Infante Blog

A continuación podeis leer el artículo que he publicado en la Revista Temas:

Incertidumbre ante el acceso a la vivienda: la angustia del mercado o el derecho efectivo.
La incertidumbre que existe en nuestra sociedad a la hora de poder acceder a una vivienda demuestra que estamos ante uno de los puntos débiles del estado de bienestar, que lejos de ser resuelto afecta cada vez a capas más amplias de la sociedad y está dando lugar al incremento de personas sin hogar. Si a esta situación le añadimos los efectos de la crisis nos encontramos que la angustia por no disponer de un techo donde vivir y la posibilidad de vivir en la calle es una realidad vital para muchos españoles. El diagnostico es claro, España vive una profunda crisis social en cuanto al acceso a la vivienda que debe ser resuelta por los poderes públicos, de manera efectiva, porque es remediable y porque se trata de un derecho constitucional. 

Acceder a una vivienda se ha convertido en algo muy complicado para la gran mayoría de los ciudadanos, problema que se agrava cuando quien lo pretende es joven y lo hace por primera vez.

La realidad es tozuda y palpable: a finales de 2008, 613.512 viviendas de obra nueva terminadas estaban en venta y más de tres millones de casas estaban vacías. Hay muchas casas, pero no hay posibilidad de acceso debido a los precios. La diferencia que existe entre las rentas que perciben los ciudadanos  y el coste de una vivienda, que ha subido más del 50 % en los últimos diez años en la mayoría de las grandes ciudades -en algunas ha llegado a duplicarse-, no permite comprar una vivienda ni emanciparse a un gran número españoles, en general, y jóvenes, en particular. Tengamos en cuenta que en 2008 se vendieron 564.454 viviendas, un 32,6% menos que en 2007; y en el segundo trimestre de 2009 las estadísticas de transacciones muestran un descenso interanual del 28,1%.

Estamos ante un mercado de la vivienda desequilibrado, que genera una oferta masiva de vivienda para un sector de la población minoritario que no tiene problemas de acceso por ser económicamente solvente, pero deja fuera de la posibilidad de acceder a una casa a la mayoría de la población que la demanda. Es un mercado que no atiende las necesidades reales de la demanda, no solo en cuanto a precio, sino también en cuanto a superficie y tipología.
¿Por qué ocurre esto? Porque en España, durante décadas, se ha primado fiscal, financiera y legalmente la propiedad frente al alquiler. Hemos tenido y tenemos gobiernos del PP que han favorecido la especulación urbanística por falta de tutela pública de los intereses generales en materia de suelo y vivienda; la construcción de vivienda protegida, salvo en alguna Comunidad Autónoma, ha caído; y se ha desatendido a los grupos más vulnerables (mujeres, jóvenes, mayores, personas con discapacidades, minorías y personas sin hogar).

La situación es, sencillamente, dantesca: tenemos un parque de viviendas con el porcentaje más bajo en alquiler de Europa: un 13% de la población española vive en ese régimen, frente al 40% de la media europea; hay más de tres millones de viviendas vacías; y registramos la tasa de ocupación de la vivienda más alta de Europa: 3,3 personas por vivienda frente a una media continental del 2,7.

Esta realidad, que dura ya muchos años, hace que suene utópico el artículo 47 de la Constitución Española, que afirma que “todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada y los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las medidas pertinentes para hacer efectivo este derecho”.
Y más aún a los jóvenes, cuya imposibilidad de acceso a la vivienda está produciendo devastadores efectos económicos y sociales, que pueden derivar en la exclusión. Los jóvenes españoles son los que más tarde se emancipan de Europa. Por ejemplo, en Madrid se ha pasado de una edad de emancipación de 27,5 años en 1980 a los 34 años de hoy. Y aquí no puede hablarse de decisión sino de imposibilidad, es decir, no se marchan de la casa paterna/materna porque no pueden al no disponer de recursos económicos, estar en situación laboral precaria -los que trabajan- e inexistencia de viviendas adecuadas para la primera emancipación.

¿Qué hacer en el presente para solucionar este problema, cuando además el sector inmobiliario español atraviesa una crisis brutal?
Primero, cumplir el mandato constitucional, considerando la vivienda como una necesidad social que debe ser garantizada a todos los ciudadanos. Esto significa intervenir por parte de los poderes públicos, regulando el mercado de la vivienda, pero también actuando directamente en él para que las personas que lo necesitan accedan a una casa en propiedad o alquiler de manera efectiva. Hablamos de un derecho, del bienestar de los ciudadanos frente a la especulación, la desregulación, la pura avaricia y el negocio por el negocio.

Segundo, adaptar el mercado a las necesidades reales. Según el estudio de Caixa Catalunya hecho público el 1 de diciembre pasado, en el periodo 2010 – 2015 se necesitarán unas 220.000 viviendas al año, producto de la suma de factores demográficos (130.000 nuevos hogares nativos y 35.000 hogares inmigrantes), segunda residencia (40.000) e inversión extranjera. Estos datos coinciden con los del Ministerio de Vivienda, que estima que la compraventa de vivienda se estabilizará en los próximos años alrededor de las 350.000 anuales, con la construcción de unas 200.000.

Existe un amplio abanico de intervenciones públicas posibles. Así, el Ministerio ha aprobado medidas con perspectiva estructural pero con acento coyuntural para incrementar la vivienda protegida, el alquiler y la rehabilitación que van desde la ley del suelo hasta las últimas vías de actuación incluidas en el proyecto de ley de economía sostenible.

En cuanto a la vivienda protegida se han lanzado medidas transitorias contenidas en el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012 (posibilidad de calificar como protegidas determinadas viviendas libres con ciertos requisitos, ampliación del límite máximo de los ingresos familiares para acceder a viviendas protegidas concertadas, desde 6,5 veces el IPREM a 7), oferta pública de compra de suelo o la creación de la línea de cobertura ICO-vivienda protegida, entre otras de ese Instituto. Este conjunto de actuaciones ha permitido que en 2008 se iniciaran más de 90.000 viviendas protegidas, la segunda mayor cifra de la historia, y ello pese a la crisis.

En materia de alquiler, el Gobierno ha puesto en marcha iniciativas verdaderamente novedosas y efectivas: la Sociedad Pública de Alquiler, los convenios de la misma con promotores, la Ley de medidas de fomento y agilización procesal del alquiler y de la eficiencia energética de los edificios, la fijación del objetivo de que al menos el 40% de las nuevas viviendas protegidas será en alquiler, la mejora en la tributación del alquiler con opción de compra,  la Renta Básica de Emancipación -que cuenta ya con más de 150.000 perceptores- la reforma del reglamento del mercado hipotecario, la equiparación fiscal de la deducción por alquiler y compra de vivienda. Así se ha conseguido que en solo dos años el alquiler se haya incrementado un 18%, pasando de representar el 11% del total de viviendas al 13,2%.  

Las medidas de rehabilitación son y van a seguir siendo otro de los elementos claves del nuevo modelo productivo sostenible que se quiere impulsar, con medidas como el PEVR 2009-2012 -a través del que se destinan a esta política 2.000 millones de euros, que beneficiarán a 470.000 hogares- o la Ley de medidas de fomento y agilización procesal del alquiler y de la eficiencia energética de los edificios.

El que la mitad del parque de vivienda en España supere los 30 años de vida, y cerca de 6 millones de casas los 50, junto con las ventajas ambientales (mejora de la eficiencia energética de edificios y de la sostenibilidad urbana), sociales (aumenta la cohesión y accesibilidad de las ciudades y evita la segregación espacial de la población) y económicas (actividad tecnológicamente avanzada, muy intensiva en empleo y con un efecto directo en otras industrias y servicios auxiliares) que conlleva, está llevando ya en estos momentos a que aumente el  número de viviendas que se rehabilitan. Según los datos de autorizaciones, en 2008 se rehabilitaron más viviendas que en 2007 (28.718 frente a 28.225). Y de enero a septiembre de 2009, el número de visados de este tipo ha crecido un 9,5% en comparación con el mismo periodo de 2008 (23.389 frente a 21.171).

Pero las competencias en materia de viviendas no solo están distribuidas entre las distintas administraciones, sino que las Comunidades Autónomas y los municipios son decisivos. Junto a las medidas ministeriales hace falta un pacto que garantice que el derecho a una vivienda sea efectivo. Y la mejor opción en un país donde los ciudadanos están hartos de promesas en lugares como Madrid con los Gobiernos de Esperanza Aguirre y Ruiz-Gallardón, es hacer que el derecho constitucional a una vivienda se convierta en un derecho subjetivo y reclamable ante los tribunales.

Puede parecer una medida complicada, pero la gestión del PP en regiones como Madrid, Valencia o Murcia -en las que no rige más ley del suelo que la de la selva y no hay más plan que el de coge el dinero y corre, al delegarse la planificación y la ejecución de la vivienda en la empresa privada- se hace imprescindible. Para ello, una ley debería contemplar una visión social de la ordenación del territorio y el entramado urbano que busque la calidad de vida y la integración social de los ciudadanos, con intervención pública en los mercados de suelo y vivienda,  incremento del número de viviendas protegidas, especialmente en alquiler, y acciones para sacar al mercado de alquiler las viviendas vacías.

En una sociedad globalizada como la actual, donde la movilidad geográfica juega cada vez más un papel protagonista, los ingresos van a sufrir frecuentes variaciones y la situación vital es más cambiante que en otras épocas, hay que apartarse de las políticas que priman la propiedad de la vivienda  e incrementar el parque de viviendas en alquiler puesto que las ventajas económicas, sociales y laborales que ofrece son innumerables.

Ya toca.

Óscar Iglesias.
Presidente del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Madrid