dar más detalles sobre su contenido.

“Hechos muy graves”
El Consistorio mantiene que se trata de una cuestión de “interpretación urbanística” que aclarará el gerente y que “se han seguido todos los pasos legalmente necesarios”. “Ganaremos el recurso en la instancia que sea”, afirmaron fuentes municipales. Las mismas fuentes rechazan que el Ayuntamiento no pueda ejecutar obras en terreno de dominio público. “Son terrenos de su propiedad y se puede construir”, aseguran.

El concejal socialista Óscar Iglesias, que conoció ayer la imputación del gerente, considera los hechos como “muy graves” y exige al Ayuntamiento que dé las explicaciones oportunas. “Si las acusaciones se confirman, tendrán que depurarse responsabilidades”, afirmó Iglesias.

Empezaba el último debate del mandato 2007-2011 sobre la situación del distrito, celebrado el pasado mes, con la lectura de la concejal-presidenta, Paloma Gar-cía Romero, de 35 folios que repasaban todas las actuaciones realizadas por la Junta Municipal de Tetuán en estos tres años de legislatura.
El texto enumeraba la rehabilitación de calles y barrios; la construcción de numerosos equipamientos –educativos, deportivos, culturales, para mayores, sociales, para jóvenes…–; los programas de ayuda social y familiar; las actividades lúdicas celebradas, y los órganos de participación, entre otros asuntos. La crisis económica que azota el país supuso, por otro lado, un importante punto de apoyo del discurso de los populares, como también caben destacar de él dos datos: “De cada 100 euros de impuestos de un ciudadano, sólo 12 los gestiona su ayuntamiento”; y de las 274 proposiciones presentadas en este mandato, un 51% de ellas ha sido aprobado por unanimidad.
Para la oposición, en cambio, el panorama no es tan alentador. El grupo municipal socialista llegó a catalogar el mandato popular como “tres años perdidos”, mientras que IU Tetuán incidía en el interés por favorecer a la empresa privada.
“El distrito está mal, hay problemas estructurales: se habla de participación social, pero la realidad es que la Junta va por un lado, y los vecinos por otro. El gran problema es la falta de descentralización de competencias”. De esta forma iniciaba su intervención el concejal-portavoz de los socialistas, Óscar Iglesias, quien dedicó una parte de su turno a hablar del endeudamiento, el despilfarro y la mala gestión del Ayuntamiento de Madrid (“cuyas concejalías han visto incrementado su presupuesto en un 79,8%, cuando las Juntas de Distrito lo han hecho sólo en un 11%”). Recordaba también Iglesias que muchas de las mejoras que se han hecho en Tetuán han sido financiadas con subvenciones estatales, provenientes del Fondo Estatal de Inversión Local (FEIL).
Ahondando en el distrito, el portavoz tocó temas como la pérdida de empleo, el empobrecimiento y el envejecimiento de la población, o la integración de los inmigrantes, “sobre lo cual no se está haciendo nada para remediarlo. Porque no sólo basta con aprobar las propuestas que traemos la oposición, sino que hay que llevar a cabo ese compromiso”. Los socialistas insistían en el escaso poder de ejecución de la Junta, que depende siempre de la decisión de las distintas áreas municipales “debido a la centralización de competencias”.
Sobre el incumplimiento del programa electoral del PP, Óscar Iglesias citó cuestiones “que se han alargado tanto en el tiempo” como las cocheras de Cuatro Caminos (“que llevan siete años de retraso”), la reforma de Azca (“de momento, sólo vemos El Corte Inglés”), el paseo de la Dirección (“no se están cumpliendo los plazos”) o la rehabilitación del distrito (“cuyo estudio, de 2005, señalaba que debía actuarse sobre 10.000 viviendas”).
Por último, y en torno a la participación ciudadana a la que ya se refirió, el portavoz socialista ponía en tela de juicio la función del órgano del Consejo Terri-torial, de cuyas “buenas intenciones” no dudaba, pero sí del “calado de sus iniciativas”, así como del interés por parte de la Junta de promocionar la implicación vecinal en los asuntos de la vida política.
“A veces nos da la sensación de que quien hace la función de gobernar somos la oposición. Nos alegra que se aprueben nuestras proposiciones, pero cúmplanlas, ya que algunas están aún en fase de estudio”, denunciaba, llegado su turno, el concejal-portavoz de IU Tetuán, David Javier Sánchez-Camacho.
En contestación a las reformas de algunos viales y a la construcción de diversas instalaciones aludidas por la concejal-presidenta al inicio del debate, este grupo comentaba: “La reforma de Bravo Murillo ha sido buena, pero para los vecinos de esa calle, no para los de las aledañas, quienes siguen esperando que se actúe en ellas. Y de qué nos sirve tener otro polideportivo –el “Antonio Díaz-Miguel”–, si el carné de los antiguos centros no sirve para los nuevos… Una vez más, prevalece el interés por favorecer a las empresas privadas” –por la gestión que éstas hacen de muchos servicios públicos–.
Sánchez-Camacho tuvo tiempo también para recordar a los afectados de Conazca, al hilo de la “protección social y el fomento del empleo”; la congelación de las políticas de familia, inmigración y juventud; la desaparición de partidas como la de drogodependencia, “un problema éste muy presente en nuestro distrito” o la concesión de licencias urbanísticas, “tema que daría para hacer un Pleno monográfico”.
Finalmente, IU Tetuán trasladó a los presentes sus “propuestas para cambiar el distrito”, entre las que se encontraban: el desarrollo del Pacto Local, “paralizado desde hace ocho años”; la transformación del modelo participativo, poniendo ejemplos como el seguido en ciudades como Sevilla, Córdoba, o Marinaleda (un pueblo de Sevilla en el que todas las decisiones se toman entre los vecinos de forma asamblearia); la promoción de la vivienda en alquiler, “que supone un 80% del total de la demanda de los jóvenes”, como también, y ya a nivel general, “la necesidad de un gran cambio en el modelo productivo”.
De esta forma ve, por tanto, la oposición política, la situación actual de nuestro distrito.

CRISTINA SÁNCHEZ

Por fin buenas noticias
02-07-2010Óscar Iglesias

El paro ha descendido por tercer mes consecutivo. En 90 días, hemos dejado atrás la cifra de los cuatro millones de desempleados. La noticia es buena, en primer lugar, para quienes han encontrado trabajo. Pero también para todos los trabajadores, con o sin empleo, pues señala que se atisba una mejoría en el primer problema del país.

No seré yo de los que tiren cohetes, porque los números siguen siendo muy negativos. Pero tampoco me encontrarán entre los que quieren enfriar –o incluso hacer desaparecer- las noticias positivas. ¿Se imaginan si hubiera sido al revés? ¿Habrían cabido los datos conocidos hoy en los titulares de los periódicos, aunque los hubiéramos puesto de forma apaisada?

En fin, hay quien señala que la creación de empleo es estacional. Pero ¿qué significa estacional? Si se trata de rebajar la importancia de los puestos de trabajo generados identificándolos con el turismo como algo pasajero, la palabra no es la correcta. Sí, el turismo alcanza su cenit  en verano. Más no por eso puede olvidarse que se trata de la primera industria nacional, con casi el 11 % del PIB y cientos y cientos de miles de empleos, que ha contribuido al desarrollo de grandes zonas de España.

Da la impresión, en todo caso, que las cosas empiezan a moverse en la buena dirección. Y tengo la impresión de que los próximos meses confirmarán la tendencia. Si además de las decisiones adoptadas y de las que vendrán, tuviéramos una fuerte unidad política y social, la recuperación iría todavía más deprisa. De momento, nos quedamos con los buenos datos y con el éxito de la Presidencia Española de la UE, que celebramos hace unos días con la sociedad civil en un acto multitudinario en la Casa de América.

Ruiz-Gallardón quiere echar al Estudiantes del Madrid Arena
El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, quiere echar al Estudiantes de baloncesto del Telefónica Madrid Arena, donde lleva jugando las últimas cinco temporadas, según dijo a este periódico Óscar Iglesias, presidente del Grupo Municipal Socialista.

Hace dos años, la empresa municipal Madrid Espacios y Congresos, que preside Luis Blázquez, ya intentó echar al popular club de baloncesto, pero finalmente no se logró el objetivo.

El próximo día 30 de junio vence el contrato y el Ayuntamiento quiere que el club busque otra pista donde jugar para que se pueda utilizar el Espacio Arena para organizar conciertos, congresos y actos que permitan reducir las pérdidas que tiene este pabellón.

Óscar Iglesias precisó que dirigirá una pregunta en el próximo Pleno para que el Ayuntamiento explique las razones que alega para echar al estudiantes de un pabellón que han pagado todos los madrileños. «El Estudiantes es un club popular que apuesta por el deporte de base y el Ayuntamiento quiere echarlo de unas instalaciones para privatizarlas», añadió.

PSOE exige que se convoque más a menudo los exámenes de portero porque aún hacen falta más de 12.000 licencias
MADRID, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -
   El presidente del Grupo Municipal Socialista en Madrid y portavoz en la comisión de Seguridad del Ayuntamiento, Óscar Iglesias, exigió hoy a los gobiernos autonómico y local que convoquen más a menudo las pruebas para conseguir la licencia de portero de locales de ocio porque, según sus datos, aún hacen falta unas 12.000 licencias en la ciudad.
    En declaraciones a Europa Press, Iglesias exigió que se “convoquen de forma periódica más exámenes para cubrir las plazas de porteros en los locales de ocio nocturno de la ciudad”. Según sus datos, frente a las 15.000 autorizaciones necesarias sólo se han conseguido 2.896 acreditaciones.
   “El decreto regional que regula esa ocupación entró en vigor el 5 de abril de 2009, pero todavía continúa un desfase de cifras altamente llamativo: los exámenes, hasta la fecha, los han aprobado 2.896 personas, cuando se calcula que hay unas 15.000 que realizan el trabajo de portero”, explicó el edil.
   Además, consideró que “la dejación e improvisación mostradas por el Ayuntamiento y la Comunidad en el tema de los porteros  han creado una situación que pone en riesgo la seguridad de los madrileños que desean disfrutar de su ocio nocturno los fines de semana”.
   Finalmente, Iglesias instó al Gobierno municipal a que ponga en marcha un Plan Especial Permanente de Inspección y Control de los Locales de Ocio Nocturno a fin de garantizar que sólo los porteros que han superado las pruebas y han  conseguido la habilitación de la Comunidad de Madrid van a ejercer de tales.
   Estas críticas coinciden precisamente con la convocatoria, hoy, de la tercera prueba de conocimientos, para la que se han presentado 1.495 solicitudes de las que 1.468 han sido admitidas

EL TRABAJO NO ES UNA MERCANCÍA

 En estos días, donde se habla tanto de la reforma laboral, es importante y hasta imprescindible, comenzar diciendo una obviedad que en muchas ocasiones se olvida. Hablar de empleo es, además de economía, hablar de las esperanzas o de las angustias de millones de personas. Pero también, de la sociedad en la que vivimos y del tipo de sociedad en la que queremos vivir. La cifra de desempleo mundial alcanzó en 2009 los 212 millones de personas, 34 millones más que en 2007. Los países mas afectados el año pasado fueron las economías desarrolladas y la UE, que han concentrado más del 40 % del desempleo global desde 2007. Pero, lejos de tocar fondo, la OIT augura que en 2010, tres millones de personas más perderán su trabajo en estos países. A estos datos, hay que añadir la inseguridad y la precariedad de muchos millones de los que trabajan. Esta situación es insostenible, una sociedad que no genere empleo está abocada al fracaso. Primero con exclusión y dualidad social y, posteriormente, con un conflicto social generalizado.

Durante las últimas décadas, el crecimiento económico ha sido espectacular y ha provocado la acumulación de la riqueza en pocas manos. En paralelo, si era grave el aumento de la desigualdad, peor aún es el proceso que se ha iniciado de ruptura de la estructura social existente, que se hace evidente en la crisis que sufrimos del empleo, antes incluso de la crisis actual, y en la fragmentación y heterogeneidad de la estructura ocupacional que existe hoy. Estamos en un círculo vicioso, donde la desigualdad laboral está generando desigualdad social, y esa desigualdad social acentúa la desigualdad laboral. Esta espiral debe ser eliminada con la actuación decidida de los poderes públicos para conseguir una Sociedad del Bienestar.

El trabajo no es una mercancía. Por tanto, frente a la inseguridad, la incertidumbre, y la precariedad, es decir, frente al desempleo y el trabajo inseguro hay que volver a las políticas orientadas al pleno empleo y a la función social del empleo. Esto significa, generar unos ingresos suficientes que cubran nuestras necesidades económicas, pero también, procurar bienestar y satisfacción moral a los trabajadores en el desempeño de sus tareas. A nadie se le puede escapar que el trabajo ocupa un lugar central en las relaciones sociales y en la vida del hombre.

Cuando se producen niveles de desempleo tan amplios y cuando la precariedad laboral se consolida, estos hechos afectan a todos los ámbitos de la vida social. Afecta a quien la sufre, que se siente menospreciado en su trabajo, infrautilizado y explotado, pero también a su visión y actitud ante un futuro que ve lleno de incertidumbres e inseguridades. Hay un dato revelador, el temor a ser despedido afecta cada vez a más trabajadores, lo que tiene un efecto directo a la hora de su implicación colectiva en la defensa de sus derechos y en el aumento del poder empresarial. Ciudadanos con derechos reconocidos constitucionalmente, se convierten en sujetos vulnerables y frágiles cuando entran por la puerta de sus lugares de trabajo o cuando pierden el empleo, debido a la precariedad laboral y social que sufren.

La globalización ha transformado nuestra sociedad, y su desgobierno democrático está reduciendo derechos consolidados en los espacios nacionales al socaire de un mercado que supuestamente se autorregula. Esta realidad, de dominio y sumisión encubierta de libertad de circulación económica, está modificando profundamente el mercado de trabajo, y lo ha fragmentado ampliando la precariedad y la inestabilidad laboral.

De la crisis se sale con la creación de empleo o no se sale. El objetivo de creación de empleo debe ser el prioritario si queremos que la sociedad pueda ser viable. La desregulación y degeneración que se produce en el trabajo con el debilitamiento de la estructura salarial, con el incremento del tiempo de trabajo para obtener los medios necesarios para la subsistencia, con el aumento de los trabajadores pobres, también en las sociedades más desarrolladas), donde tener un empleo no garantiza un nivel de vida mínimamente adecuado, genera más pobreza y exclusión.

No hay que confundir flexibilidad y desregulación como hacen algunos organismos internacionales. Nadie se puede oponer, en una sociedad tan cambiante como la actual, a ser flexibles y adaptarnos a la misma. Pero esto no significa que adaptarnos sea sinónimo de menos derechos y menos regulación. El crecimiento es necesario pero no es un objetivo en sí mismo, el objetivo es el bienestar y la felicidad de las personas en todo el mundo, y no de ciertos grupos exclusivos que viven en determinados lugares del Planeta.

La crisis económica y política en la que nos encontramos, donde cada vez es mayor el poder empresarial y menor el de las organizaciones sindicales, unido al miedo a perder el empleo, aunque sea precario, es un caldo de cultivo perfecto para perder la batalla de los derechos. La individualización del trabajador, especialmente el que se encuentra en una situación de mayor debilidad por sus condiciones laborales precarias, afecta negativamente a su posible implicación en organizaciones colectivas que defiendan sus intereses.

Así las cosas, nuestros deseos de tener el mejor trabajo, y en las mejores condiciones para nosotros y para nuestros familiares y amigos, deben pasar la esfera privada e individual y trasladarse a la acción política de los gobiernos y los agentes sociales. Es crucial un pacto social por el empleo que englobe la adaptación a un mundo cambiante y, a la vez, amplíe los derechos y la regulación.

Para acabar, y aunque parezca reiterativo, es necesario repetir una y mil veces que el trabajo y la pobreza no son una mercancía y constituyen un factor determinante para la prosperidad de todos. En un contexto de globalización, los valores fundamentales de libertad, dignidad humana, justicia social, seguridad y no discriminación son esenciales para un desarrollo sostenible en materia económica y social. La libertad de asociación y sindical, el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva, la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso y de discriminación, el diálogo social, tanto en el plano nacional como en el internacional, resultan ahora aún más pertinentes para lograr soluciones y fortalecer la cohesión social y el Estado de Derecho. Pongámonos a ello.

10 de junio de 2010

Óscar Iglesias

El Fondo Monetario Internacional se creó en 1944 para evitar que se repitieran acontecimientos como la Gran Depresión de los años treinta. Entre sus propósitos fundacionales estaban fomentar la cooperación monetaria internacional; facilitar la expansión y el crecimiento equilibrado del comercio internacional; fomentar la estabilidad cambiaria; coadyuvar a establecer un sistema multilateral de pagos; y poner los recursos de la institución a disposición de los países miembros con dificultades de balanza de pagos (con las garantías adecuadas).

En este empeño, el FMI viene revisando la situación económica y financiera nacional, regional y mundial a través de un sistema formal de supervisión de las economías para mantener la estabilidad y prevenir crisis en el sistema monetario. Asesora a los países miembros y los “alienta” a adoptar políticas que promuevan la estabilidad económica, reduzcan la vulnerabilidad a las crisis económicas y financieras y mejoren los niveles de vida, respaldando estas medidas con financiación.

Hasta aquí, el lenguaje neutro de una organización que en sus varias décadas de existencia ha estado más asociada a la avaricia, el neoliberalismo y a ser punta de lanza de los más poderosos frente a los que menos tienen del Planeta. ¿Por qué? Porque siempre sostienen que hay que reducir los servicios sociales a los que más lo necesitan con medidas draconianas; porque para ellos es prioritario pagar la deuda externa aunque aumente el sufrimiento de las personas; porque imponen fiscalidades regresivas donde quien más tiene paga menos; porque el saneamiento de las cuentas públicas para ellos siempre pasa por reducir el gasto social; y la reiterada flexibilidad para ellos significa desregulación; porque intentan reducir el papel de los Estados para que tenga barra libre el mercado; porque hablan de servicios a clientes cuando estamos ante derechos fundamentales como la educación, la salud o los servicios sociales.

Cuando en enero de este año, Jörg Decressin, subdirector del Departamento de Análisis del FMI, decía que España se recuperaría más tarde y añadía:”lo que se necesita es más flexibilidad de los salarios para reanudar el empleo y mejorar la competitividad”. La palabra “flexibilidad” se refería a una bajada de salarios en términos reales.

Cuando en febrero el economista jefe del FMI, Olivier Blanchard, declaraba en una entrevista en el diario económico francés Les Echos que “el restablecimiento de su competitividad (de España) puede necesitar grandes sacrificios, como una bajada de los salarios”. Y a continuación añadía: “Ahora con la crisis, Portugal, España y Grecia tienen serias dificultades” que “implican ajustes muy penosos. Sobre todo cuando el entorno inflacionista es muy bajo”. Estaba hablando a las claras para decir que los que tienen que pagar la crisis son los de siempre, los trabajadores y los más desprotegidos.

Es cierto que estas declaraciones, por escandalosas que sean, no son nuevas por parte del FMI. Pero, hay que responder a varias preguntas. Primero, quiénes son y cuántos estos supuestos expertos económicos que hablan con tanta rotundidad. Segundo, por qué si el FMI fue creado para evitar crisis como la actual no se han enterado de nada. Y tercero por qué hoy siguen con el mismo libro de recetas draconianas cuando todo ha cambiado y, además, ni ellos se aplican tales recetas en su organización.

La primera de las cuestiones, quiénes son, es muy reveladora. El FMI cuenta con 24 directores y aproximadamente 2.360 funcionarios procedentes de 143 países. Muchos son personas de prestigio como Olivier Blanchard, director del Departamento de Estudios y Consejero Económico del FMI. El economista francés era profesor del Massachusetts Institute of Technology (MIT) estadounidense.

Y claro, el prestigio hay que pagarlo, como demuestran las generosas condiciones laborales de todos los funcionarios y especialmente de los altos cargos que recoge la sección 14 de los Estatutos del FMI dedicada a las disposiciones sobre sueldos, gastos y prestación de servicios, donde hay dos cosas claras: ganan mucho y no pagan impuestos. Hasta el punto que si algún país no ha firmado el acuerdo de exención de impuestos es el propio FMI quien les dará a sus funcionarios una asignación adicional por impuestos.
Y en este apartado, sorprende las veces que se repite la palabra “razonable” para enmascarar lo evidente, es decir, las grandes remuneraciones y los privilegios para los trabajadores y sus familias. Así, a los gobernadores y sus suplentes se les rembolsarán –según se dice– los gastos razonables que sufraguen cuando asistan a las reuniones de la Junta de Gobernadores; el Fondo pagará también cualquier gasto razonable hecho por el Director Gerente en interés del Fondo (incluso los gastos de viaje y los de transporte de él y su familia, y de sus efectos personales.); a los directores ejecutivos y a sus suplentes se les rembolsarán, además, todos los gastos razonables de viaje en que incurran por asuntos oficiales del Fondo, y los gastos razonables en que incurran en relación con asuntos oficiales del Fondo para atender a altos funcionarios de los gobiernos o Bancos Centrales o a representantes apropiados de los círculos universitarios de los países miembros que los hayan nombrado, elegido o designado, así como a representantes apropiados de los medios de comunicación.

¿Y que es razonable para ellos?. Pues que el director gerente cobre 441.980 dólares de salario, que se complementan con 79.000 dólares para gastos. A las que hay que sumar por contrato las ventajas para el plan de pensiones, del que podrá cobrar hasta el 50% de sus aportaciones si está dos o más años en el cargo. Además, su sueldo se actualiza cada mes de julio según la inflación media que se registre en Washington. ¿También es razonable que un becario cobre al día en torno a 300 dólares?

La segunda cuestión, es cómo si el FMI fue creado para evitar crisis como la actual no se enteraron de nada. Aquí hay dos opiniones contrapuestas, las de quienes piensan que son las políticas del propio Fondo las que provocan la crisis con su sacrosanta desregulación de todo y su adoración al dinero y el poder de unos pocos. Y, claro, la del FMI que pretende continuar con sus privilegios. ¿Cuál es ésta?: la que les lleva a intentar parecer victimas de la situación, y sin ningún problema escribir informes como “Lecciones iniciales de la crisis”, elaborado por los Departamentos de Estudios, de Mercados Monetarios y de Capital, y de Estrategia, Política y Evaluación del Fondo Monetario Internacional. Aprobado por Olivier Blanchard, Jaime Caruana y Reza Moghadam, el 6 de febrero de 2009, en este momento no dudan en culpar de la crisis al optimismo y al fracaso de la política económica en regulación financiera, política macroeconómica y arquitectura mundial, como si ellos no tuvieran nada que ver. Y acto seguido recomiendan hacer el trabajo que ellos deberían haber realizado, y se hubiera evitado la crisis.

La crisis no la provocaron los trabajadores, ni los funcionarios, ni los pensionistas ¿Por qué la tienen que pagar?. O mejor aún, donde está la ética de la responsabilidad de los grandes directivos mundiales, incluidos los del FMI. Tenían que haber asumido su responsabilidad y marcharse, porque ellos sí son responsables directos de la crisis. Pero no, hay que culpar a otros para seguir en sus puestos cobrando salarios y prebendas millonarias y, una vez pasados los agobios iniciales, volver a dejar el disimulo y continuar con las recetas de siempre: ganar más, sin ninguna responsabilidad y a cualquier precio.

La tercera cuestión es por qué siguen con el mismo libro de recetas draconianas cuando todo ha cambiado y además ni ellos se las aplican en su organización. La respuesta es sencilla, porque les interesa y porque los gobiernos legítimamente elegidos en las urnas siguen consintiendo que triunfe un determinismo económico que arrincona a la política y a los ciudadanos para defender la acumulación de dinero y de poder en manos de unos pocos. De esta forma, el FMI se permite escribir que está clarificando y actualizando su cometido a fin de cubrir toda la gama de políticas macroeconómicas y del sector financiero que inciden en la estabilidad mundial.

La falta de coherencia del FMI tiene que llevar a la política, es decir, a los gobiernos, a reformular su papel y sus objetivos porque todas las políticas, sean o no económicas, deben de estar dirigidas a proporcionar la mayor calidad de vida posible a todos los habitantes del Planeta. Quien pide y reclama reformas y liberalización de los mercados de trabajo, quien exige la ampliación de la edad de jubilación, quien solicita bajada de salarios y de las indemnizaciones por despido, quien apela a la reducción de las ayudas a las familias y las ayudas sociales, no sólo no se aplica ninguna de estas recetas, sino que no da señales de que tenga la más mínima intención de apretarse el cinturón.

Frente al discurso del FMI que estima que la pérdida de poder adquisitivo y de derechos de los trabajadores es el precio que la sociedad debe pagar para salir de la crisis, hay que contraponer más derechos para crear una sociedad con más libertad, justicia e igualdad. Y decir que queremos para los trabajadores los derechos razonables que disfrutan en el FMI. Esto sólo es posible con más democracia y con responsables en los máximos niveles de representación, también del FMI, que se apliquen lo que estableció Confucio: “El que gobierna debe poner su ejemplo ante todos y ser diligente”.

Óscar Iglesias

LA RONDA DE CAJASUR QUE LA PAGUEN LOS RESPONSABLES

 El Banco de España acordó el pasado sábado 22 de mayo la sustitución de los administradores de Cajasur y la designación como administrador provisional al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), ante la actuación irresponsable, caciquil y altanera de la Iglesia (Cabildo de la Catedral de Córdoba) en el proceso de integración con Unicaja.

Irresponsables que, por no perder influencia, han preferido la intervención del Banco de España a llegar a un acuerdo con Unicaja en el que se garantizaba la viabilidad, y los puestos de trabajo. Algo que en estos momentos no se puede garantizar en un escenario en el que están todas las opciones abiertas ( liquidación, subasta, venta por partes y la más acertada que es la fusión con Unicaja). Irresponsables por jugar con la credibilidad del sistema financiero español en un momento de tantas turbulencias en los mercados .E irresponsables por jugar con los vidas de los trabajadores y los ahorros de los clientes.

Hay que agradecer la actuación del Banco de España, aunque a lo mejor, y vista la actitud de los gestores de Cajasur, se debería haber producido hace ya bastantes meses. Aún así se actuó, y la intervención se adoptó como consecuencia de los problemas de viabilidad que presenta la entidad y ante la imposibilidad de culminar el acuerdo de integración con Unicaja.

El Banco de España ha garantizado que Cajasur pueda seguir operando con normalidad y cumplir con todas sus obligaciones frente a terceros, al suscribir los recursos de capital necesarios para que la Caja alcance un coeficiente de solvencia superior al mínimo legal y facilitar una línea de liquidez que le permita cubrir todas sus necesidades. Los depositantes y acreedores pueden estar totalmente tranquilos, pero los responsables tienen que pagar por lo que han hecho.

Hay un dicho popular que dice que el que manda tocar la guitarra es el que corre con los gastos de la fiesta. Y esta fiesta, que puede salir por más de 2.000 millones de euros, no la tenemos que pagar los ciudadanos con nuestros impuestos, tienen que pagarla los responsables individuales, los gestores, y el responsable último, que no es otro que la Iglesia.

Hay que exigir responsabilidades legales y penales a los gestores de una Caja que perdió 596 millones de euros el año pasado, quedando con un capital de alrededor de 240 millones. Hay que exigir responsabilidades a unos directivos que siguieron dando dinero al negocio del ladrillo, a pesar de las advertencias de los auditores y vulnerando la normativa sobre concentración de riesgos.

La sociedad tiene que recibir un mensaje de tranquilidad y los gestores de claridad por parte de la supervisión: no se van a permitir estos comportamientos que dañan a los ciudadanos, a los trabajadores y a la sociedad española en su conjunto. Y quien la hace la paga.

El Banco de España ha comenzado una investigación que, si aplica la Ley sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, derivará en sanciones a los ex directivos. La ley, en su artículo 15 es clara: quien ejerza en la entidad de crédito cargos administrativos o dirección será responsable de las infracciones muy graves o graves cuando estas sean imputables a su conducta dolosa o negligente. La cúpula de la entidad podría enfrentarse a multas individuales por importe no superior a 150.000 euros, y a la inhabilitación para ejercer cargos de administración o dirección en cualquier entidad de crédito o del sector financiero por plazo no superior a 10 años. Entre las infracciones muy graves, Cajasur podría haber incurrido en el mantenimiento de unos recursos propios inferiores a los exigidos, que ascienden al 8% mientras que los de la entidad se situan en el 3,7%.

Pero las responsabilidades no acaban aquí, porque estos caciques contarán con seguros de responsabilidad de sus actuaciones y con la complicidad eclesial. La fiscalía debe actuar contra los autores de semejante despropósito, porque así lo permite nuestro Código Penal en lo relativo a posibles estafas, apropiaciones indebidas, daños a terceros, delitos relativos al mercado y a los consumidores, delitos societarios, etc,etc,etc.

Y en paralelo, dentro de un sector financiero en pleno proceso de reestructuración hay que dar una salida rápida y adecuada a Cajasur. ¿Cuál? la respuesta es sencilla, la que se tenía que haber producido el pasado fin de semana si hubiera primado el interés general. Unicaja tiene un proyecto viable, preparado al detalle, aprobado por sus órganos de gobierno y con el conocimiento del Banco de España. Un proyecto dentro de la naturaleza de las cajas, con valor añadido para los clientes y trabajadores. No hay que darle más vueltas.

Las Cajas de Ahorro han contribuido al desarrollo social de España y a la estabilidad del sistema financiero de nuestro país. Y a pesar del FMI, lo seguirán haciendo con su actual naturaleza jurídica. Lo contrario sería quitar a los españoles un instrumento de progreso y bienestar social.

Cajas de Ahorro: más política y más capital

Las Cajas de Ahorro han demostrado en los últimos años una gran capacidad de adaptación a un entorno económico cambiante y cada vez más competitivo. Su labor ha contribuido al desarrollo social de España y a la estabilidad del sistema financiero de nuestro país. Pero las cosas han cambiado, por la crisis financiera internacional, y las Cajas tienen que volver a adaptarse. Y aquí entramos en el centro de la cuestión ¿Cómo?. Con más política y más capital. Parece evidente que hay que desterrar los obstáculos de patria chica que algunos hacen para impedir determinadas fusiones y reestructuraciones. Aunque más necesario aún es el destierro del discurso de la tan traída politización y del cambio de su naturaleza jurídica.

Es imprescindible que se produzcan fusiones y recapitalizar las Cajas de Ahorro, pero las dificultades de solvencia no justifican un cambio de la naturaleza de las Cajas y menos que tenga que ser con cuotas participativas con derechos políticos. Esta es una decisión política, pero puede y debe haber otras ¿cuales? pues clarificar los Sistemas Institucionales de Protección(SIP) o por ejemplo captar recursos con formulas como las que ha venido utilizando la Caixa, consistente en sacar a Bolsa su cartera de participaciones industriales. Y si alguien en este punto habla de Basilea III, le diré que la legitimidad democrática no puede ser nunca sustituida por otras. ¿Esto es politización?, no es democracia.

Las cuotas participativas suponen la entrada de capital privado en las Cajas y a la larga el comienzo de su privatización o si somos más exactos su conversión en sociedades anónimas que acabaran en manos de bancos. Una vez abierta la puerta, aunque sea un poco y con escaso éxito hasta el momento, se convertirán en el paso previo a la privatización de estas entidades que constituyen un elemento importante de bienestar social. Primero se regulan las cuotas participativas pero sin derechos políticos, después seguimos con la manida e interesada discusión de la politización de las Cajas vs profesionalización; a continuación damos derechos políticos a las cuotas participativas( ¿no es lo importante la rentabilidad?) y después, se van quitando límites hasta que llegamos al momento donde ya se las quedan los de siempre, es decir, los poderosos que nunca ponen coto a su avaricia sin fin.

Alguien puede pensar que exagero, pero sólo basta ver las continuas críticas del Fondo Monetario Internacional al modelo de Cajas de Ahorros, según ellos, por el control político que se ejerce en los órganos de administración o informes, como el elaborado por PriceWaterhousecoopers y presentado por Luis de Guindos, donde dicen que hay que obligar por ley a la emisión de cuotas participadas, disminuir los cargos en representación de las administraciones públicas en los consejos de administración y en la comisión de control de las Cajas hasta alcanzar el máximo del 25 %, y que dicha reducción podría ser ocupada por tenedores de cuotas participadas. Es evidente y solo les falta decirlo un poco más claro: nos queremos quedar con las Cajas sin disimulo.

Estoy en contra de las cuotas participativas con derechos políticos porque rechazo el determinismo económico y rechazo que la política sea tratada como la superestructura necesaria de una determinada base económica. Sí, sí, pienso que la política, la conquista de la libertad y la igualdad, precede a la economía y crea, por tanto, los valores centrales de la economía y la sociedad.

Sí, la política, frente a los discursos que pretenden disfrazar sus intereses privados con bonitos discursos a favor de los ciudadanos. Intereses de grupos de poder privado y de determinados intereses políticos que no buscan el interés general. Ya lo decía Milton Friedman en su obra “Capitalismo y libertad”, “existe una y sólo una responsabilidad social del negocio: usar sus recursos y enfrascarse en actividades diseñadas para incrementar las ganancias”.

Los ciudadanos nos enfrentamos no al capitalismo, que actualmente ya casi nadie sabe que es, sino a una economía que hoy es sinónimo de empresas transnacionales, bancos mundiales y economía financiera, que solo quiere ganar más y más y a cualquier precio. Y en esa voracidad quieren quedarse con las Cajas.

Por eso, cuando escucho a Rajoy decir que hemos de avanzar en la profesionalización de las Cajas, pienso que no ha pisado una sucursal en años, pero cuando acaba la frase diciendo que hay que alejarlas de lo político, me pregunto que concepción tiene este hombre de la democracia, porque solo la autonomía de la política y los derechos otorgan a los ciudadanos el poder real sobre sus propias vidas.

En un momento como el actual y vistas las consecuencias de un modelo especulativo financiero internacional, parece contradictorio que cuando hay que regular y contar con instituciones públicas que posibiliten y ayuden a la economía real, donde tenemos estos instrumentos en forma de Cajas de Ahorro se puedan desvirtuar o privatizar. Por este motivo, hay que defender la actual naturaleza jurídica de las Cajas de ahorro, por la prestación de servicios que realiza, por la reversión de parte de sus beneficios a través de su Obra social y por que el control tiene que estar en los ciudadanos, los impositores y los trabajadores. A partir de aquí seamos flexibles sin introducir caballos de Troya en forma de cuotas participativas con derechos políticos.

El 74% de los locales de ocio de la ciudad incumple la normativa legal

Consistorio cerró 426 bares, ordenó el cese de actividad de 554 y puso el precinto a otros 38 por irregularidades en 2009, mientras la oposición denuncia el descontrol
JAIME G. TRECEÑO| MADRID|
09/05/2010
Los locales de ocio de la capital no resisten la prueba del algodón. El balance municipal no puede ser más desalentador.

El 74% de los 25.430 establecimientos inspeccionados por la Policía Municipal a lo largo de todo el pasado año presentaron algún tipo de irregularidad (18.787). Es decir, que sólo 6.643 estaban en regla y cumplían la normativa.

La cifra de locales inspeccionados es levemente inferior a la del ejercicio anterior. La mayor parte de las infracciones que detectaron los agentes municipales investigadores corresponden a cuestiones administrativas.

En total, el Ayuntamiento de Madrid impuso 41.037 denuncias de este tipo y 6.960 fueron por cuestiones relacionadas con deficiencias en la seguridad.

Del primer asunto, la negligencia más común tuvo que ver con la ausencia del cartel identificativo de la actividad (13.617 boletines). Luego, le sigue en este escalafón la falta del seguro obligatorio (6.350) y tener la licencia en un lugar no visible (4.650). No es el único motivo por el que los establecimientos han sido sancionados: las ausencias de licencia de funcionamiento o bien de actividad fueron la moneda común en el sector. La oposición municipal exige al alcalde que active el Plan de Vigilancia.

Aunque parezca mentira, y después de lo que ha llovido con el asunto de las licencias, sobre todo después de la muerte de Álvaro Ussía en El Balcón de Rosales, a finales de 2008 los inspectores impusieron 288 denuncias a establecimientos que carecían de la licencia urbanística de actividad y 2.473 multas por carecer de la autorización de funcionamiento.

A ello se suman los 2.076 locales que no presentaron la licencia de actividad y los 1.682 que no mostraron la de funcionamiento. También hubo quien se llevó su denuncia a casa por hacer obras en la sala y modificarla sin tener la autorización (806).

Por lo que respecta a los escritos que se interpusieron por deficiencias en la seguridad, 1.290 boletines del total corresponden a incumplimiento del horario. Pero si algo revelan los datos de las denuncias del pasado año es que los dueños de los locales no han sido demasiado diligentes con la inspección anual. Es decir, carecer de certificado de mantenimiento. En total, los policías del Ayuntamiento rellenaron 2.353 papeletas.

No tener alumbrado y señalización de emergencia (522); carecer de cartel de prohibida la venta de alcohol a menores (410); no haber extintores en lugares visibles (340) o expedir tabaco sin autorización (260) fueron otros motivos de sanción.

Un dato que hay que destacar son las 3.350 denuncias que se pusieron por higiene y salubridad. Todas estas actuaciones y las que se arrastraron del ejercicio anterior y que se ejecutaron en 2009 trajeron como consecuencia la orden de cese de actividad de 554 locales, la clausura de 426 y la reposición del precinto en 38.

El presidente del Grupo Socialista en el Ayuntamiento y portavoz de Seguridad, Óscar Iglesias, denuncia la inacción del Consistorio. «Ante la consternación ciudadana por la trágica muerte de Álvaro Ussía a manos de un portero de discoteca, el alcalde anunciaba, el 19 de noviembre de 2008, que se crearía un Plan de Vigilancia de los locales de ocio en los que se contemplaría el incremento de la presencia policial en los entornos de ocio de la capital. Dijo, incluso, que ‘los agentes estarían presentes en el interior de los locales, a los efectos de contribuir a la seguridad’. Nada de nada».

Denuncia que no existe el Plan de Vigilancia policial para la noche madrileña, ni policías asignados de forma directa a la inspección de locales, ni suficiente plantilla para cubrir las necesidades. Y es que, considera, no se ha cumplido el compromiso electoral de incrementar en 1.500 nuevos efectivos la plantilla policial.

«La situación también evidencia la falta de control policial sobre el cumplimiento de los requisitos que se contemplan en el decreto que regula la actividad de los porteros de locales de ocio. De hecho, las 17 denuncias policiales a los establecimientos por ejercer labores de control de acceso sin la debida acreditación ya se incoaron sólo en los primeros cuatro meses de entrada en vigor del decreto y dicho dato no ha variado», asegura.

Sólo se ha cubierto un 19% de los puestos de control de accesos, lo que significa que hay 2.896 porteros acreditados pero el resto, hasta los 15.000 que ejercían dicha labor, la siguen realizando de forma ilegal ahora. En cualquier caso, el concejal afirma que sí ha quedado demostrado «el fracaso» tanto del decreto como de su control.

Este periódico se puso en contacto con el Ayuntamiento para conocer su versión. Pero no hubo contestación.

«Las dos administraciones, Comunidad y Ayuntamiento, actúan tarde y mal. En lugar de anticipar y prevenir, se ponen en marcha después de que hayan sucedido las desgracias, como ocurrió en el desgraciado suceso de El Balcón de Rosales», precisó Iglesias, que instó a Gallardón a que «abandone su estrategia de titulares de prensa y desarrolle su prometido Plan de Vigilancia en los locales nocturnos».