Infante Blog

A continuación podéis leer el artículo que he publicado en Madridiario

Pido la palabra y la tolerancia
 
Si algo ha caracterizado a la democracia española desde su restablecimiento en 1977 ha sido la tolerancia. Gracias a ella se pudieron superar las grandes querellas del pasado, llegar a acuerdos tan históricos como imprescindibles para la modernización del país y, sobre todo, sentar las bases de una convivencia en libertad y mutuo respeto, tal y como se había venido haciendo desde hacía décadas en los países de nuestro entorno europeo. Se nos ha admirado por ello, y no era para menos.

Pero da la impresión de que algunos están muy interesados en que eso cambie, de que el ambiente político y ciudadano se enrarezca, de que la intolerancia, que habíamos expulsado sin honores por la puerta, vuelva por la ventana. Un día nos encontramos con descalificaciones del adversario político tan gruesas que le dejan a uno anonadado, estupefacto hasta el punto de tener dificultades para reaccionar. Me ha pasado esta semana con las declaraciones de D. Jaime Mayor Oreja, que ha afirmado el mismo día que los presidentes Sarkozy y Zapatero rendían honores al policía galo asesinado por los terroristas que el proyecto del Jefe del Gobierno y el de ETA “son aliados potenciales”.

Otro día nos encontramos con que un grupo de energúmenos agrede a la salida de su despacho al Rector de la Universidad Complutense, D. Carlos Berzosa, hiriendo a dos empleados de seguridad, para protestar contra algo tan “grave” e “ilógico” como que los Colegios Mayores públicos sean mixtos, es decir, que convivan y estudien en ellos con absoluta normalidad –como en cualquier otro lugar de nuestra sociedad- mujeres y hombres. Vándalos del Siglo XXI con ideas del XIX, qué duda cabe.

Hay que poner fin a esta situación, antes que nada, exigiendo a los responsables políticos que no se comportan con responsabilidad y creen que todo vale que abandonen el insulto, la frase gruesa y el populismo. Harán así honor al cargo que ejercen, actuarán en coherencia con lo que fue la transición a la democracia, con lo que es y significa la democracia,  y no tirarán piedras contra su propio tejado, porque sus palabras –aunque ellos no lo crean- alimentan un huevo de la serpiente que hoy dirige sus ataques contra los de enfrente, pero un día se volverá contra ellos mismos.

Por eso pido la palabra y la tolerancia.

Óscar Iglesias es presidente del Grupo Municipal Socialista

No son buenas las imposiciones en materia de policía municipal. Por ese motivo y a pesar del decreto firmado por Gallardón seguimos pensando que es necesario y urgenet el consenso para garantizar la mejor seguridad a los madrileños y la mejores condiciones a los policías para hacer su trabajo. Nuestra postura ha sido recogida por varios medios y entre ellos la podéis leer a continuación en ELPAIS de hoy y en el del viernes

El ‘decretazo’ del Ayuntamiento moviliza a los policías municipales
Los agentes se oponen al plan de incentivos impuesto sin negociaciónEl Ayuntamiento critica el alto grado de absentismo, 51 días por año de media
D. BORASTEROS / F. J. BARROSO – Madrid – 21/03/2010

En el centro de la Puerta del Sol hay una chica en crisis. Lo dice ella. Mejor, lo escribe en el cartón en el que pide limosna mientras baila la danza del vientre, agita unos cascabeles tintineantes y se cubre el rostro con un velo. A su alrededor hay cuatro policías municipales. En realidad no le hacen mucho caso. Se fijan más en la gente que observa a la mujer contonearse.

En el centro de la Puerta del Sol hay una chica en crisis. Lo dice ella. Mejor, lo escribe en el cartón en el que pide limosna mientras baila la danza del vientre, agita unos cascabeles tintineantes y se cubre el rostro con un velo. A su alrededor hay cuatro policías municipales. En realidad no le hacen mucho caso. Se fijan más en la gente que observa a la mujer contonearse. Sobre todo en aquellos con aspecto de extranjeros. Y, de vez en cuando, uno de ellos les pide la documentación mientras los otros tres siguen haciendo un corrillo sin prestar mucha atención.

Esto se llama “pedir filiaciones”, que también incluye a los españoles que transitan por la vía pública. Y es una de las actividades comunes de los agentes en estos tiempos. Eso dicen ellos, al menos. Y eso es lo que se ve en Sol el viernes por la tarde y la noche. El propósito, según denuncian los sindicatos y algunos policías independientes, es engordar las estadísticas. Y es que la batalla policial tiene mucho que ver con los números. Esas denuncias no son casuales. Están íntimamente relacionadas con la negociación del convenio. Una mesa de diálogo súbitamente quebrada por el Consistorio el pasado jueves, cuando impuso unilateralmente sus condiciones. Mañana los agentes se volverán a manifestar en contra de esta decisión (de Ruiz Giménez a Génova, donde está la sede del PP).

Los responsables de la seguridad municipal consideran privilegiadas las condiciones de trabajo de los policías. En su opinión, su retribución, que alcanza una media anual de 38.400 euros, y sus días libres (46) son mayores que los de otros cuerpos de seguridad. Desde el sindicato Unión de Policías Municipales discrepan. Para ellos no son tan envidiables. Y para ello muestran las nóminas más recientes y las comparan con las de hace años. Los sueldos no sólo no han subido, sino que han bajado. La paga de un mes de 2010 de un funcionario es de 2.414 euros netos. La de dos años antes, ligeramente superior, 2.468,59. Los conceptos que desglosan ambas son los mismos. Su propietario lo explica así: “Está todo congelado e incluso han ido quitando, aunque cantidades muy pequeñas”. El sueldo base, según se aprecia en las nóminas, es minúsculo: 557 euros.

Los agentes de movilidad también se engloban en el convenio impuesto. Los coches ocupan todo el ancho de la Gran Vía y casi toda la perspectiva fijada por el pintor Antonio López. Entremedias, dos hombres con un chaleco amarillo tratan de poner orden. Pero apenas tienen tiempo para ello. Los turistas les abordan con una frecuencia abrumadora. Y les preguntan cosas. Algunas de cariz policial: “¿Dónde puedo poner una denuncia?”. Pero la mayoría son de índole turística.Algunas tan peregrinas como la recomendación de un buen restaurante para comer paella. “Aquí te preguntan de todo”, explican los agentes. Ellos responden de bastante buen talante. Aunque tampoco están satisfechos con el acuerdo: “El que nos hayan impuesto unas condiciones de mierda no lo tiene que pagar la gente, ¿no?”, dice uno de ellos mientras el otro sonríe asintiendo.

Los pocos agentes que se ven por la calle un día festivo -ya no se apuntan esos días y los superiores tienen que recurrir a bolsas de jornadas compradas o a listas ocultas- coinciden: “Es malo”. A ninguno le gusta la decisión municipal. Un decreto que afecta a los 6.800 policías municipales y a los 800 agentes de tráfico y que regula su actividad laboral y sus complementos retributivos. Un portazo a ocho meses de negociaciones. El gobierno municipal prevé el reparto de seis millones de euros en función de que los agentes mejoraran sus horas de trabajo y la efectividad. Mientras, los representantes de los trabajadores solicitaban un reparto lineal de los fondos y, sobre todo, la contratación de 1.500 agentes más, “que es lo que prometió Gallardón”, insiste un sindicalista. Y todavía queda la negociación con los bomberos.

El decreto aprobado el jueves por el equipo de gobierno recoge un aumento del sueldo de los agentes en función de la productividad y de la consecución de determinados objetivos, como la reducción de la tasa de delincuencia, del número de las víctimas mortales en accidentes de tráfico o de los turistas que sufren delitos. A ello se une un plus si bajan los tiempos de respuesta y mejora el servicio, según anunciaron fuentes de la Concejalía de Seguridad.

Y esa parte, la de la productividad, es la que los agentes denuncian que se va a convertir en estadísticas enmascaradas. “A los chicos jóvenes les mandan a los parques a hacer denuncias de botellón a lo bestia, sin respetar la propia ley”, filtra un veterano con 20 años de servicio. “También a cualquiera que se acerque a una prostituta, por el mero hecho de hacerlo”. Y, dice, “los jóvenes tragan porque no les queda más remedio”.

“Dicen que estamos muy bien y que cobramos mucho, pero no es cierto. Tenemos un trabajo de riesgo y hay que atender muchos casos que no son sólo policiales. Si nos comparamos con otras policías municipales, estamos en la media. Lo que no tiene sentido es compararnos con la Guardia Civil o con la Policía Nacional, porque dependemos de administraciones muy distintas”, explica un agente que trabaja en los distritos de la periferia. La jornada laboral de un policía es de ocho horas y 193 jornadas laborales al año. Sin embargo, el absentismo es de 51 días por agente y año de media, según los datos de la Concejalía de Seguridad.

“Ese absentismo no es tan alto. No faltan tantos compañeros al trabajo como dicen los mandos. Lo que pasa es que confunden los permisos oficiales que tiene todo trabajador, como días de libranza o paternidad, con ausencia en el trabajo. Si realmente faltaran tantos el servicio no saldría adelante”, añade otro agente con 15 años de servicio.

“Tenemos buenos materiales, en general, pero aún hay compañeros que siguen con un revólver de hace 30 años, que pesa mucho y que no es práctico para trabajar”, destaca un mando intermedio. Al igual que los anteriores, pide no ser identificado para no tener problemas.

La capital supera la media de agentes recomendada por la Unión Europea. Ésta prevé que haya un policía cada 1.000 habitantes. En caso de Madrid, la cifra llega casi hasta 2,1.

Las quejas logísticas han aumentado exponencialmente conforme se emponzoñaba la negociación: desde cámaras que no funcionan (como en Tetuán o Carabanchel) a escáneres rotos.

El portavoz del PSOE en materias de seguridad, Óscar Iglesias, también da la razón en este punto a los policías. Se han dejado de vigilar algunas prácticas como las de botellón y las noches de los fines de semana algunas llamadas tardan hasta media hora en ser atendidas. “Se necesitan más agentes a determinadas horas y los madrileños tienen que esperar bastante para resolver sus problemas”, destaca Iglesias. “La imposición del decreto tampoco va a solucionar nada, porque no ha sido fruto del diálogo. Una cosa tan delicada como la seguridad necesita medidas que partan del consenso. Y sobre todo, que los policías no hagan jornadas maratonianas y no tengan tiempo ni de descansar. No hay que buscar modelos en el que los policías trabajen muchas horas seguidas”, añade el edil socialista.

La situación ha llegado a tal punto que los policías se han autoimpuesto el no poner multas mientras dure el conflicto colectivo. También han anunciado que mantendrán las movilizaciones, pero sin perjudicar a los ciudadanos.

COMPROMISOS SÓLO SOBRE EL PAPEL
El tratamiento que el Ayuntamiento de Madrid da a las victimas de la delincuencia es lamentable. Las victimas en muchas ocasiones se ven atrapadas en medio de disfunciones de tipo policial, judicial, de atención, que agravan aún más el perjuicio que inicialmente ya han sufrido después de haber sido robados, agredidos. Esta situación crea en las personas afectadas y su entorno un sentimiento de frustración, indefensión, abandono y desconfianza cada vez mayor en los servicios municipales. Por tanto, Gallardón debe incrementar los medios materiales y humanos dedicados a favorecer la aplicación práctica y efectiva de los derechos que tienen los ciudadanos como victimas.

Para acabar con la falta de ayuda y la soledad con la que las victimas se tienen que enfrentar a sus dudas de denunciar o no, a todo el entramado de la justicia, a sus miedos, venimos exigiendo al Ayuntamiento de Madrid , desde 2003, que se creen en cada uno de los distritos de Madrid un servicio municipal de atención a las victimas, con equipos multidisciplinares de profesionales, que se encarguen de garantizar la prestación de servicios de apoyo y asistencia a las victimas de delitos y a sus familias de manera integral y puedan desarrollar programas de mediación entre las victimas y los pequeños infractores, impulsando la resolución extrajudicial de este tipo de conflictos.

La finalidad de estos servicios municipales de atención a las victimas es disminuir y atenuar en lo posible las consecuencias derivadas del delito sea cual sea este. Para conseguirlo estos centros prestarán funciones de asesoramiento legal sobre los derechos que tienen ellos como victimas y sus familiares; asistencia social y apoyo psicológico ante las situaciones de ansiedad, angustia e incluso amedrantamiento ante las posibles represalias de los delincuentes; e información sobre cualquier aspecto policial o judicial respecto a su situación como victima. Estos centros tendrán que contar con los debidos recursos económicos y humanos.

Desde el año 2003 vengo demandando a Gallardón la creación de un servicio de atención a las victimas de los delitos en cada uno de los distritos de la ciudad de Madrid. En este tiempo, hemos pasado del insulto ante las primeras propuestas nuestras a aceptar la necesidad del mismo pero sin ponerlo en funcionamiento. Por ese motivo hoy he preguntado en la Comisión de Seguridad cuando lo pondrán en funcionamiento. La respuesta es de alucine, dicen a la prensa que pronto pero en la comisión no dieron ninguna fecha. Como siempre, aunque si aparece entre los compromisos de Gallardón:

En el Programa electoral del PP. en el Ayuntamiento de Madrid concretamente en el Punto 228 OBJETIVO 4 ( Pág. 141), el Sr. Gallardón decía textualmente; Nos comprometemos a mejorar la atención a las víctimas mediante la aplicación, entre otras propuestas, del Servicio Integral de Atención a la Víctima. Aseguraba el Alcalde que tan importante es en ocasiones la resolución del caso como dar una atención personalizada y adecuada a quien ha sido víctima y se encuentra en una situación singular que requiere un trato oportuno.

Destaca también el punto 229 porque en él se plantaba la realización de un seguimiento de los resultados de las denuncias, medida que permitiría dar mayor seguridad a las víctimas.

Asimismo en el PRESUPUESTO DE 2009, en el OBJETIVO Nº 4 que hace referencia a desarrollar una política judicial con especial atención a las victimas (Pag. 449), concretamente en el Punto H, también aludía a la creación del denominado servicio integral de atención a la víctima. Sin embargo, como el gobierno municipal no ha cumplido con la creación de la citada medida, como por otra parte, viene siendo estrategia habitual, vuelven a reiterar el desarrollo del programa incumplido en el PRESUPUESTO DE ESTE AÑO, incluyéndolo en el mismo objetivo, en el Punto E.

Igualmente en la Carta de Servicios de la Policía Municipal, en el apartado de Compromisos de calidad, se refiere a Prevenir los problemas de seguridad ciudadana y atender a las víctimas (Pág. 10). En el Punto 2 sobre revisión de la ficha de objetivos presupuestarios se plantea también el objetivo 4 sobre Policía más sensible en la atención a la víctima. (Pag. 5).

Enuna nota de prensa difundida por el concejal de seguridad del PP el 22.01.2007, ya planteaba en el ámbito de la política preventiva la necesidad de disuadir al delincuente, la necesidad de mediar en conflictos y la necesidad de atender a las víctimas de delitos.

Desde el Grupo Municipal Socialista valoramos positivamente que el equipo de gobierno municipal asumiera una Propuesta de nuestro grupo, cuando en reiteradas ocasiones había sido rechazada. Ya habíamos planteado la creación del servicio de asistencia a las víctimas de delitos desde la legislatura anterior y también lo incluimos como compromiso en esta legislatura, asimismo contemplado en las Enmiendas que año tras año realizamos al proyecto de presupuestos del Ayuntamiento de Madrid.

Si estamos de acuerdo en que el servicio es necesario basta ya de excusas y que se ponga en funcionamiento ya porque se puede hacer como en su día, ya hace años, lo hicieron los ayuntamientos de Fuenlabrada, Alcobendas, Alcorcón, entre otros.

Fue una alegría de una sola vez,
de esas que no son nunca más iguales.
El corazón, lleno de historias tristes,
fue arrebatado por las claridades.

Fue una alegría como la mañana,
que puso azul el corazón, y grande,
más comunicativo su latido,
más esbelta su cumbre aleteante.

Fue una alegría que dolió de tanto
encenderse, reírse, dilatarse.
Una mujer y yo la recogimos
desde un niño rodado de su carne.

Fue una alegría en el amanecer
más virginal de todas las verdades.
Se inflamaban los gallos, y callaron
atravesados por su misma sangre.

Fue la primera vez de la alegría
la sola vez de su total imagen.
Las otras alegrías se quedaron
como granos de arena ante los mares.

Fue una alegría para siempre sola,
para siempre dorada, destellante.
Pero es una tristeza para siempre,
porque apenas nacida fue a enterrarse.
Miguel Hernández

Hoy, Día Europeo de la Victimas del Terrorismo, se cumplen seis años de los salvajes atentados del 11-M. Como siempre que bajo al monumento, en la puerta de entrada, mis ojos se van al mismo sitio a Iglesias López, y se me encoge el alma… y entonces eres concientes que las heridas están ahí, invisibles pero permanecen.

192 personas perdieron la vida en aquella jornada que llenó de luto Madrid, España, Europa y el Mundo, pero que también provocó una de las mayores respuestas cívicas y democráticas frente al terrorismo.

Recordamos con tristeza y rabia lo ocurrido. Y al tiempo manifestamos que nuestra lucha por la paz, la libertad y la defensa del primero de los derechos humanos –el derecho a la vida- va a seguir estando cada día con más fuerza si cabe en el primer lugar de nuestro compromiso como ciudadanos españoles y madrileños.

No os olvidamos, especialmente a tí Sandra.

A continuación podéis leer el artículo que he publicado en Madridiario:

Europa contra la violencia de género
 
La Presidencia Española de la UE se ha marcado el objetivo ser eminentemente ciudadana, tanto por la eficacia de las políticas que pretende impulsar durante el semestre como por los derechos que desea fortalecer en ese mismo período.

Por ello, ha situado entre sus prioridades la lucha contra la violencia de género, un fenómeno y un delito que afectan a todos los países de la Unión. Nuestro país tiene, en ese sentido, la autoridad política y moral de estar a la cabeza en ese combate, habiendo adoptado leyes y puesto en marcha medidas pioneras en el ámbito de la UE.

El objetivo de eliminar la violencia de género debe formar parte de un esfuerzo europeo compartido. En esa dirección, la Presidencia Española ha propuesto dos medidas de gran calado: la creación de un Observatorio de la Violencia de Género —capaz de radiografiarla y, sobre la base de la información sistemática obtenida, facilitar la toma de decisiones— y la adopción de una Ley de Protección de las Víctimas de tal delito.

Estoy seguro de que todos los países de la Unión y el conjunto de las instituciones comunitarias apoyarán decididamente la iniciativa española. Su impulso y materialización en estos meses serán la mejor noticia que Europa puede dar al conjunto de la ciudadanía europea y, en primer y destacado lugar, a su mayoría: las mujeres con motivo del 8 de marzo.

Óscar Iglesias
Presidente del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Madrid

A continuación podeis leer el artículo que he publicado en la Revista Temas:

Incertidumbre ante el acceso a la vivienda: la angustia del mercado o el derecho efectivo.
La incertidumbre que existe en nuestra sociedad a la hora de poder acceder a una vivienda demuestra que estamos ante uno de los puntos débiles del estado de bienestar, que lejos de ser resuelto afecta cada vez a capas más amplias de la sociedad y está dando lugar al incremento de personas sin hogar. Si a esta situación le añadimos los efectos de la crisis nos encontramos que la angustia por no disponer de un techo donde vivir y la posibilidad de vivir en la calle es una realidad vital para muchos españoles. El diagnostico es claro, España vive una profunda crisis social en cuanto al acceso a la vivienda que debe ser resuelta por los poderes públicos, de manera efectiva, porque es remediable y porque se trata de un derecho constitucional. 

Acceder a una vivienda se ha convertido en algo muy complicado para la gran mayoría de los ciudadanos, problema que se agrava cuando quien lo pretende es joven y lo hace por primera vez.

La realidad es tozuda y palpable: a finales de 2008, 613.512 viviendas de obra nueva terminadas estaban en venta y más de tres millones de casas estaban vacías. Hay muchas casas, pero no hay posibilidad de acceso debido a los precios. La diferencia que existe entre las rentas que perciben los ciudadanos  y el coste de una vivienda, que ha subido más del 50 % en los últimos diez años en la mayoría de las grandes ciudades -en algunas ha llegado a duplicarse-, no permite comprar una vivienda ni emanciparse a un gran número españoles, en general, y jóvenes, en particular. Tengamos en cuenta que en 2008 se vendieron 564.454 viviendas, un 32,6% menos que en 2007; y en el segundo trimestre de 2009 las estadísticas de transacciones muestran un descenso interanual del 28,1%.

Estamos ante un mercado de la vivienda desequilibrado, que genera una oferta masiva de vivienda para un sector de la población minoritario que no tiene problemas de acceso por ser económicamente solvente, pero deja fuera de la posibilidad de acceder a una casa a la mayoría de la población que la demanda. Es un mercado que no atiende las necesidades reales de la demanda, no solo en cuanto a precio, sino también en cuanto a superficie y tipología.
¿Por qué ocurre esto? Porque en España, durante décadas, se ha primado fiscal, financiera y legalmente la propiedad frente al alquiler. Hemos tenido y tenemos gobiernos del PP que han favorecido la especulación urbanística por falta de tutela pública de los intereses generales en materia de suelo y vivienda; la construcción de vivienda protegida, salvo en alguna Comunidad Autónoma, ha caído; y se ha desatendido a los grupos más vulnerables (mujeres, jóvenes, mayores, personas con discapacidades, minorías y personas sin hogar).

La situación es, sencillamente, dantesca: tenemos un parque de viviendas con el porcentaje más bajo en alquiler de Europa: un 13% de la población española vive en ese régimen, frente al 40% de la media europea; hay más de tres millones de viviendas vacías; y registramos la tasa de ocupación de la vivienda más alta de Europa: 3,3 personas por vivienda frente a una media continental del 2,7.

Esta realidad, que dura ya muchos años, hace que suene utópico el artículo 47 de la Constitución Española, que afirma que “todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada y los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las medidas pertinentes para hacer efectivo este derecho”.
Y más aún a los jóvenes, cuya imposibilidad de acceso a la vivienda está produciendo devastadores efectos económicos y sociales, que pueden derivar en la exclusión. Los jóvenes españoles son los que más tarde se emancipan de Europa. Por ejemplo, en Madrid se ha pasado de una edad de emancipación de 27,5 años en 1980 a los 34 años de hoy. Y aquí no puede hablarse de decisión sino de imposibilidad, es decir, no se marchan de la casa paterna/materna porque no pueden al no disponer de recursos económicos, estar en situación laboral precaria -los que trabajan- e inexistencia de viviendas adecuadas para la primera emancipación.

¿Qué hacer en el presente para solucionar este problema, cuando además el sector inmobiliario español atraviesa una crisis brutal?
Primero, cumplir el mandato constitucional, considerando la vivienda como una necesidad social que debe ser garantizada a todos los ciudadanos. Esto significa intervenir por parte de los poderes públicos, regulando el mercado de la vivienda, pero también actuando directamente en él para que las personas que lo necesitan accedan a una casa en propiedad o alquiler de manera efectiva. Hablamos de un derecho, del bienestar de los ciudadanos frente a la especulación, la desregulación, la pura avaricia y el negocio por el negocio.

Segundo, adaptar el mercado a las necesidades reales. Según el estudio de Caixa Catalunya hecho público el 1 de diciembre pasado, en el periodo 2010 – 2015 se necesitarán unas 220.000 viviendas al año, producto de la suma de factores demográficos (130.000 nuevos hogares nativos y 35.000 hogares inmigrantes), segunda residencia (40.000) e inversión extranjera. Estos datos coinciden con los del Ministerio de Vivienda, que estima que la compraventa de vivienda se estabilizará en los próximos años alrededor de las 350.000 anuales, con la construcción de unas 200.000.

Existe un amplio abanico de intervenciones públicas posibles. Así, el Ministerio ha aprobado medidas con perspectiva estructural pero con acento coyuntural para incrementar la vivienda protegida, el alquiler y la rehabilitación que van desde la ley del suelo hasta las últimas vías de actuación incluidas en el proyecto de ley de economía sostenible.

En cuanto a la vivienda protegida se han lanzado medidas transitorias contenidas en el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012 (posibilidad de calificar como protegidas determinadas viviendas libres con ciertos requisitos, ampliación del límite máximo de los ingresos familiares para acceder a viviendas protegidas concertadas, desde 6,5 veces el IPREM a 7), oferta pública de compra de suelo o la creación de la línea de cobertura ICO-vivienda protegida, entre otras de ese Instituto. Este conjunto de actuaciones ha permitido que en 2008 se iniciaran más de 90.000 viviendas protegidas, la segunda mayor cifra de la historia, y ello pese a la crisis.

En materia de alquiler, el Gobierno ha puesto en marcha iniciativas verdaderamente novedosas y efectivas: la Sociedad Pública de Alquiler, los convenios de la misma con promotores, la Ley de medidas de fomento y agilización procesal del alquiler y de la eficiencia energética de los edificios, la fijación del objetivo de que al menos el 40% de las nuevas viviendas protegidas será en alquiler, la mejora en la tributación del alquiler con opción de compra,  la Renta Básica de Emancipación -que cuenta ya con más de 150.000 perceptores- la reforma del reglamento del mercado hipotecario, la equiparación fiscal de la deducción por alquiler y compra de vivienda. Así se ha conseguido que en solo dos años el alquiler se haya incrementado un 18%, pasando de representar el 11% del total de viviendas al 13,2%.  

Las medidas de rehabilitación son y van a seguir siendo otro de los elementos claves del nuevo modelo productivo sostenible que se quiere impulsar, con medidas como el PEVR 2009-2012 -a través del que se destinan a esta política 2.000 millones de euros, que beneficiarán a 470.000 hogares- o la Ley de medidas de fomento y agilización procesal del alquiler y de la eficiencia energética de los edificios.

El que la mitad del parque de vivienda en España supere los 30 años de vida, y cerca de 6 millones de casas los 50, junto con las ventajas ambientales (mejora de la eficiencia energética de edificios y de la sostenibilidad urbana), sociales (aumenta la cohesión y accesibilidad de las ciudades y evita la segregación espacial de la población) y económicas (actividad tecnológicamente avanzada, muy intensiva en empleo y con un efecto directo en otras industrias y servicios auxiliares) que conlleva, está llevando ya en estos momentos a que aumente el  número de viviendas que se rehabilitan. Según los datos de autorizaciones, en 2008 se rehabilitaron más viviendas que en 2007 (28.718 frente a 28.225). Y de enero a septiembre de 2009, el número de visados de este tipo ha crecido un 9,5% en comparación con el mismo periodo de 2008 (23.389 frente a 21.171).

Pero las competencias en materia de viviendas no solo están distribuidas entre las distintas administraciones, sino que las Comunidades Autónomas y los municipios son decisivos. Junto a las medidas ministeriales hace falta un pacto que garantice que el derecho a una vivienda sea efectivo. Y la mejor opción en un país donde los ciudadanos están hartos de promesas en lugares como Madrid con los Gobiernos de Esperanza Aguirre y Ruiz-Gallardón, es hacer que el derecho constitucional a una vivienda se convierta en un derecho subjetivo y reclamable ante los tribunales.

Puede parecer una medida complicada, pero la gestión del PP en regiones como Madrid, Valencia o Murcia -en las que no rige más ley del suelo que la de la selva y no hay más plan que el de coge el dinero y corre, al delegarse la planificación y la ejecución de la vivienda en la empresa privada- se hace imprescindible. Para ello, una ley debería contemplar una visión social de la ordenación del territorio y el entramado urbano que busque la calidad de vida y la integración social de los ciudadanos, con intervención pública en los mercados de suelo y vivienda,  incremento del número de viviendas protegidas, especialmente en alquiler, y acciones para sacar al mercado de alquiler las viviendas vacías.

En una sociedad globalizada como la actual, donde la movilidad geográfica juega cada vez más un papel protagonista, los ingresos van a sufrir frecuentes variaciones y la situación vital es más cambiante que en otras épocas, hay que apartarse de las políticas que priman la propiedad de la vivienda  e incrementar el parque de viviendas en alquiler puesto que las ventajas económicas, sociales y laborales que ofrece son innumerables.

Ya toca.

Óscar Iglesias.
Presidente del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Madrid